Con el arranque del año es importante discutir nuevas ideas, proyectos y propósitos, pero también es necesario insistir en temas añejos que aún no son resueltos y que probablemente seguirán presentes por mucho tiempo. Por desgracia, uno de estos temas es el de la corrupción y su impacto sobre la pobreza.
- En un año de elección presidencial, es común que se revitalice la discusión sobre el modelo económico que permita lograr un crecimiento sostenido y mejorar el bienestar de la población. Sin embargo, este debate no considera que uno de los principales motivos de nuestros fracasos, y que va más allá del modelo económico, se asocia a la corrupción. Si bien es cierto que este fenómeno ocurre en todo el mundo, la gravedad, persistencia y profundidad del problema tienden a ser mayores en los países en desarrollo. Y es que buena parte de la corrupción encuentra sus raíces en el marco institucional que rige a los individuos.
- En este sentido es útil la definición del premio Nobel de Economía Douglas North sobre las instituciones. Éstas consisten en reglas formales (constituciones, leyes, reglamentos, derechos de propiedad) e informales (normas, convenciones y códigos de conducta auto-impuestos), así como en las características que rigen su cumplimiento y que afectan el comportamiento económico de los individuos al condicionar la estructura de incentivos disponibles en el proceso de decisión económica. En otras palabras, estas instituciones constituyen las reglas del juego creadas para reducir la incertidumbre y los costos de producción y transacción, pero que bajo ciertas circunstancias, actúan aumentándolos.
- Si nuestro marco institucional, formal e informal, favorece los incentivos que hacen que la corrupción sea redituable, pues no importa el modelo económico. Al final, el resultado será negativo y perpetuará los beneficios de quienes encuentran en la corrupción su fuente de riqueza y poder. No importa que el gobierno sea populista o neoliberal, que la banca se nacionalice o reprivatice, que la infraestructura sea construida y operada por el gobierno o los particulares; al final estos procesos sólo permitirán que unos cuantos se beneficien a costa de las mayorías.
- Mientras el marco institucional lo permita, existirán condiciones para una acción turbia o para encontrar el camino corto, fácil y redituable. Es necesario eliminar aquellas restricciones institucionales que definen un conjunto de pagos a la actividad económica y política que no favorecen la actividad productiva, crean monopolios más que condiciones competitivas y restringen más que expandir las oportunidades.
- Mientras no se dé este profundo cambio institucional, nuestra historia económica, social y política continuará dominada por el atraso y la pobreza.
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El autor es editor de la revista Economía Mexicana del CIDE