Despegue turbulento
En la contienda por la construcción del nuevo aeropuerto, Texcoco ganó por knock out. A decir de Pedro Cerisola, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT), la opción mexiquense está respaldada por toda clase de especialistas, desde estudiosos en aeronáutica hasta financieros . Hoy, asegura el funcionario, lo peor que podría pasar es que después de haber tomado una decisión, que se aplazó por cinco sexenios, ésta no pueda ser instrumentada.
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El primer obstáculo que deberá enfrentar la administración foxista es legitimar la determinación a través del Poder Judicial, tras la controversia constitucional que pretende impulsar el gobierno capitalino. Al mismo tiempo tendrá que atender a las aproximadamente 1,500 familias afectadas por las expropiaciones y el problema heredado a las autoridades municipales del Estado de México. El gabinete previó estos problemas, como consta en el estudio elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con respecto a la nueva terminal aérea. Incluso la dependencia sugirió que antes de tomar la resolución se debería establecer un convenio de coordinación y concertación entre los promotores del aeropuerto, el gobierno federal y los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, con el fin de tener un soporte político, jurídico, económico y financiero que garantizara la realización de las instalaciones aeroportuarias.
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A pesar de haber concebido esta estrategia, el gobierno de Vicente Fox prefirió tomar otro camino. "Apenas se acaba de tomar la decisión. Debemos empezar a trabajar. No me puedo imaginar al gobierno federal negociando una política de trato a ejidatarios con el gobierno de un estado antes de tener una solución", expresó Cerisola ante diputados.
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El titular de la SCT indicó que hasta después de que haya validado el dictamen la Suprema Corte de Justicia, se coordinarán con las autoridades mexiquenses y del gobierno capitalino estrategias de trabajo a fin de aterrizar el proyecto de Texcoco. De hecho, anunció que se creará un Comité Técnico Intergubernamental que operará el fideicomiso para el aeropuerto.
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En tanto, la dependencia trabajará en el plan maestro, donde se definirá el esquema arquitectónico y se determinarán los procedimientos para licitar las diversas partes que constituirán al principal proyecto de infraestructura de la actual administración. En principio, el funcionario consideró que no habrá una gran concesión, sino que se privatizarán por separado las terminales de carga, de pasajeros, los hoteles, etcétera. Esta es una opción distinta a la instrumentada en el resto de los grupos aeroportuarios, además de que el nuevo aeródromo nacerá privado. De los 18,300 millones de pesos que costará el proyecto en su fase inicial, el gobierno federal aportará sólo 25%; en opinión de Cerisola el porcentaje podría incluso reducirse.
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De cualquier manera todos los planes para la terminal aérea deberán, en primera instancia, ser respaldados por la aceptación jurídica de Texcoco, lugar donde será establecida. El dirigente de la SCT expresó ante los diputados: "Lo que es importante es que en los fondos empezamos a estar de acuerdo, aunque las formas puedan ser criticables y discutibles." Respaldado por su séquito de especialistas, aceptó las objeciones al modo como se informó la decisión, pero la defiende.
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