Moraleja del siglo que fenece: Así como una sociedad democrática exige una economía sana y fuerte –con sentido social, que impulse inversión y empleo–, no hay proyecto de sociedad próspera, generosa, viable en el largo plazo, sin una sólida institucionalidad democrática.
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Ambos sentidos de la fórmula son ineludibles, tal como lo demuestra el fracaso radical, estrepitoso, de los regímenes totalitarios del “socialismo real”. Pero también, sin duda, la enorme fragilidad de los experimentos en la periferia –Chile o los “milagros” del sudeste asiático– donde se impuso de forma autoritaria (incluso violenta, militar) el paradigma modernizador del liberalismo extremo.
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Es posible reprimir, posponer o sublimar –en aras del avance económico y la “estabilidad”– las exigencias de apertura política, generalmente esgrimidas por minorías ilustradas. Pero tarde o temprano los caminos paralelos del progreso material y la formación de una cultura cívica terminan por llegar al mismo punto: el desafío de la libertad, individual y colectiva, contra la institucionalidad petrificada.
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No hay excepciones a la regla. Aquí y en China (Cuba o Indonesia, Sudáfrica o Turquía), los procesos de modernización y reconversión industrial, de mundialización económica y globalización de los flujos productivos, comerciales y financieros, terminan por plantear retos ineludibles al establishment político. No hay atajos o caminos “vernáculos” para esquivar la nueva configuración del mundo real: la libertad de empresa, el mercado libre, la innovación productiva, potencian los deseos comunitarios de libertad y autonomía, la reivindicación y el ejercicio pleno de los derechos humanos, civiles, sociales.
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Entonces, el ideal democrático deviene paradigma universal; se colapsa el hábitat de las especies antediluvianas; la anomalía histórica, en cualquiera de sus versiones, tiene sus días contados.
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Es el caso de México, donde el viejo arreglo institucional –fundado en 1929, consolidado en 1940, colapsado en 1968, desafiado electoralmente en 1988– llegó a la última década del siglo como un vestigio premoderno: corroído por décadas de corrupción “funcional” y monopolio unipartidista, faccioso, de los poderes públicos; incapaz de procesar los conflictos que supone la diversidad política, ideológica y cultural; desbordado por la energía social y la creatividad productiva de un país en acelerada transformación.
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...a la transición
La sociedad, la cultura, la economía, cambiaron a ritmos mucho más acelerados que el sistema político. Los procesos de apertura y liberalización del régimen –operados desde 1970 como respuesta al 68 y sus secuelas– avanzaron con extrema lentitud y sólo en espacios controlables por la burocracia oficial y el partido mayoritario.
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En los años 70 y los primeros 80 se legalizaron corrientes políticas condenadas por décadas a la marginalidad. Se aplicó el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados. Se ampliaron los márgenes de libertad de expresión y crítica (en la prensa, nunca en radio y televisión). Pudo expresarse, con menor riesgo, la disidencia sindical, campesina, popular y municipal.
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No obstante ello, las reformas “políticas” de cada sexenio se circunscribieron casi exclusivamente al ámbito electoral; y aun en éste, fueron parciales y limitadas. El gobierno federal preservó la organización y el control de las elecciones hasta bien entrada la década de los 90. La maquinaria del fraude se mantuvo incólume, incluso en el momento de su mayor fracaso: el “triunfo” en los comicios presidenciales de 1988.
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Para muchos analistas y actores políticos, esta elección se convertiría en el punto de quiebre que acelera los tiempos históricos: el arranque de la transición democrática, la exigencia de transformaciones a fondo, el “parteaguas” que modifica la correlación de fuerzas y replantea el escenario político nacional.
