El 26 de octubre se dio a conocer el nuevo acuerdo intersectorial, denominado ahora Alianza para el Crecimiento (ACE), que delinea las condiciones económicas para el cierre del año y define la estrategia que se aplicará en 1997. En cuanto a sus propósitos, no es muy diferente de los firmados en el pasado, en tanto que persigue combinar metas óptimas de crecimiento económico y reducción de la inflación.
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Como se ha vuelto costumbre en los últimos años, conforme se acerca la fecha en que se supone debe renovarse el pacto sectorial, los funcionarios y dirigentes -empresariales se apresuran a señalar que “no es el momento de negociarlo”, “ya no es necesario” o “todavía no se agota el que está vigente”. Simultáneamente comienzan a aumentar las presiones especulativas sobre las variables financieras, hasta que se hace pública la nueva -concertación y automáticamente comienza a recuperarse la estabilidad.
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Conviene destacar que en este año la especulación se presentó a pesar de que en múltiples ocasiones los funcionarios gubernamentales dieron a conocer anticipadamente los términos generales de la estrategia económica, mismos que finalmente fueron ratificados.
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Por otra parte, se puede decir que además de las presiones que generó el nuevo esquema para capitalizar a la petroquímica estatal, en esta ocasión era evidente la presencia de factores de riesgo, propicios para la especulación.
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De esos factores, el más señalado es el retraso en el ajuste del tipo de cambio que, como se ha comentado, no responde a un mercado sin intervención de Banxico, porque éste actúa indirectamente sobre la cotización del dólar a través de las tasas de interés. Tampoco obedece a un sorpresivo fortalecimiento del peso, porque fuera de lo captado por la emisión de deuda, los ingresos en realidad están muy lejos de los requerimientos del país.
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Contra lo que señalan los defensores del libre mercado, que paradójicamente quisieran vivir del crédito externo, el ajuste cambiario está justificado y se esperaba desde hace meses. Desafortunadamente se presenta en un ambiente especulativo, por la -decisión de Banxico de sostenerlo mediante “confianza” y enormes tasas de interés.
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Una concertación sin actores
-El nuevo pacto establece como metas lograr un crecimiento de 4% en el PIB, una inflación de 15%, un déficit fiscal de 0.5% y un déficit en cuenta corriente inferior a 2% del PIB.
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En particular, el ACE considera que es posible alcanzar las metas de crecimiento gracias al dinamismo de las exportaciones y un aumento de casi 60% en la inversión pública en la industria petrolera, 56% en electricidad, 13% en carreteras y 19% en infraestructura hidráulica urbana. Otros objetivos que en teoría deberá permitir alcanzar la Alianza son la recuperación del empleo, la gradual mejoría de los salarios reales y el proceso de desendeudamiento de las familias.
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Lo que está en duda es la capacidad que se tenga para conjuntar todas las medidas que respaldarán esos objetivos. Por ejemplo, se estima que la captación fiscal y la generación de recursos estatales no será suficiente para -mantener un reducido déficit público. Al mismo tiempo que se asumen los gastos que —aunque se retrasaron— se derivarán de las reformas al sistema de seguridad social, aumentan las inversiones públicas y el partido en el poder demanda mayores apoyos para sus campañas electorales.
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También se advierte que será difícil mantener la competitividad de las exportaciones, incluso la operación de las maquiladoras, en condiciones en las que los salarios aumentan 17%, las gasolinas 22%, el diesel 24% y la electricidad 12%, en el marco de una política de “flotación cambiaria” que, de acuerdo con la concepción de Banxico, debe entenderse como una política de apreciación del peso.
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Otro aspecto que implica un gran reto es la posibilidad de contener la inflación en un nivel de 15% al cierre de 1997. Casualmente, en los días previos y posteriores a la firma del acuerdo se anunciaron importantes incrementos en los precios de algunos productos básicos, generando desconfianza en la sociedad acerca de los propósitos -antiinflacionarios.
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El devaluado poder adquisitivo
-Lo cierto es que, de acuerdo con las obsesiones manifestadas por Banxico en los último años, para frenar la inflación generada por los aumentos en bienes y servicios públicos, ese instituto restringirá el crédito y tratará de mantener estable el tipo de cambio nominal, aunque eso genere nuevos desequilibrios. Desafortunadamente, como en otros pactos, en la ACE se sigue ignorando la necesidad de lograr la estabilidad de precios mediante esfuerzos serios para aumentar la competencia y la productividad en las ramas productoras de bienes de consumo básico.
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Finalmente, una de las medidas más publicitadas de este acuerdo, porque supuestamente compensa el esfuerzo realizado por los trabajadores y permite la recuperación de la demanda interna, es el hecho de que el incremento salarial acordado fue de 17%, mientras que la inflación proyectada por el gobierno es de 15%. Sin embargo, aun en caso de que los precios crezcan sólo en esa proporción, los salarios no recuperarán lo perdido en la crisis.
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Vale recordar que desde diciembre de 1994 los salarios mínimos en el área A aumentaron 48% y, de acuerdo con las estimaciones de -Tendencias Económicas y Financieras, hasta noviembre los precios habrán aumentado 87.9%. Eso significa que para este mes los salarios habrán perdido 21.2% del poder de compra que tuvieron al cierre de 1994. Tomando como base las cifras de finales de 1994, el aumento de 17% a los mínimos quedará eliminado con una inflación de 2.2% en diciembre y 15% en 1997. Así, al término del próximo año, el poder adquisitivo del mínimo seguirá siendo inferior en casi 20% en relación con el que tenía en diciembre de 1994.
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Pero estos no son todos los elementos que generan incertidumbre. A las complicaciones económicas se pueden agregar las posibles complicaciones de carácter político, a menos que el gobierno actúe con gran transparencia y honestidad en la reforma electoral.
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De este modo, como en otros acuerdos intersectoriales, en el nuevo pacto se observa el predominio de las metas gubernamentales. Así, por ejemplo, no se advierten avances en la reforma fiscal que requiere el país, a pesar de que es una añeja demanda empresarial, cuya importancia está reconocida en el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, sólo quedan como enunciados generales medidas urgentes, como la necesidad de estimular la generación de empleos, la productividad y la competitividad.