<i>Muerde</i> y verás

En México existe un lema popular que a menudo provoca risa y una que otra complicidad: “El que no transa no avanza.” Quienes ejercen este principio pueden olvidarse de participar en las licitaciones del gobierno y de vender a empresas extranjeras. Las reglas del juego han cambiado.

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A partir de noviembre, la transparencia de los negocios en México ya no será decisión de unos cuantos. Será una obligación para todos.

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Como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país tendrá que demostrar ante el organismo que los empresarios nacionales y los extranjeros con negocios aquí cumplen con los lineamientos de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

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“Todas las empresas, instituciones financieras y proveedores del gobierno que participen en una licitación pública  que convoca a compañías foráneas, estarán sujetas a estos principios”, señala Aliza Chelminsky, titular de la Unidad de Vinculación para la Transparencia de la Secretaría de la Función Pública.

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La Convención establece la igualdad de competencia; sanciona, en primera instancia, el cohecho; posteriormente vigilará también que las organizaciones se apeguen a prácticas éticas en su relación con el gobierno, los inversionistas, otras firmas y la comunidad.

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Frederic Wehrle, integrante del grupo anticorrupción de la OCDE, explica desde París que el principal objetivo es mejorar el clima de negocios a escala mundial.

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Para recibir la certificación que da el organismo, el país deberá comprobar que las compañías de cualquier tamaño tienen controles internos eficientes, auditorías, sistemas contables óptimos y casos registrados donde se haya sancionado el cohecho, además de adecuar su marco legal.

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México, pionero regional
El país es el primero de América Latina que superó la primera fase de evaluación, dejando a Brasil en el camino.

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El  visto bueno de la OCDE sobre la transparencia de los negocios en la nación tendrá un impacto positivo en la calificación del riesgo país, lo que a su vez será un punto de referencia valioso para los inversionistas, pues los analistas financieros dan un peso importante a las prácticas éticas.

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Mientras la transparencia atrae capitales, la corrupción aumenta la incertidumbre en una economía e impide las inversiones nacionales y extranjeras en el largo plazo.

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Para muestra, la frialdad de las cifras: por su alta opacidad México deja de recibir al año $ 8,554 millones de dólares en inversión extranjera directa, según el índice de PricewaterhouseCoopers. Por otra parte, la última medición de Transparencia Mexicana sobre corrupción y buen gobierno contabilizó 214 millones de actos venales en un año, lo que da un promedio de dos por ciudadano.

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Limpios para vender
La instrumentación de estos esquemas redunda en las compañías “de una manera intangible”, porque tanto grandes inversionistas como clientes y proveedores están más dispuestos a trabajar con las firmas que cumplen esta clase de disposiciones, afirma tajante Francisco Romero, director Jurídico de Grupo Vitro, un corporativo reconocido a escala internacional por sus mejores prácticas.

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No ser corrupto tiene su recompensa. Un estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard resalta que las organizaciones que cuentan con una fuerte cultura ética recuperan su inversión cuatro veces más pronto, crean siete veces más empleos, el precio de sus acciones sube 12 veces más rápido y obtienen utilidades 750% más altas que aquellas que no la tienen.

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“Hay que cambiar esa mentalidad de que siempre nos podemos salir por la tangente en el cumplimiento de las leyes y darnos cuenta de que cada vez habrá más candados para impedir que haya discrecionalidad”, sentencia Chelminsky.

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Gracias a la adopción de esta Convención, fue posible evitar que no quedaran impunes importantes casos de corrupción en Estados Unidos. Un delator corporativo puso en el ojo público las prácticas fraudulentas de Enron, que se apoyaba en socios privados y subsidiarias offshore para mantener el perfil de deuda de la corporación en bajos niveles y elevar el precio de las acciones. Esta fue la punta de lanza con la que se descubrió la contabilidad irregular de otros consorcios como Adelphia Communications, Global Crossing, Halliburton, WorldCom y Xerox.

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Claros antecedentes
El 17 de diciembre de 1997, los países de la OCDE firmaron la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Estados Unidos, Canadá, Islandia, Alemania, Bulgaria y Finlandia ya recibieron calificaciones aprobatorias. Noruega y Luxemburgo son los próximos en la lista del organismo y las restantes evaluaciones terminan en 2007.

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En este pacto, los 35 integrantes del grupo establecen una serie de pasos para desanimar, prevenir y penalizar a empresas y particulares que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos relacionados con transacciones comerciales internacionales, como es el caso de las licitaciones del Estado.

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El acuerdo obliga a gobierno, iniciativa privada, contadores públicos, abogados y sociedad civil a ser corresponsables en la habilitación de prácticas éticas.

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La Convención se divide en dos fases. En el caso de México, la primera se realizó de 1998 a 2000 y consistió en adecuar el sistema legal a los lineamientos del pacto. Como parte de los cambios, se incluyó el artículo 222 bis en el Código Penal Federal, que impone sanciones civiles, administrativas y penales  a quienes den “ventajas indebidas” en los intercambios mercantiles y a quienes ofrezcan dádivas a cambios de ellas.

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“En opinión del grupo calificador, nuestras recomendaciones podrían ayudar a México establecer una nueva ofensiva en contra del cohecho en las transacciones comerciales internacionales”, apunta Fredric Wehrle, de la OCDE.

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La segunda fase abarcará de noviembre de 2003 a febrero de 2004 y en ella se revisarán las correcciones y alcances de las leyes mexicanas para combatir la mordida, y se verificará que los sectores público y privado cumplan con los lineamientos de la organización.

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“Lo que ahora busca la OCDE es que se haya profundizado en las reformas legales y que empresas, gobiernos, contadores y abogados estén adoptando esos programas de integridad evitando con tales sistemas el cohecho”, explica Josefa Casas, directora general adjunta de Asuntos Internacionales en la Unidad de Vinculación para la Transparencia.

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Nota: la evaluación final se publicará a mediados del año próximo.