Desechos Sólidos <br>¿Puede una bomba
Persistente como las hormigas, Rodolfo es un incansable trabajador de la basura. Con la ayuda de su carruaje —decorado con el emblema del PRI y jalado por un caballo— transporta unos 400 kilogramos de desechos municipales diariamente, su contribución diaria a un pestilente cráter conocido como el Bordo de Xochiaca, un lugar apocalíptico en Ciudad Nezahualcóyotl.
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Como Rodolfo, miles de carreteros y pepenadores laboran en los cinco basureros del Bordo acarreando y separando la basura municipal de Neza, entre la que, como en todos los tiraderos municipales y rellenos sanitarios del país, se exponen parte de los siete millones de toneladas de residuos peligrosos que se generan al año en el país —550,000 toneladas son residuos orgánicos—. A su vez, las más de 110 clases de industrias existentes utilizan, aproximadamente, 8,000 diferentes materias primas y productos terminados con diferentes características fisicoquímicas y toxicológicas; -al final del tubo, estos materiales arrojan casi medio millón de toneladas diarias de residuos industriales, 3.2% de los cuales se consideran peligrosos.
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Los que en mayor medida meten las manos en la basura en México son los municipios (delegaciones políticas en el caso del Distrito Federal) así como las organizaciones de -pepenadores, en torno de los cuales se asume la existencia de un eslabón más de la red corporativa gremial del PRI.
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Hasta los tiraderos municipales llegan, además de la basura doméstica y de los comercios y oficinas de la demarcación, los desechos generados en los hospitales, peligrosos por el riesgo de contagio que implican algunos y por no existir una separación de los que no lo son. Algo semejante ocurre con los residuos industriales sólidos no peligrosos, que al estar prohibido su depósito en estos basureros municipales, son tratados a un alto e innecesario costo en los sitios destinados a los residuos peligrosos, los que, por lo demás, son privados, propiedad de las grandes compañías generadoras —Ciba Geigy e Industrias Químicas, en Jalisco, Kimberly Clark, en Naucalpan, y Procesadora Mexicali, en Baja California—, con la única excepción de una planta en Mina, Nuevo León, que sí ofrece servicio público.
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La capital de los residuos
-Ana Luisa Alanís, lideresa en uno de los basureros del Bordo, cuenta que ella, al frente de más de 1,000pepenadores de su organización, hizo retroceder hace algunos días a los granaderos enviados por las autoridades para desalojar a quienes trabajan con la basura —que, incluso, han levantado sus viviendas en terrenos que tienen capas de basura bajo de sí—. “Esta gente está aquí porque es su forma de ganarse la vida”, dice Alanís.
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El argumento parece aceptable, salvo porque se trata de una actividad contaminante, que atenta contra quienes la realizan y contra el medio ambiente de la ciudad de México, gravemente deteriorado: especialistas universitarios, por ejemplo, han derrumbado la creencia de que la capa de arcilla que cubre los mantos freáticos, las corrientes de agua subterráneas, era impermeable a los contaminantes, al encontrar fracturas por las que se cuelan disolventes industriales en la zona del Canal del Desagüe y el Río de los Remedios, al norte de la ciudad.
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Eso ocurre en el subsuelo mientras en la superficie las autoridades intentan dar forma al Programa Integral para el Manejo de los Residuos Peligrosos en la Zona Metropolitana de la ciudad de México, que incluye, además de diagnósticos, planes de construcción de plantas de reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos. El programa, que se calcula requerirá alrededor de $1,000 millones de pesos, debía estar aprobado en 1994 para que las instalaciones entraran en operación en 1996. Pero, a la fecha, ni ha sido aprobado ni se conoce su grado de avance, pues las autoridades del DDF han mostrado en este asunto un hermetismo incomprensible. (En su presupuesto de egresos para 1996, el gobierno capitalino considera gastar, conforme a ese programa, $1,093 millones de pesos en la recolección de más de cinco millones de toneladas generadas en la zona: $243 millones de pesos en la recolección de basura domiciliaria y $285 millones en la basura de comercios y servicios.)
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Pero hay además un fenómeno preocupante: la proliferación de industrias clandestinas, que se colocan en la periferia de las ciudades, que trabajan de noche y sí contaminan, a pesar de que tienen la creencia de que, por su tamaño, su contaminación no es significativa.
