Una de las consecuencias positivas que produjo la crisis del 94 fue una mejora en la política de difusión y transparencia por parte de las autoridades, sobre todo en el Banco de México, que ahora publica de forma periódica una cantidad enorme de información sobre la economía y la política monetaria. Si bien algunas áreas de la Secretaría de Hacienda han seguido este ejemplo, la difusión y transparencia de la política fiscal aún deja mucho que desear.
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Desde mayo comenzaron a surgir severas críticas a la expansión del gasto público, ya que en el primer trimestre del 2000 creció más de 15% en términos reales. El aumento es muy superior al crecimiento presupuestado para el gasto público del año, que es de aproximadamente 4%.
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Si bien es cierto que existieron algunos gastos extraordinarios que estaban programados para el primer trimestre, como es el caso del censo y la organización de las elecciones, estos dos conceptos de gasto explican sólo 6% del incremento en el gasto público. Más de la mitad del aumento en el gasto proviene de rubros cuya razón de ser no es tan evidente. Entre estos destacan las mayores aportaciones a los estados y municipios, las transferencias al IPAB, mayores gastos de pensiones del IMSS y para jubilados de Ferronales y provisiones salariales para la burocracia (probablemente bonos sexenales). Aunque es posible que exista una razón justificada para que dichos gastos se realizaran, resulta muy sospechoso que sea precisamente en el primer semestre de un año electoral.
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Por si fuera poco, las autoridades reportaron que no registraron ingresos públicos excedentes en el primer trimestre a pesar de que el precio del petróleo promedió $24.4 dólares por barril en el periodo. Dicho precio es 50% superior al precio promedio de $16 dólares por barril, utilizado para hacer el presupuesto de 2000. Aunque la explicación oficial es que el ingreso petrolero excedente fue compensado por menores ingresos en otras áreas, dicha explicación en el entorno electoral que vivimos también resulta bastante sospechosa.
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Si bien los puntos anteriores no significan necesariamente que la política fiscal se haya vuelto irresponsable y son sólo sospechas de un manejo discrecional de los recursos excedentes, la falta de información sobre ejercicio del gasto y de los ingresos se presta a malas interpretaciones.
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De haber una mayor transparencia en la información sería difícil que el gobierno actuara de forma discrecional despertando sospechas. Sin embargo probablemente esta es precisamente la razón por la que al gobierno no le convenga una mayor transparencia.
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–El autor es Economista en jefe de Banco Santander Mexicano