Cuántas mentiras. Durante los últimos años el gobierno federal ha pregonado que la economía dejó atrás la dependencia petrolera. Hay que admitir que el menú exportador es actualmente más amplio que hace apenas una década, por lo que las ventas foráneas de barriles de crudo ya no son el principal componente –aunque sí muy importante– de las cuentas externas. Pero hay un detalle: 38% de los ingresos fiscales de la federación son generados por el petróleo. De ahí que la crisis internacional de precios esté repercutiendo con fuerza en el gasto gubernamental y no se descarten mayores ajustes durante el año. No puede ser más claro, pues, el sobrepeso de los hidrocarburos sobre la marcha de la economía nacional.
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En el artículo de portada de esta edición pretendemos tomar el pulso a la empresa más grande y controvertida del país, en medio de un oscuro panorama que hace suponer riesgos inflacionarios y devaluatorios, amén de una indudable desaceleración económica en el momento menos propicio. El mayor problema es que Pemex, la gran caja chica del gobierno, al grito de “el petróleo es para los mexicanos”, ha sido una y otra vez ordeñada por el fisco, por sus funcionarios y por su primitivo sindicato, lo cual la sitúa a años luz de los estándares mínimos de modernización y eficiencia para afrontar la competencia global.
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No cabe la menor duda de que, más allá de las historias de corrupción que se han entretejido en su seno, el origen de los males de Pemex se encuentra en el régimen fiscal al que está sujeta. Baste señalar que en 1945 se le retenían la mitad de sus ganancias; actualmente, se le retiene el 93%. ¿Cómo esperar eficiencia y productividad de este modo, cuando las grandes multinacionales del sector reinvierten 40%, en promedio, en modernización, mantenimiento y entrenamiento del personal? Es evidente que esta política de asfixia no es viable.
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Por otro lado, la paraestatal sigue siendo básicamente un exportador de commodities, ausente en la creación de cadenas de valor agregado y, por tanto, sujeto al peligroso vaivén de los precios internacionales. Pemex no puede ser un simple exportador de materia prima no procesada, sin aprovechar las ventajas de la transformación industrial ni generar la riqueza prometida para la nación desde su nacionalización hace 60 años. Ahí está, como mejor muestra, el lamentable estado de la industria petroquímica.
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¿Qué hacer con Pemex? Cualquier respuesta debe despojarse de atavismos ideológicos, que actúan como permanentes candados a cualquier propuesta de cambio. Las opiniones están divididas: algunos proponen únicamente una modificación de fondo de su régimen fiscal; otros, más aventurados, la desean en manos (y en todo caso lo ideal es que efectivamente fuesen muchas) de la iniciativa privada. Deberían analizarse esquemas de pulverización de capital que han tenido éxito en otros países, como España e Inglaterra, por ejemplo. Mientras tanto, el gobierno mexicano evidencia que no tiene siquiera una estrategia de largo plazo en materia de política energética, y mantiene bajo su rectoría exclusiva el desarrollo de una industria básica para fomentar el crecimiento, olvidando por supuesto que todo monopolio actúa como factor de distorsión en la economía. Pemex, dice uno de nuestros entrevistados, “es un microcosmos de México, con sus virtudes y sus vicios”. Lástima que estos últimos sean los de mayor peso.
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