La apertura de telecomunicaciones en México ha sido una experiencia polarizada. Por un lado (al menos en las áreas relativamente en competencia) existe un mayor número de oferentes en celular, larga distancia y otros servicios de valor agregado, mientras que sus tarifas, en general, han disminuido sustancialmente. Por el otro, en cambio, la regulación al operador dominante ha sido ineficaz, una experiencia tortuosa tanto en su diseño económico como en su circunstancia legal, factores que han dejado a la autoridad subordinada a procedimientos judiciales, negociaciones extrajudiciales, resolución de disputas en instancias internacionales y cambios jerárquicos en la administración pública federal; a lo anterior se adiciona un nivel de teledensidad relativamente estancado respecto a referencias internacionales.
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Ahora la atención de la política sectorial toma fundamentalmente como objetivo el servicio universal, lo cual es una meta justificable económicamente, toda vez que una cobertura creciente ofrece beneficios sociales que superan a los privados, tanto de oferentes como de usuarios.
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Sin embargo el fin anterior no se puede aislar, divorciar o separar de los objetivos de regulación y promoción de la competencia. Es naif y arriesgado considerar que un entorno competitivo sólo beneficia a las elites urbanas. De continuar la ineficacia de la regulación respecto de los términos y condiciones del operador dominante, necesariamente los objetivos del servicio universal tendrán un costo superior, que implica mayores dificultades para alcanzar niveles internacionales.
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Se ha llegado a considerar que la lucha por el mercado es incompatible con los fines de la atención universal, en virtud de que típicamente los nuevos actores orientan su operación hacia usuarios que producen un mayor rendimiento de la inversión, antes que hacia aquellos cuya cobertura exige más costos y/o tienen una menor valuación. Este fenómeno, denominado "descremar el mercado", vulnera los mecanismos de subsidio cruzado, habilitados para financiar por medio del dominante los costos de la expansión de otras áreas.
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Si suponemos, sin conceder, que en el caso de México las tarifas de telefonía local y larga distancia se encuentran balanceadas, y que no existen subvenciones entrelazadas cuyo objetivo sea el servicio universal (aunque pueden existir para otro objetivo que tenga el operador de la red pública), entonces la autoridad debe resolver los aspectos fundamentales con absoluta claridad.
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Al resolver lo anterior, se puede considerar una alternativa: imponer a los postulantes obligaciones consistentes con las metas oficiales de servicio universal u optar por un esquema de transferencias directas dirigidas a usuarios específicos, de manera tal que haya rivalidad entre operadores por ofrecerlo.
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Existe un común denominador en ambas opciones: los costos involucrados. La estructura de mercado determina el precio de oportunidad de las obligaciones impuestas a los operadores, sea respecto de inversiones obligadas en infraestructura física y servicios, a propósito de un mecanismo de fondeo e incluso de lo referente al monto requerido para un subsidio con cargo al gasto social.
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Requerimos servicio universal en agua potable e infraestructura sanitaria, atención médica y educación, pero en teledensidad se presenta un fenómeno particular: un mercado que tiende necesariamente a la competencia y que es obstaculizado por el poder sustancial del operador dominante, al cual no se ha regulado en forma eficiente. El exceso de costos que tal hecho impone dificultará los objetivos sociales con cargo a usuarios, competidores nuevos y potenciales, y finanzas públicas, sea cual fuere el mecanismo que una nueva ley de telecomunicaciones defina para lograr los fines oficiales.
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El autor es Director de estudios de regulación del ITAM.
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