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Los campos de desperdicios son, por lo demás, terreno fértil para ganarse más que la vida. Los tiraderos municipales, funcionando a través de concesiones, podrían mostrar el más rápido crecimiento para la inversión en infraestructura entre todas las formas de tratamiento de residuos en México. Entre 1993 y 1996, la Oficina de Energía, Medio Ambiente y Tecnología de Estados Unidos OEET, (perteneciente a la Agencia para el Desarrollo Internacional), calculó ese crecimiento en 28% anual, considerando también la concesión a compañías de reciclaje, cuyo promedio de inversión se estima en $30 millones de dólares por cada concesión (tal como ocurrió en el caso del Grupo Mexicano de Desarrollo, ganador de una de estas concesiones en Puebla en noviembre de 1994) y en el que, a su vez, se pronostica un crecimiento creciente, partiendo de 18% entre 1995 y 1996.
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La impuntualidad mexicana
-Es evidente que el país —con sus más de 100,000 negocios de todos tipos y tamaños y una explosión de fatales consecuencias en Guadalajara, Jalisco— llega tarde al asunto de los desechos. Con más de cuatro décadas industrializándose, México redactó su primera ley ecológica y creó una secretaría de Estado dedicada al medio ambiente hasta los años 80, y sus primeros compromisos hacia una producción limpia los adquirió en La Cumbre de Río, en Brasil, en 1992. “Nos hemos encontrado con muchísimas empresas, sobre todo nacionales, que minimizan desde el conocimiento de las regulaciones ambientales hasta cosas tan simples como contratar a un técnico o un laboratorio con la capacidad de dar resultados confiables”, señala Sánchez.
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A pesar de que en la primera mitad de 1996 llegarán nuevas modificaciones legales sobre tratamiento y reducción de residuos, bajo la tendencia de que quien los genere es quien debe dar cuenta de ellos, “lo cierto —comenta José Luis Martínez, de Ingeniería Ambiental de la UNAM— es que apenas estamos en la etapa inicial en cuanto al tratamiento integral del problema, además de que la aplicación de las normas vigentes pasa por un receso —o -stand by — dada la escasez de dinero entre las industrias.
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Mientras tanto, las ciudades siguen produciendo residuos sin control: los de la ciudad de México representan 38% de las 15, 500 toneladas producidas cada día en el país, según la OEET.
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Las empresas micro, medianas y pequeñas, golpeadas mortalmente por la crisis, son para las que —en opinión de Alejandro Merín, gerente de ecología de Canacintra y director de Química Wimer— hay que diseñar equipo y destinar apoyo financiero y técnico. “Canacintra hace trabajo de información con los industriales acerca de los requisitos ecológicos que impondrá la ley a partir de 1996”, subraya.
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Por supuesto, como reconoce Merín, para obtener los resultados ecológicos deseables hace falta más que eso, como tasas de interés razonables.
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Son unas 100,000 las empresas con “carencias significativas” de recursos humanos, tecnológicos o financieros para hacer frente a sus problemas de contaminación, señala Enrique Villa, director de estudios de posgrado e investigación del Instituto Politécnico Nacional y directamente involucrado en el primer Centro de Producción Limpia en México.
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Los especialistas deducen que unas 130,000 industrias, instaladas antes de 1988, trabajan con tecnología obsoleta en México. Peor aún, “cuando el dólar era barato —explica Carlos Sandoval, presidente del Consejo Nacional de Industriales Ecologistas (Conieco)— se compró tecnología que ya era obsoleta en el país de origen, sobre todo por parte de empresas medianas y pequeñas, que no tienen la capacidad para evaluarla”.
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El tema dinero parece conducir a verdaderos callejones. Los países industrializados, a través de organismos internacionales como el Banco Mundial, están comprometidos a apoyar a la industria de los países en desarrollo para que disminuyan su impacto en el medio ambiente. Sin embargo, acepta Guillermo de Maria y Campos, presidente de ONUDI, las aportaciones de esos países se están reduciendo. Al mismo tiempo, dice Gabriel Quadri, presidente del INE, la normatividad no puede esperar a que los industriales tengan dinero.
