La rebatinga en la Ley de Radio y TV
Las bases establecidas para la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, cuando había en el país 357 estaciones de radio y 20 canales de televisión atendiendo a una población de 16 millones de habitantes, no se puede seguir sosteniendo en la actualidad. Después de cuatro décadas de desarrollo económico, el país cuenta con 636 canales de televisión y 1,432 emisoras de radio, atendiendo las necesidades de información, educación, cultura y entretenimiento de una población de más de 100 millones de habitantes.
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Este panorama no deja a dudas: hoy ante un México diferente en lo económico, político y social hace falta una ley que regule los medios electrónicos de forma distinta. Conscientes de lo anterior, académicos, empresarios y medios de comunicación se han dado a la tarea –impulsada por el senador del pan Javier Corral– de elaborar una nueva Ley Federal de Radio y Televisión acorde a la realidad que vivimos.
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Conceptos tales como el interés público, la existencia de un nuevo órgano regulador ciudadanizado –como el Instituto Federal Electoral–, un nuevo régimen para el otorgamiento de concesiones –como el visto bueno de la Comisión Federal de Competencia para evitar acaparamientos–, la eliminación o sustitución de los tiempos de Estado, resabios de un régimen autoritario y censurador.
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Otros de los puntos que están a debate es la regulación del uso de los medios para las campañas políticas –tema de mucha polémica y toral para la existencia de una verdadera democracia (ya que el que tiene el control de los medios tiene muy cerca el poder político);– fijar las reglas para la competencia –la existencia de “competencia efectiva” de las estaciones de televisión– y una mayor regulación por parte del Estado cuando dicha competencia decline para volverla a estimular. Dentro del nuevo proyecto se recogió una propuesta de la que estoy en desacuerdo: instaurar un Registro Público de Radio y Televisión.
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Hace poco en el Congreso, la subcomisión de Radio y Televisión acusó a los presidentes de las comisiones de Comunicaciones, Gobernación y Estudios Legislativos, de intentar sacar adelante un proyecto de nueva ley para los medios electrónicos de comunicación a favor de los intereses de los empresarios más importantes (Emilio Azcárraga Jean de Televisa y Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca) y no de la sociedad.
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Este desacuerdo se derivó, entre otras cosas, porque pretende establecer la figura de la subasta ascendente como criterio determinante para acceder a las concesiones. Es decir, se entregarán “al mejor postor”, con lo que la fuerza de mercado de las dos grandes televisoras se incrementaría aún más, en perjuicio de la población.
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En adición a lo anterior, se elimina el límite para la concentración de frecuencias en una misma plaza. Esto supone un retroceso en la inserción de la industria de la televisión mexicana en una economía competitiva, conservando los privilegios y las canonjías para los dos grandes elefantes blancos, que ya de por sí acumulan 92% del mercado.
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Este proyecto de ley se está negociando al mar-gen de la subcomisión de Radio y Televisión, por lo que bien puede ser una suerte de ‘madrugón’ de las dos grandes compañías televisoras a la sociedad y a las empresas en general.
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Esperemos que las comisiones correspondientes se pongan las pilas, se abstengan de ir acumulando en el “cuarto de al lado” proyectos de ley, y se concentren en uno solo, que recoja por lo menos los consensos mínimos acordados en la elaboración del primer anteproyecto, mismo que parece haber quedado abandonado junto al cuarto de máquinas.
El autor es doctor en Derecho de la Competencia y abogado asociado en el despacho Witker, Hernández y Asociados.