Conforme avanzamos por los territorios vírgenes de la alternancia, el entramado jurídico-institucional del antiguo régimen semeja un campo minado. Casi a cada paso, en cualquier dirección y en prácticamente todos los ámbitos, estallan bombas de tiempo de distinto calibre y capacidad destructiva; artefactos de relojería que, por eufemismo o precaución, hemos definido como vacíos, lagunas y contradicciones del andamiaje legal que regula nuestra vida republicana.
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No se crea, sin embargo, que se trata de una perversa novedad atribuible al cambio de régimen. En 1961 un notable abogado, Manuel Herrera y Lasso, se refería a las deficiencias de forma y fondo, “muchas y de toda índole”, en los artículos de la Constitución: “Por incorrectos desde el punto de vista del lenguaje jurídico; por la contradicción de sus textos; por la inutilidad intrínseca de algunos de ellos y la redundante repetición en otros de normas ya estatuidas; por omisiones sustanciales; por ordenamientos subversivos del régimen constitucional.”
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Hoy, al diagnóstico del jurista tendríamos que agregar las contrahechuras acumuladas en otras décadas de reformas, deformaciones y adulteraciones; ampliar el catálogo de las omisiones y revisar con nuevos ojos aquellos ordenamientos que niegan o neutralizan el espíritu de la ley fundamental. Una tarea de complejidad técnica y política que implicaría, de suyo, la revisión a fondo de los capítulos medulares de nuestra carta magna.
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Pero tal perspectiva no ocupa un lugar significativo en la agenda de los actores políticos nacionales. La reforma integral de la Constitución tendrá que esperar mejores tiempos -¿después de 2003, con un nuevo equilibrio de fuerzas?- o petrificarse en los discursos presidenciales del 5 de febrero como nueva quimera. Mientras tanto, seguiremos respondiendo a botepronto, con las armas de la improvisación y el parche jurídico, al estallido de las minas sembradas durante muchas décadas por el régimen tricolor.
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Este ha sido, por lo demás, el modo tradicional de la política mexicana y el método de nuestra singular transición a la democracia: la imprevisión, el enfoque parcial y cortoplacista, el engendro jurídico que emerge de la vaporera legislativa, la simulación para taparle el ojo al macho y el intercambio de prebendas como remedo del “más amplio consenso”.
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Los ejemplos sobran, unas veces como expresión de la picaresca nacional y otras como severos llamados de atención a la conciencia pública y a la responsabilidad de los actores políticos.
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En el reino de la incuria, a vacíos en la legislación, ganancia de pescadores.
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-El autor es director de Grupo Consultor Interdisciplinario