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Por lo demás, en México no hay nadie, ni en el gobierno federal ni en los estatales y municipales, que sepa a ciencia cierta los volúmenes, tonelaje, tipos y composición de los residuos existentes. “Esto es un obstáculo para la inversión”, acepta Sánchez. Lo que sí hay es una danza de cifras que se contradicen entre sí.
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¿Qué se puede hacer?
-Sánchez considera que “debe haber una participación más organizada de la sociedad, porque los organismos empresariales no hacen ni pronunciamientos ni propuestas, y pocas veces se manifiestan por alguna tecnología”. Los sectores académico y comercial también tienen que hablar, no sólo las ONGs o los ecologistas, enfatiza.
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Pero aun cuando las dependencias del gobierno puedan reunir la paciencia y esperar la recuperación económica, que los municipios sepan cuántos residuos producen y las compañías interesadas en invertir en servicios ecológicos conozcan las condiciones técnicas y normativas, y que la sociedad mexicana se -ecologize , comercialmente un mercado abierto, como México se pretende, no puede darse ese lujo. Como parte del Tratado de Libre Comercio, en los acuerdos paralelos se establecieron los compromisos de carácter ecológico que deberán cumplir los tres países: incorporar a la legislación recomendaciones relacionadas con los límites adecuados para contaminantes específicos y elaborar periódicamente informes sobre el estado del medio ambiente y ponerlos a disposición pública.
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La tendencia es irreversible. “A pesar de que este mercado está limitado por las dificultades de obtener permisos de instalación —señala la OEET—, las ciudades mexicanas serán empujadas, a través del Programa Cien Ciudades y del Banco Mundial, a limpiar sus tiraderos.”
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“Al país le hace falta desarrollar sus instituciones locales”, dice Sánchez respecto de los gobiernos estatales y municipales los que, por ley, son los responsables de los residuos generados en su demarcación (con excepción de los considerados peligrosos), en todo el proceso: desde la fuente generadora hasta su confinamiento final. De ahí que otro factor que la OEET encuentra favorable para la inversión es la necesidad financiera de los municipales.
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Hasta 1993, de los 97 rellenos sanitarios existentes en el país, sólo 11 cumplían con los estándares de regulación. En los restantes los desechos se exponían sin medidas de seguridad y aceptando materiales peligrosos no autorizados por las leyes federales. A la fecha sólo operan en México dos confinamientos de residuos peligrosos y, uno más, en San Luis Potosí, se encuentra detenido por discrepancias legales y por el activismo de organizaciones civiles. En suma, la agencia estadounidense estima que la inversión en este rubro alcanza los $2,000 millones de dólares.
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El aspecto normativo está también en su etapa de florecimiento. Martínez explica que originalmente las normas mexicanas se copiaron de las estadounidenses y canadienses, aunque sin considerar las relativas a residuos peligrosos; en esos países las restricciones se establecen de acuerdo con el tamaño de las empresas. En México, las grandes compañías tienen los recursos para implantar procesos ajustados a las normas ecológicas, y como exportadoras están obligadas por el país-destino a cumplirlas. Pero eso no mejora el panorama general, pues éstas apenas representan 1% del total. Una normatividad adecuada, agrega Martínez, es en el caso mexicano la mejor forma de presión para reducir el problema. Pero es algo que requiere tiempo.
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Y dinero, no obstante que, a la larga, limpiar el proceso de producción en las industrias significa ahorro en los costos. “El empresario debe entender —reclama Sandoval— que cuidar el medio ambiente también es buen negocio, que en la industria lo que contamina es el desperdicio: la pequeña y mediana industria contamina en 17%, del cual 12% es por desperdicio y por no reciclar, un porcentaje que significaría un ahorro importante en un momento de crisis.”
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El camino de la reducción de la emisión de residuos en las propias plantas es largo y complicado. Porque además de dinero y de créditos con intereses accesibles se requiere que los industriales tengan educación ambiental. “Me quejo de que el industrial no se comprometa a modificar sus procesos de producción”, dice Martínez, quien no obstante abriga la esperanza de que, mediante la concientización, ellos admitan la supervisión dentro de plantas y no desde afuera, como sucede ahora. Por el lado normativo es por donde las instancias gubernamentales buscarán controlar los residuos en todas las fases de su existencia.
