La falta de vehículos idóneos para canalizar las necesidades de ahorro popular en México se ha puesto de manifiesto. Más de 150,000 ahorradores esperan ahora recuperar el patrimonio invertido en las 24 cajas de ahorro que organizó José Cirilo Ocampo Verdugo, preso por lavado de dinero. Para algunos, el gobierno no previó con oportunidad la protección de los ahorros de personas que, por no tener acceso a la banca comercial, tuvieron que recurrir a otros instrumentos que trabajan sin la debida protección. Las autoridades financieras, por su parte, argumentan que la propia naturaleza de las cajas de ahorro no permitió su intervención. Lo cierto es que “el marco legal diseñado para canalizar el ahorro popular en México no ha sido el adecuado y se debe lograr un marco jurídico que le dé certidumbre”, concede Alejandro Vargas Durán, vicepresidente de Supervisión Especializada de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
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Uno de las deficiencias del marco legislativo es que existen dos figuras que han funcionado desde 1994 para la misma actividad pero bajo distintos criterios. Una de ellas, son las sociedades de ahorro y préstamo (SAP) creadas en 1991 por las autoridades para darle un esquema formal a las cajas de ahorro, cajas populares o cajas solidarias. Estas se tenían que ajustar a un reglamento y a requerimientos mínimos para funcionar como SAP. Posteriormente, en 1994, el congreso modificó la ley general de sociedades cooperativas y permitió que hubiera cooperativas de ahorro y crédito, dotándoles de capacidad para autorregularse mediante el gobierno de sus socios y descartando la supervisión de las autoridades financieras. “Por supuesto, muchas cajas de ahorro se decidieron por el esquema de las cooperativas, de menos obligaciones, compromisos y costos. Ello explica por qué hay sólo 14 SAP y más de 800 cooperativas de ahorro y préstamo”, apunta Vargas.
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Sin poder asegurar que las cajas populares sean fraudulentas, lo cierto es que sí hay un mayor riesgo para quienes ahorran en ellas, porque “no existe un control por parte de ninguna instancia gubernamental sobre sus operaciones”, señala por su parte Javier Gavito, director de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda.
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No obstante, advierte, SAP, uniones de crédito, cooperativas de ahorro y crédito, además de otras entidades sin marco legal, comparten un mismo riesgo al carecer de seguro de depósito. En caso de quebranto los ahorradores pueden perder su inversión o recuperar sólo una parte.
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Cabe mencionar que las uniones de crédito, son entidades autorizadas, reguladas y supervisadas por las autoridades financieras como las SAP, pero a diferencia de ellas, se enfocan a las actividades productivas de micro y pequeñas empresas.
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Para Vargas, de la CNBV, el socio de cualquiera de estas figuras debe tener claro que si obtienen mayores rendimientos que en los bancos es por un “riesgo adicional”, pues un seguro de depósito público repercute en mayores costos para el usuario. Aclara que en el caso de las SAP y uniones de crédito el riesgo disminuye al estar obligadas a trabajar con un capital social mínimo, a generar información financiera periódicamente, a auditar sus sistemas financieros, además de prever órganos de vigilancia en los que los socios deben involucrarse.
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Falta de previsión o no el hecho es que ahora, los ahorradores defraudados por José Cirilo Ocampo tendrán que esperar a que las autoridades auditen las cajas de ahorro para determinar el padrón de los afectados y el monto de sus cuentas.