El 15 de mayo iniciaron en Washington, DC, las audiencias públicas sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio norteamericano (TLC) en la economía estadounidense. Por ley, el presidente William Clinton debe informar al Congreso sobre los efectos del acuerdo. Sin embargo, desde su entrada en vigor el 1 de enero de 1994, hasta el momento aquí no se ha realizado una evaluación seria y profunda sobre los efectos del acuerdo comercial en la economía mexicana. Reina, como siempre, la “declaracionitis” de tirios y troyanos.
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Por un lado, es preciso reconocer que la reducción arancelaria, la eliminación de cuotas y la mayor certidumbre de acceso al mercado estadounidense, al amparo del convenio comercial, sí se han traducido en un incremento de las exportaciones mexicanas al mercado más grande del mundo. Después de Canadá y Japón, México es hoy el principal proveedor de mercancías de la Unión Americana. En términos amplios, el comercio de los tres países socios del TLC rebasa ya los $400,000 millones de dólares.
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Pero hay otra cara. La queja de muchos empresarios es que, si bien la parte mexicana ha cumplido puntualmente con todos los compromisos de desgravación asumidos en el TLC, el gobierno nacional ha sido muy laxo para exigir los derechos a sus vecinos. A lo largo de la historia, los estadounidenses se han distinguido por exhibir públicamente el estandarte de la libertad comercial, mientras dan claras muestras de proteccionismo. Vaya si saben de esto los productores mexicanos de cemento, atún, tomates, acero, escobas de mijo, flores frescas, además de los transportistas de carga y de pasajeros, que llevan años enfrentando demandas -antidumping, cuotas compensatorias y hasta embargos.
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Así, los empresarios mexicanos levantan la voz y exigen al gobierno federal revisar integralmente la política general de comercio exterior. Por supuesto, esto no implica que se “reabra” el TLC. Lo único que sucederá es que el debate en el Congreso estadounidense será álgido y México saldrá “raspado”.
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Además, la pasada visita de Clinton a México estuvo lejos de subrogarse a estos términos: fieles a su pragmatismo, los responsables de la política exterior estadounidense buscaron generar un mejor clima para la Unión Americana con vistas a la Reunión de las Américas que se sostendrá en Chile el año entrante. A largo plazo, lo que está en juego es algo fundamental: en Estados Unidos existe preocupación por el bajo perfil de ese país en la región y por los avances de la Unión Europea en América Latina. El Mercosur, por ejemplo, es una iniciativa independiente de Estados Unidos, que sabe que su liderazgo hemisférico está en juego. Queda por verse cómo resolverá ese país el reto de mantenerse como líder en América: si es con una política del -big stick o con la negociación. El TLC es, pues, una apuesta a largo plazo.
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Por lo pronto ya hay señales de cambio. Clinton admitió en conferencia de prensa que el consumo de drogas y el narcotráfico son un problema común para todos los países del continente. Clinton busca aumentar su capital político en América Latina: es el mejor momento para crear una mejor base de entendimiento.
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Al gobierno mexicano le urgen declaraciones respaldadas por hechos. Para generar la confianza requerida, hace falta manejarse sin titubeos. El subdesarrollo es muchas cosas y entre ellas es un estado mental que sólo conduce a la parálisis, a la desesperación y al resentimiento. Estos tres elementos son parte de una esfera radicalmente distinta de la ocupada por el trabajo eficiente y con calidad que el país necesita. A largo plazo, parece inevitable que los dos países deban sentarse a discutir, con serenidad y respeto mutuo, los términos bajo los que se entiende esa cosa abstracta que llaman soberanía.