Durante los últimos 12 meses, el capitán Alberto Abed y su compañía, Transportes Aéreos Ejecutivos (Taesa), sobrevivieron a todo tipo de escándalos: problemas con sus acreedores para saldar una deuda exorbitante, acusaciones de evasión fiscal y denuncias de sus sobrecargos por presuntos actos de intimidación y violación de derechos laborales.
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Pero la suerte de Taesa parece haber llegado a su fin, luego de que el pasado 9 de noviembre uno de sus DC-9 se estrellara en Michoacán provocando la muerte de 18 personas. Dos semanas después del percance, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordenó la suspensión temporal de las actividades comerciales de Taesa para inspeccionar toda su flota y verificar los sistemas de operación, mantenimiento, capacitación y administración de la empresa.
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Las autoridades, que aguardan el reporte final de la investigación del accidente, admitieron por primera vez que la concesión de Taesa estaría en riesgo si se confirma que la empresa mintió sobre el estado de sus aviones o incurrió en actos de negligencia.