La delincuencia afecta la economía de la empresa y el Estado de Derecho. Los más ingenuos, que aún creen en las bondades de Robin Hood, pensarán que todo se reduce a la pérdida del robado convertida en la ganancia del ladrón. No es tan sencillo. Pasan por alto que los robos afectan el Estado de Derecho y añaden una especie de impuesto crónico a la población, hablando en términos amables y asépticos; a largo plazo, la violencia generada por el hurto provoca inestabilidad en el país y aleja importantes inversiones extranjeras.
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Recuerdo la anécdota de una empresa que se vio obligada a comprar los servicios de escolta para que acompañaran a sus camiones cargados de mercancía rumbo a Estados Unidos. Pronto, estos costos se incrementaron al grado que a los clientes les resultaba más barato comprar mercancía que venía en avión desde Honduras. También pensé en las compañías parisinas que tenían sus instalaciones en la periferia de la ciudad y que tuvieron que contratar un servicio de ‘taxi seguro’ debido a la creciente violencia que se vivía en el lugar. Poco a poco, las medidas contra la delincuencia se asemejan a las del viejo oeste. Más y más compañías tienden a utilizar convoys y diligencias. En las carreteras, los camiones se siguen unos a otros y son escoltados. Y el círculo vicioso se acelera. La pobreza genera delincuencia y la delincuencia desempleo.
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Irónicamente, la mala seguridad se ha vuelto un buen negocio para las compañías que venden seguridad. Ahora el negocio de la ‘seguridad privada’ suena a un macabro juego de palabras. En Latinoamérica, se estima que una empresa gasta en seguridad 1.5% más por cada punto porcentual de crecimiento de acuerdo con el número de empleados. Esto significa que las empresas pequeñas, sin el dinero suficiente para pagar seguridad adecuada, se vuelven las presas más atractivas para el crimen organizado.
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En México se anuncian más de 30 compañías de seguridad privada en el directorio telefónico. La cantidad de automóviles blindados es casi la misma que en Brasil, un país con 75 millones más de habitantes. Blindar un automóvil cuesta entre 25,000 y 80,000 dólares.
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La manera en que el Estado se ha involucrado en este tema deja mucho que desear, al menos en México. La fuerza policiaca, la AFI y la PGR son insuficientes y de mala reputación. La seguridad privada se ha vuelto una incómoda necesidad que, al menos hasta que pasó la ley para regular a las empresas que vendían este servicio y el de traslado de valores, no estaba muy regulada. Desde 2004, por ejemplo, no todos los elementos de seguridad pueden portar armas y deben acreditar sus habilidades. Pero no sólo los ricos compran estos servicios. ¿Cuántas veces no hemos tenido que protegernos del perro entrenado que tienen en el changarro de la esquina? ¿No le asustan los ‘agentes de seguridad’ con sus rifles de alto impacto que se encuentran a la entrada de tantos restaurantes? A mí sí.
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Comentarios a: hzagal@yahoo.com.mx