Los despachos no van a cambiar -dice Marco Antonio Flores, asesor legal a tarjetahabientes de la Asociación Nacional de Tarjetahabientes AC (ANTAC) que, con un año de vida, cuenta con alrededor de 2,700 socios-. Seguirán manejando el terrorismo telefónico, la intimidación y las amenazas, porque les reditúan un beneficio a corto plazo, dado que trabajan sobre una comisión que va de 10 a 30% del total recuperado."
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La cobranza, explica, la realizan con base en excesos. Informa que en sus notificaciones a los deudores, los despachos mezclan artículos del Código de Comercio con otros del Código de Procedimientos Civiles; afirman que tienen una orden de embargo cuando es claro que, de existir, es información confidencial -"el único que puede conocer las resoluciones es quien conduce el juicio"-; les hablan del riesgo inminente de ir a la cárcel cuando es improbable que una acción civil se convierta en penal ("lo que, en todo caso, depende de cómo se maneje el asunto"), no obstante que el artículo 17 constitucional establece que por deudas de carácter puramente civil no puede haber privación de la libertad; pegan anuncios en los exteriores de los domicilios de los deudores para exhibirlos sobre los compromisos no cumplidos con sus acreedores, "una vieja práctica para la que antes usaban los periódicos, lo cual actualmente está prohibido".
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Y, por si todo esto fuera poco, los deudores también han visto surgir durante este tiempo una cantidad indeterminada de intermediarios jurídicos que, apoyados en un discurso con tonalidades políticas, intentan "ayudarlos". Su propósito es "hacerles ahorrar más dinero del que gastan con nosotros", como ha hecho escribir en la puerta de su despacho Diego Moreno y Martínez, dueño de Corporación Jurídica A.F.
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"No es que hayamos descubierto el hilo negro -dice Moreno-, pero debemos atacarlo como cualquier otro problema que se da sobre todo en las sociedades capitalistas." Expresa que en estos sistemas la economía se ve "ahorcada" por la actuación de una banca "deshumanizada". Por esto, señala, su despacho ofrece sus servicios "por una pequeña comisión", que prefirió no precisar aduciendo que ésta depende de la gravedad del asunto, no obstante en su puerta también se advierte que "toda consulta requiere de honorarios, los cuales se cobran por adelantado".
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Según el asesor de ANTAC, estos despachos enfrentan superficialmente el problema, sin resolverlo de raíz. "Actúan a través de consignaciones consistentes en adquirir un billete de depósito en Nacional Financiera por la cantidad que se pretende consignar, hacer un escrito de referencia dirigido a la Dirección Nacional de Consignaciones manifestándole que lo que se consigna se debe aplicar única y exclusivamente al capital, para efecto de que no se acredite intereses y caigamos en la misma situación de hacer un pago directamente al banco". El "pero" de este procedimiento, apunta, es que no detiene un proceso judicial y lo único que se acredita es la voluntad de pago y las cantidades que se hayan consignado se descuenten del capital.
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Y volviendo a los innumerables problemas de los tarjetahabientes deudores, se refiere a los polémicos intereses. Considera que, ineludiblemente, deben estar acordados y establecidos por escrito, si no en un contrato de apertura de crédito, sí en los pagarés que el usuario firma al hacer sus compras. "Esto no ocurre con los actuales bauchers, dado que son pagarés de origen causal, es decir, que remiten a un contrato (muchas veces inexistente) y no señalan cuál es el interés aplicable al crédito de que se está disponiendo; en otras palabras, es una relación informal (admite la relación tácita pero no el monto del interés) que obliga al banco a ajustarse al interés legal."
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Ante esto, propone que los tres actores de este complejo asunto -bancos, gobierno y tarjetahabientes busquen conjuntamente una solución "justa y digna". Señala que, hasta ahora, ello no ha sido posible porque los bancos no quieren perder y el gobierno no asume su responsabilidad en esta devaluación. El alto endeudamiento de los usuarios, señala, se debió a que estos dos actores generaron otras expectativas para la economía y las finanzas personales: control de la inflación y crecimiento económico. "¿Qué papel jugaron los banqueros dentro del pacto? -se pregunta-: el de ayudar a controlar los salarios, de modo que la devaluación nos agarró mal parados y las tarjetas de crédito se convirtieron en tarjetas de plomo que ayudaron a hundir a los tarjetahabientes."
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Concluye que se requiere atacar el problema, en su fondo y en su forma, y no dar salidas "graciosas o políticas".