El abstencionismo, que expresa la frustración y la desesperanza de millones de mexicanos; la derrota del PAN y del Presidente y el rebrote del PRI –primera fuerza política en el país–, son los saldos de la jornada electoral.
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Estos comicios representan un revés para Vicente Fox, que se comprometió personalmente en la campaña del PAN, que llamó a “quitar el freno al cambio” y desplegó una ofensiva mediática sin precedente. Más que simbólicamente, la debacle llega hasta San Francisco del Rincón, patria chica del mandatario.
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La respuesta constituye una censura a la insensibilidad, la soberbia o la candidez de la nueva clase gobernante (utilizar electoralmente la encuesta del INEGI sobre la distribución del ingreso; sostener, como lo hizo el Presidente, “no hay errores en mi gobierno”). Los ciudadanos terminaron entregándole más poder al partido del viejo régimen.
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La elección es, igualmente, una censura a los partidos. Más allá de porcentajes, los votos reales que obtuvieron fueron muy inferiores a los que lograron en la jornada intermedia de 1997, pese a que hoy existen 16 millones de ciudadanos más.
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Los supuestos avances del PRD no son tan reales. Aunque casi duplica el número de diputados (pasará de 50 a alrededor de 97), resulta evidente su carácter regional: enseñoreado en el Valle de México, prácticamente no existe en otras zonas.
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El abstencionismo, cercano a 60%, fue expresión de una postura política. Además, más de un millón de electores anularon su voto, fueron a las urnas para mostrar su reprobación; de entre 11 partidos no hubo uno que convocara su sufragio.
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Hay otros datos que merecen subrayarse: el ciudadano no sólo reprobó las malas cuentas de gobiernos ineficaces –como el de Vicente Fox o el del hoy secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, en Nuevo León– sino también la pobreza y falta de imaginación de campañas, el ametrallamiento con spots y la ausencia de propuestas.
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El nuevo escenario plantea a las tres principales fuerzas políticas (PRI, PAN y PRD) la posibilidad real de alcanzar la Presidencia en 2006 y este hecho puede convertirse, paradójicamente, en un factor funcional para la concreción de acuerdos.
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La nueva correlación de fuerzas no conforma el mejor de los escenarios para avanzar en las “reformas estructurales”, pero eso es lo que tenemos. La lección más contundente es el mandato de los electores para que las fuerzas políticas negocien y logren acuerdos que se traduzcan en leyes. A partir de esas condiciones los grupos parlamentarios deberán de empezar a trabajar. Pueden hacerlo.
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* El autor es director de Grupo Consultor Interdisciplinario.