El debate en torno a los gastos de “comunicación y difusión” del gobierno capitalino de Óscar Espinosa revela una cara nueva de la política mexicana. Los debates sobre la ética política ya no podrán ser de carácter abstracto, sino que se dirimirán por auditorías y juicios. Han pasado los tiempos en que se podía hablar de “renovación moral” sin hacer gran cosa para promoverla.
- Si bien la información cambia día con día, por lo que cualquier artículo corre el riesgo de quedar obsoleto, algunos hechos parecen ya claros en el caso sobre Espinosa.
- El primero es que la última administración priísta del Distrito Federal utilizó recursos públicos para hacer pagos en efectivo a periodistas, medios de comunicación y dirigentes de organizaciones populares. Al parecer esta práctica se ha realizado desde tiempo inmemorial: se trata de uno de los usos y costumbres de la política tradicional. Pero eso no le quita lo ilegal y lo falto de ética.
- Queda también claro que el gobierno perredista del Distrito Federal manejó sus cartas de manera tal que pudiera sacarles el mayor jugo político posible. La información sobre el desfalco del gobierno de Espinosa estaba ya disponible para las autoridades capitalinas desde 1998. Pero éstas decidieron guardarla hasta este año, a tres meses de la elección presidencial.
- Quizá la politización del caso de Espinosa sea inevitable. En todas las democracias del mundo se le daría un giro político a un desfalco cometido por un político en funciones. Puede ser cuestionable que estos casos se ventilen en la corte de la opinión pública en lugar de los tribunales de ley. Pero en una sociedad abierta resulta imposible e indeseable impedirlo.
- Esta politización, sin embargo, puede tener un papel positivo. Una de las grandes virtudes de la alternancia de partidos en el poder es que genera una mayor presión para evitar prácticas corruptas. Cuando un gobernante sabe que lo sucederá otro de su mismo partido, puede darse el lujo de actuar con falta de ética porque sabe que su sucesor le protegerá las espaldas. Pero si existe la posibilidad de que el sucesor provenga de un partido de oposición, la situación cambia de manera radical.
- Si para el sistema político era natural manejar grandes cantidades de dinero en efectivo para pagos sin recibo a periodistas, medios de comunicación y líderes de organizaciones populares, hoy queda claro que no se podrá continuar abiertamente con esta práctica. El caso de Espinosa cuando menos obligará a muchos funcionarios públicos a reconsiderar su tradicional costumbre de repartir dinero de manera discrecional.
- El autor es columnista de Reforma y comentarista de TV Azteca