Los ambientalistas estrenan en México una nueva forma de llamar la atención: la publicidad, tal como la aprovechan hasta ahora las empresas y partidos políticos.
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Muestra de ello son los espectaculares que la Coalición Internacional para la Defensa de la Laguna de San Ignacio ha puesto en paraderos de autobuses y algunas vías como el Periférico capitalino.
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Y es que después de que la UNESCO realizara una visita en agosto pasado a los santuarios balleneros de Baja California Sur para verificar su situación, se ha recrudecido la guerra entre esta coalición y la empresa Exportadora de Sal (ESSA) –en la que tiene participación el gobierno mexicano–.
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Los ecologistas acusan a essa de manipular los informes de la misión de la UNESCO. “Todavía no hay razón para que la empresa tenga una posición triunfalista. El Comité Mundial del Patrimonio de la Humanidad se reunirá hasta el próximo 28 y 29 de noviembre, y entonces discutirá la situación de los santuarios balleneros”, afirma Ana Luisa Fajer, colaboradora del área legal de la coalición.
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Según la coalición, el proyecto para ampliar la producción de sal en la región amenaza la vida de las ballenas –que se aparean en ese lugar– y de otras especies animales.
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ESSA asegura que la campaña publicitaria “¿Patrimonio de una empresa o de la humanidad?”, iniciada por la coalición es injusta e impiden que se forme una opinión objetiva.
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“Tal vez hace cinco años la preocupación de la Natural Resources Defense Council era legítima y auténtica, hoy sólo persigue inquietudes políticas”, asegura Joaquín Ardura, subdirector administrativo de essa.
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El dictamen de la UNESCO será un factor decisivo en esta contienda, pero mientras eso sucede tanto la coalición como la empresa continuarán en “jaloneos publicitarios e informativos”.