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Pero, como todo buen propósito, es lejano. Por ahora, apenas 4% de los desechos peligrosos reciben un tratamiento adecuado. El resto continúa en el drenaje, en barrancas o en basureros como el Bordo. Por ejemplo, el subsecretario de Salud Rafael Camacho Solís, dijo en días pasados que en la industria química se producen más 6,000 sustancias que producen desechos tóxicos cuyo estudio y control, acepta, supera la capacidad de las autoridades. ¿Una bomba o un buen negocio? Depende de a quien se le pregunte.
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¿Quién hará el trabajo sucio?
-1996 puede ser en México el año de los desechos. El 16 de enero de este año, la estadounidense Molten Metal Technology hizo oficial su compromiso con Celanese Mexicana para la construcción en Veracruz, en las instalaciones de la filial mexicana, de una planta de reciclaje de desechos industriales, peligrosos y no peligrosos, con capacidad para tratar hasta 50,000 toneladas y una inversión de entre $10 y $50 millones de dólares (dependiendo de los resultados que arroje el estudio de mercado en curso). Si logra las autorizaciones, comenzaría a operar en México, a finales de 1997, su proceso de extracción catalítica que permite, de acuerdo con voceros de Molten Metal, el tratamiento de residuos peligrosos sin ningún impacto ambiental pues, aseguran, no se generan dioxinas ni furanos a la atmósfera, tampoco cenizas o afluentes, sino nuevos productos, que serían su fuente de ingresos, útiles para la industria petroquímica, química y petrolera —con la que esperan obtener contratos—.
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Como esta compañía, que hiciera sus primeros contactos en México hace dos años y formalizara su proyecto en 1995, atraída por la privatización de la petroquímica, están en espera de aprobación unos 30 consorcios nacionales y extranjeros para iniciar la construcción de confinamientos de residuos peligrosos, calculados en 6.2 toneladas, de los que sólo 11% son tratados, almacenados o confinados.
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El tratamiento de residuos peligrosos es, en opinión de Quadri, el que más potencialidad de crecimiento ofrece, si bien no es el único: el mercado para las incineradoras es importante y ya comenzó a hacerse notar. Pero desarrollarlo tiene sus condiciones. Tendrían que desahogarse las discusiones en cuanto a lo conveniente de -quemar ciertos desechos por las sustancias que liberan, las dioxinas, que a juicio de Greenpeace son una amenaza de larga duración para la salud. Las disputas técnicas y legales son las últimas compuertas de un mercado de considerable tamaño. Por lo pronto, las empresas, señala Sánchez, tienen tres requisitos que cumplir: solvencia económica, solvencia técnica y conocimiento de las normas.
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El efecto de esa política es diferenciado. A las empresas grandes les tiene sin cuidado, porque sí cumplen, por la presión de la autoridad, porque aplican políticas que se rigen por la Agenda 21, firmada en la Cumbre de Río, conforme a la cual los grandes corporativos internacionales y sus filiales tienen la obligación de cumplir con normas comunes a todos los países y porque les da margen de competitividad en mercados externos en los que los consumidores piden que los productos deriven de procesos amigables con el ambiente.
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Se estima que la industria cementera está en condiciones de dar cuenta, por incineración, de 40% de los desechos peligrosos que hay en el país. Bancomext apoya con recursos su recolección y las grandes empresas se encargan de la combustión, como en el caso de la sociedad Apasco-Chem Tech y su planta de Coahuila, o el sonado asunto de Metalclad y su filial Química Omega, que busca oportunidades al lado de Cemex. El hecho es que las cementeras mexicanas, entre las más desarrolladas del mundo, gracias a la incineración obtienen combustible alterno a partir de la quema en sus hornos de llantas y ciertos residuos industriales, una técnica ampliamente explotada en los países desarrollados desde hace más de una década.
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El campo es mucho más extenso. Hace tres años, la OEET calculaba que se necesitaba una inversión de $7,600 millones de dólares para proveer al país de infraestructura para el tratamiento de los desechos peligrosos generados en las distintas regiones del país: los de la ciudad de México, que constituyen el 38% de ellos y se componen de solventes, aceites, grasas y de los producidos por las manufacturas; los del sureste, la zona centro, el norte y la región del Golfo, donde se generan ácidos, alcalinos y residuos petroleros.
