Frenan la transparencia

Durante los últimos 10 años, la transparencia y el derecho a la información venían evolucionando de manera positiva en nuestro país. Con la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) como el órgano garante y autónomo que velaría por las políticas de transparencia y el derecho a la información, México se inscribió en una ola reformista a nivel mundial. En 2007 se dio un avance más con la descripción del derecho a la información como un derecho fundamental en el artículo 6° de la Constitución. No obstante, las políticas de transparencia y el derecho a la información han encontrado severas limitaciones y fuertes intentos de retrocesos.

- Muestra de lo anterior es la resistencia que existe actualmente por parte de algunos actores políticos para avanzar en la aprobación de la reforma pendiente de la LFTAIPG. La resistencia más férrea la observamos de parte de algunos sectores del gobierno, particularmente de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que han estado cabildeando de manera permanente en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados para tratar de frenar la reforma. Pero no sólo en el gobierno hay resistencias, algunos diputados, especialmente de la fracción parlamentaria del PAN y del PRI, se han mostrado reacios a cumplir con su obligación legal de reformar la ley y han utilizado distintos recursos para prolongar el proceso legislativo.

- Algunos de estos recursos incluyen reservar artículos clave de la reforma a favor de la opacidad en el ejercicio de los recursos públicos; incorporar adhesiones tendientes a debilitar el IFAI; solicitar la incorporación de una nueva comisión en el proceso de aprobación a más de un año de que éste comenzó; o, simplemente, no convocar a reunión de las comisiones para discutir la reforma y dejar que el periodo termine sin haberla discutido.

- Pero ¿por qué esta reforma ha generado tanta resistencia de parte de estos actores políticos? ¿Están pensando en la mejor manera de garantizar el derecho a la información de las personas o lo que buscan es mantener espacios de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos?

- En primer lugar, la reforma incluye la obligación de transparentar los recursos públicos que se encuentran en fideicomisos y puntualiza que los titulares de éstos –que involucren recursos públicos– no podrán alegar que su información se encuentra protegida por los secretos fiduciario, bancario y fiscal. Es decir, que de aprobarse la reforma en sus términos actuales, por fin se conocería el uso y el fin de más de 330,000 millones de pesos, que según el 4° informe de la SHCP es la cantidad a la que ascienden los recursos contenidos en un total de más de 265 fideicomisos federales y 70 estatales.

- En segundo lugar, se podría conocer la información relativa a los recursos que por condonaciones fiscales se destinan a particulares. Las entidades gubernamentales deberán informar sobre los recursos públicos que destinan a cualquier persona, entre ellos, los recursos por “cualquier beneficio, subsidio o tratamiento especial por exención, cancelación o condonación tributaria o fiscal”. Por ejemplo, se podría conocer la información relativa a más de 70,000 millones de pesos de más de 711,626 créditos fiscales que fueron cancelados en 2007 y que hasta el momento no se ha podido conocer debido al llamado ‘secreto fiscal’.

- En tercer lugar, la reforma puntualiza que las resoluciones del IFAI serán definitivas e inatacables para las dependencias y entidades, y que únicamente los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. Este cambio es muy importante porque con la legislación vigente, entidades como la Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración Tributaria se niegan a entregar la información e impugnaron en diversas ocasiones las resoluciones del IFAI.

- Parece que a la hora de hacer valer las palabras de algunos políticos, lo que observamos es un arrepentimiento colectivo. Es por esta razón que debemos preguntarnos si tenemos una clase política convencida de avanzar hacia un país más democrático en donde la ciudadanía tenga información oportuna y de calidad o lo que tenemos es una clase política arrepentida de que sus actos y decisiones sean sometidos al escrutinio público y que busca regresar a la cultura de la opacidad.

- La autora es coordinadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de Análisis de Investigación.
Comentarios: opinion@expansion.com.mx