Economía ... ¿con qué rostro?
Como muchas voces anticiparon, el balance de los primeros 100 días del gobierno de Vicente Fox no fue positivo. Así lo señalaba nuestro Editorial anterior, y el reportaje que presentamos en este número corrobora tal aseveración. Otra vez, la realidad avasalló las buenas intenciones.
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No fue necesario investigar mucho para descubrir que, ante la imposibilidad de ofrecer actos espectaculares de cambio y mejoría, en el corto periodo algunos secretarios sólo alcanzaron a hacer una limpieza de la casa, dejando para después los cambios de fondo. El hecho es que el periodo de gracia se empieza a agotar.
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Para evitar que la impaciencia se derrame el gabinete tendrá que pasar por una auténtica prueba de fuego, que es al mismo tiempo inevitable y necesaria: la discusión de la reforma fiscal.
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La Secretaría de Hacienda, queriendo revalorar su nombre, ha querido presentarla hasta el cansancio como un planteamiento integral, que rebasa con mucho lo fiscal y se planta en el concepto de “nueva hacienda pública”. De entrada, suena bien. Pero en sus trazos primarios la iniciativa ha sido ya amplia y duramente rechazada por la población. El cobro del IVA a alimentos y medicinas es la manzana de la discordia, por supuesto. La novedad es que entre los opositores a la intentona gubernamental se cuentan las cúpulas empresariales, que manifiestan una aparente preocupación por las clases más desprotegidas.
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Palabras más o menos, la verdad es que las cabezas de la iniciativa privada exigen a Fox que cumpla cabalmente con los ideales empresariales que pregonó durante su campaña, los cuales deberían cristalizarse en decisiones más apropiadas para el crecimiento de las compañías. En esta lógica, no suponen que tasar más productos básicos contribuya a ello. Un alto funcionario de la presidencia confesó la preocupación que existe en Los Pinos sobre el “enojo” de las cúpulas industriales frente a las propuestas fiscales de Fox.
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No basta con la simplificación administrativa, la reducción del ISR y la eliminación del impuesto a los dividendos; los empresarios del país consideran que las fuentes de los ingresos del gobierno deben diversificarse; no acaban de admitir que sólo una parte de la economía tenga que ser la que más aporte a las arcas del gobierno federal.
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Al mismo tiempo hay reticencia respecto de que sean los sectores menos favorecidos los que más aporten al fisco, debido a que, se alega, la capacidad de compra se vería afectada, lo que atentaría contra el mercado interno –el cual, ante la recesión de Estados Unidos, merece más atención que nunca–.
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Con toda objetividad, no se puede afirmar que la propuesta de Hacienda carezca de lógica económica. Pero, con toda sensibilidad (a la que también debe apelarse cuando se gobierna un país) tampoco se puede admitir que sea la única alternativa para fortalecer las finanzas públicas.
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Una vez más se presenta la enorme dificultad de conseguir que la economía vaya por la vida mostrando un rostro humano.
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Los Editores
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