Adiós al optimismo
En medio de la vorágine globalizadora característica de este fin de siglo, una de las principales preocupaciones de los países en desarrollo consiste en cómo atraer los capitales necesarios para sustentar su crecimiento en el competitivo mercado internacional.
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Para naciones como México, carentes de un significativo ahorro interno y con una infraestructura industrial eficiente, la captación de inversión extranjera es probablemente la única opción viable para insertarse con éxito en la aldea global.
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En concordancia con esa tendencia, hasta hace algunos años el gobierno se concentró en atraer inversión indirecta o de portafolio ; es decir, en captar capitales financieros que, si bien ofrecían inyecciones de divisas en el corto plazo, no derivaban en una generación de riqueza palpable para el grueso de la población.
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Peor aún, como quedó evidenciado en diciembre de 1994, la movilidad de esta clase de inversión, dictaminada primordialmente por la volatilidad que rige a los mercados financieros internacionales, representa un grave riesgo para la estabilidad económica de las naciones emergentes. Por ello, si bien todavía mantiene una benevolente política hacia los capitales golondrinos, durante el presente sexenio el gobierno ha establecido una serie de medidas destinadas a estimular la inversión extranjera directa (IED), la cual garantiza un mayor grado de estabilidad y crecimiento.
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Entre esas medidas destacan la iniciación de las negociaciones para instaurar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, la firma de múltiples acuerdos bilaterales y el establecimiento de una nueva reglamentación que permita la entrada de empresas foráneas a suelo mexicano.
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Frente a ese panorama, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) contaba con suficientes motivos para sentirse orgullosa en materia de IED a principios del año pasado.
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Los números respaldaban ese orgullo. En 1997, la IED alcanzó una cifra récord de alrededor de $12,000 millones de dólares, lo que representaba un incremento cercano a 50% en comparación con 1996. De 1994 a 1997, la inversión directa sumó más de $31,000 millones de dólares, 2% más respecto de los primeros tres años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
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Así, con excepción de China, México se convirtió en la economía emergente con mayor atracción de capitales foráneos. Y, todavía a mediados de año, la Secofi confiaba recibir un mayor número de capitales con la implantación de un nuevo reglamento de inversión, el cual le otorga mayores facilidades a los empresarios extranjeros para invertir con compañías mexicanas.
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Hoy, sin embargo, el optimismo se ha desvanecido.
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Inestabilidad, enemigo formidable
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De acuerdo con datos manejados por Carlos García Fernández, director general de Inversión Extranjera de la Secofi, México captó alrededor de $8,000 millones de dólares en IED durante el año pasado, cifra 33.3% menor a la proyectada originalmente. La expectativa de mantener niveles de captación iguales o superiores a los $12,000 millones de dólares se ha desplomado, pese al reciente anuncio de las multinacionales avecindadas en el país de invertir una suma de ese tamaño durante 1999. Los anuncios, sobra decirlo, no son compromisos.
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¿Qué ocasionó la caída en 1998? En principio, al igual que con el resto de las piezas que conforman la macroeconomía nacional, el flujo de inversión sufrió los embates de la crisis financiera internacional.
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No obstante, si bien el contexto internacional explica en gran medida el decrecimiento, lo cierto es que el declive también respondió a la subsistencia de fuertes obstáculos internos: inestabilidad sociopolítica y la persistencia de sectores restringidos para los capitales foráneos.
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Los principales puntos que pondera todo empresario antes de invertir en un país son la estabilidad y la predecibilidad. El inversionista externo necesita percibir la estabilidad suficiente para garantizar el bienestar de su capital.
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Hasta hoy, México dista de ofrecer esa estabilidad. De hecho, en el extranjero comienza a generalizarse la impresión de que la administración actual no brinda los márgenes mínimos de certidumbre sociopolítica para la inversión directa.
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¿Las razones más citadas? En primer término, el nerviosismo de los inversionistas parece estar atado al rumbo de la transición política por la que atraviesa actualmente el país. La inquietud luce injustificada para quienes opinan que esta transición podría derivar en el desarrollo de un sólido marco institucional que asegure a los inversionistas una mayor certidumbre a través de reglas claras, no discrecionales. En la práctica, sin embargo, esa transparencia no se ha dado todavía.
