Una de las bajas como resultado de la forma en que el gobierno de Zedillo (no) manejó la devaluación del peso fue la del primer secretario de Hacienda, Jaime Serra; pero otra víctima fue la pretendida autonomía del Banco de México.
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A diferencia de Serra, a quien los banqueros extranjeros rechazaron como interlocutor válido, el gobernador del banco central, Miguel Mancera, pudo recurrir a su credibilidad para, al menos, participar en el restablecimiento del nuevo marco de inserción de México en los mercados financieros internacionales.
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Resueltos los términos básicos de este esquema, el propio funcionamiento del Banco de México ha pasado a revisión. De hecho, éste es el asunto que mayor atención ha suscitado desde que Washington y Nueva York se interesaron en las fallas -personales e institucionales- que evidenció la crisis mexicana.
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Ante la perspectiva de que se llegara a establecer un control de cambios, surgió un movimiento en reacción que ha venido propugnando desde entonces el establecimiento de un "consejo monetario" con las funciones del Banco de México, pero con verdadera autonomía.
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A favor de esta propuesta aboga el que, una vez estabilizado el tipo de cambio, sólo una institución que gozara de absoluta independencia podría ejercer un control efectivo sobre la política monetaria; al grado de que en ciertas coyunturas pudiera llevar a cabo medidas contrarias a los deseos "políticos" del Ejecutivo.
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Es más, la operación de dicho consejo monetario, volvería la autonomía en algo intrínseco a su misma existencia, al convertir la oferta de dinero en el país a una variable dependiente. El consejo monetario, a diferencia del Banco de México, tendría que subordinar sus operaciones de modo absoluto al mercado. La suma de los pesos en circulación seria sólo un factor del total de divisas (de dólares en particular) que hubiera en la economía nacional.
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Junto a ello, desaparecerían las preocupaciones que los inversionistas extranjeros han expresado con exasperación sobre el comportamiento del Banco de México desde que desató la crisis, tales como, la manipulación de las cifras básicas o la complicidad de sus funcionarios y los de Hacienda. Los mercados internacionales tendrían lo que requieren de manera esencial: certidumbre en el largo plazo del comportamiento de las variables monetarias e información fidedigna de parte de las autoridades mexicanas.
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Evidentemente, se perderían tanto el margen de maniobra que el gobierno obtiene al aumentar o restringir el crédito público según sus necesidades, como el tiempo que gana al difundir como hasta ahora las cifras en el momento en que mejor le conviene. Sin ese margen y ese tiempo, los mercados actuarían con fiereza irrestringida y permanente.
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De ahí el vigor con que las autoridades mexicanas -del Banco y del Ejecutivo- han defendido a la institución tal y como funciona hoy día. El propio, gobernador Mancera, en una acción poco ortodoxa, consideró necesario dejar constancia (en The Wall Street Journal) de la política monetaria que se siguió durante 1994.
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Su argumento no convence, pues al demostrar que durante los cuatro años previos a 1994 la evolución de la oferta monetaria se atuvo a criterios estrictos, no da respuesta al aumento del crédito interno en los meses previos a las elecciones de agosto; un incremento en que el análisis retrospectivo de la crisis se centra cada vez más.
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El funcionamiento del Banco de México requiere ser evaluado: para reemplazarlo por una autoridad más efectiva o, precisamente al contrario, para evitar que esto llegue a suceder. Como sea, la devaluación marcó el fin del régimen monetario, que inauguró la autonomía y dio comienzo a otro que está en proceso de constitución.
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El autor publicó recientemente el libro Banqueros y Revolucionarios; la soberanía financiera de México, 1914-1929, editado por el Fondo de Cultura Económica.