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La OEET calculaba que el mercado de equipo y servicios para el tratamiento de residuos sólidos peligrosos sería de $662 millones de dólares en este 1996, con un ritmo de crecimiento de 29%. Bajo el título -Best opportunities , la OEET explica los proyectos que están en curso y sus formas de financiamiento. El -Segundo proyecto para el manejo de residuos sólidos del Banco Mundial en México, considerado para ser aplicado en 23 ciudades medianas del país entre 1995 y el año 2000, tiene un costo de $415 millones de dólares ($200 millones a cargo del organismo financiero), destinado a dar créditos, a través de Banobras, a municipios y gobiernos estatales para la compra de equipo y servicios relacionados con el tratamiento de desechos.
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Razones de mercado
-Con el TLC se introducen distorsiones en las formalidades comerciales de los mercados. Estados Unidos, precisamente, tiene más de 282 plantas autorizadas para tratamientos químicos, físicos, biológicos, confinamientos, destrucción térmica, recuperación de solventes, combustibles alternos, recuperación de metales, tratamiento de PCBs, etcétera, sin contar las instalaciones de almacenamiento. En un año, México dio el salto de 70 a más de 140 compañías para el tratamiento de residuos. El punto es que los mercados con los que México negocia, como cualesquiera otros, exigen, y lo harán cada vez con más energía, igualdad de condiciones para el cumplimiento de normas y sistemas ambientales. Para las industrias mexicanas este asunto es cuestión de sobrevivencia.
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Durante las discusiones previas a la firma del TLC —señala un informe de la CEPAL sobre Innovación en tecnologías y sistemas de gestión ambientales en empresas líderes latinoamericanas —, los grupos laborales y empresariales estadounidenses hicieron patente su temor de perder terreno en su competencia con México, donde no sólo la mano de obra es más barata sino que las normas ecológicas y su fiscalización son menos estrictas. Esto se percibe como un subsidio implícito a las mercancías hechas en México —el llamado -dumping ecológico—.
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Los grupos ecologistas estadounidenses derivaron de aquí, a su vez, sus propios temores. Si México no hacía más estrictas sus normas y su fiscalización en materia ecológica, los empresarios estadounidenses podrían presionar al gobierno para flexibilizar las propias con el fin de no perder competitividad. Había que introducir restricciones pro-ecología en el tratado, insistían. Y así ocurrió. El tratado indujo a México a tomar medidas de reducción de contaminación en su industria y a comprometerse a detener el deterioro ecológico en la frontera con Estados Unidos, como resultado de la intensificación de las actividades de las maquiladoras y el comercio, pero además, se estableció la garantía de excluir del mercado estadounidense los productos que no cumplan con las normas locales de salud, seguridad y medio ambiente. “Ningún país —dice a su vez el artículo 114 del TLC— deberá relajar sus normas de seguridad o del medio ambiente con el propósito de atraer inversiones.”
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Los recursos con los que el Banco Mundial apoya la compra de equipo y la contratación de servicios ecológicos por parte de los municipios y los gobiernos estatales, por lo demás, abren el camino a los negocios asociados al medio ambiente, que por cuestiones de carácter tecnológico sólo son accesibles para las empresas extranjeras especializadas, en primer término estadounidenses —país líder, junto con Alemania, en exportación de bienes de capital vinculados al medio ambiente—. Las empresas mexicanas tienen pocas oportunidades.
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En 1995, el Banco Mundial ejerció tres programas de crédito: $60 millones de dólares, a disposición de ciertos municipios a través de Banobras, para financiar 50% de sus requerimientos en materia de residuos sólidos, con tasas de interés 2% mayores a las de los Cetes y un plazo de 15 años para su pago; $226 millones de dólares para el aprovisamiento y tratamiento de agua, también a través de Banobras y con las mismas condiciones; y $150 millones de dólares más para financiar actividades similares, además de un programa piloto para crear unidades de tratamiento de residuos peligrosos en ciudades de la frontera norte.
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Ocurra lo que ocurra con la economía y la planta industrial nacional, la -maquinaria verde está en marcha. OEET dixit: “México debe dar tratamiento industrial a sus desechos: no tiene elección”.