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A juicio del analista Luis Rubio, representante del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) y Premio Nacional de Periodismo 1998, la falta de políticas gubernamentales coherentes y el encono partidista generado por la sucesión presidencial del año 2000 son elementos que juegan en contra de la inversión. “Los inversionistas ven niveles de incertidumbre elementales por los zig-zags del gobierno actual, por la retórica incendiaria del PRD y por el hecho de que el PAN a veces juega de un lado y en ocasiones del otro. No es que les preocupe quién gane o quién pierda. Lo que les preocupa terriblemente es que no saben las implicaciones de todo el proceso... En la medida en que sientan que sus inversiones son politizables, no destinarán capital a México”, opina.
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La incertidumbre política, empero, no es el único factor generador de inestabilidad. En materia social, la inseguridad derivada de la crisis económica y la impunidad ya comienzan a causar estragos en materia de atracción de capitales.
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Para Sergio Hernández Trejo, gerente de análisis macroeconómico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), “la inseguridad es un factor crucial porque refleja una tensión social generalizada. El inversionista no sólo se fija en el rendimiento; también observa el clima social de un país. De hecho, prefiere una ganancia mínima a arriesgar su dinero por la inestabilidad social”.
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Rubio coincide plenamente: “Uno de los problemas que están experimentando las grandes empresas es que ninguno de sus ejecutivos quiere venir a México a causa del crimen. En consecuencia, eso es una limitante absoluta, porque la razón que dan es válida: su seguridad.”
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El miedo de los inversionistas se traduce en hechos concretos.
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Según declaraciones efectuadas a finales del año pasado por Jeffrey Davidow, embajador de Estados Unidos en México, un tercio de los inversionistas estadounidenses “han cambiado sus planes de inversión” por la ola de criminalidad que azota al país.
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En entrevista, James McCabe, presidente de la Cámara Americana de Comercio (American Chamber), organismo que aglutina a los empresarios estadounidenses más importantes del país, manifiesta que, aun cuando la confianza en la administración Zedillo continúa incólume, la inseguridad se ha convertido en todo un problema para la inversión directa. Además de señalar que las empresas experimentan considerables pérdidas debido al constante robo de camiones y productos, McCabe acepta que se han tenido que contratar servicios de seguridad para que les impartan cursos a los miembros de la cámara respecto de las mejores maneras para evitar ser víctimas del crimen.
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Burocratismo y restricciones
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Durante varios años, los excesivos trámites y restricciones gubernamentales desestimularon la entrada de IED, a la vez que impidieron la asociación de empresas mexicanas con compañías procedentes del exterior.
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Hoy, sin embargo, se han dado notorios avances en materia de desregulación. En septiembre pasado, por ejemplo, se dio a conocer el nuevo reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, el cual elimina sustancialmente los requisitos exigidos a las empresas foráneas para operar en México.
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Asimismo, la participación mayoritaria de capital extranjero es ya una realidad en los principales sectores que integran la economía nacional.
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Aún así, a juicio de diversos inversionistas, esos avances son insuficientes. Bajo su óptica, las restricciones presentes en sectores como la petroquímica, la industria eléctrica, ferrocarriles y comunicaciones, entre otros, representan un bloqueo sustancial a la inversión.
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Para el directivo de la American Chamber, “México no puede bajar la guardia”, por lo que sería deseable que abriera el sector energético de una manera completa al capital externo, ya que es indudable que estas áreas representarían una inyección sustancial de recursos.
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Por ahora, el debate en torno a la participación de capital extranjero en estos sectores se encuentra paralizado debido a la obvia susceptibilidad que provoca entre las diversas fuerzas políticas. Basta con asomarse a las reacciones en contra de la apertura en el sector eléctrico.
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Los inversionistas extranjeros también prevén un clima político adverso a la apertura. Al cuestionársele sobre la posibilidad de que la cámara realice labores de cabildeo en el Congreso para levantar las restricciones a sectores vedados al capital foráneo, McCabe responde enfático: “Esa es una decisión interna. No queremos pasar la raya, no ganamos nada. Estamos muy conscientes de quiénes somos.”