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Entre 1988 y 1999 se reestructura el sistema de partidos, se otorga plena autonomía a la autoridad electoral (IFE), se perfila un nuevo mapa político y se diversifican los espacios de poder. El PAN suma gubernaturas en el centro y el norte del país, además de municipios fundamentales en diversas regiones. El PRD logra sobrevivir al salinismo y en 1997 gana la capital de la república y el segundo sitio en la Cámara de Diputados. El PRI se mantiene como partido hegemónico, pero la declinación de su tendencia electoral se expresa en la pérdida de la mayoría absoluta en la cámara baja y de la “mayoría calificada” en el Senado.
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En menos de una década cambió el rostro político del país. Con las elecciones federales de 1994 y 1997, México cumple la primera etapa de toda transición: contar con un sistema electoral confiable: que el sufragio efectivo recupere –u obtenga por vez primera– la centralidad negada por décadas de autoritarismo y simulación.
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Lo que viene, según los teóricos y practicantes del sentido común, es la consolidación del proceso mediante la construcción democrática del entramado jurídico-institucional para la democracia.
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Obstáculos y retos
Para muchos actores políticos, líderes sociales y analistas, la transición democrática ha llegado a su término: es un hecho verificable en procesos electorales sin mácula, en la competencia partidista y en la pluralidad que define la integración de los poderes públicos. Aun con diferencias de matiz, coinciden con el presidente Zedillo en festejar la nueva “normalidad democrática”.
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Algunos otros, sin negar el grado de avance y la profundidad de los cambios, consideran que la transición agotará sus metas hasta que el país cuente con un diseño institucional plenamente democrático, sustentado a su vez en un nuevo pacto social.
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Sin una reforma integral del Estado; sin una ingeniería constitucional que siente las bases de la nueva gobernabilidad democrática, las condiciones de pluralidad, competencia y equilibrio de fuerzas pueden revertirse: abrir paso al desorden y, más temprano que tarde, a la restauración autoritaria.
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En la perspectiva del 2000 y el primer gobierno del próximo siglo, no hemos logrado resolver asuntos cardinales que hoy aparecen como serios desafíos a la estabilidad política, social y económica.
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Algunos de los focos rojos o asignaturas pendientes:
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Las constituciones mexicanas siempre fueron expresión de sectores y grupos vencedores –excluyentes por definición– en la contienda histórica. La Constitución de 1917 respondió a los intereses de las fracciones hegemónicas de la Revolución y, de este modo, se convirtió en piedra angular del pacto social que dio origen al régimen político. En más de ocho décadas la Carta Magna ha sido reformada, parchada y “traicionada” (según la perspectiva). Su ciclo se cumplió hace mucho tiempo y ya no responde a las necesidades del país.
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Pero aun si se niega el carácter sustancialmente autoritario de la Constitución vigente (garantía de un “gobierno fuerte”, centralizador, con hegemonía inamovible del Ejecutivo), es necesario transformarla radicalmente para sustentar el nuevo pacto social y la gobernabilidad efectivamente democrática. Posponer esta “reingeniería” –que no implica por necesidad un constituyente– sólo contribuirá a incrementar los niveles de vulnerabilidad y riesgo.
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La reforma del Estado no ha concluido. El objetivo es democratizar y fortalecer a los poderes públicos; afinar y/o refundar el sistema republicano de pesos y contrapesos que garantice la separación de poderes y la eficacia en la acción de gobierno; renovar la relación entre los tres niveles de gobierno y revertir la degeneración centralista del “federalismo” mexicano; cambiar las prioridades y colocar al municipio como auténtico eje del desarrollo nacional.
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El poder Ejecutivo sigue ejerciéndose con amplísimos márgenes de discrecionalidad e impunidad, sin controles constitucionales. Es necesario replantear las atribuciones, facultades y prerrogativas de la Presidencia para garantizar su carácter democrático y no dejarlo al arbitrio y la “voluntad política” de quien la ocupe. El debate central tiene que ver con la definición del nuevo régimen: presidencialismo democrático o preeminencia del parlamento. Existen diferentes fórmulas o combinaciones que podrían funcionar para México. En cualquier caso, cada vez es más clara la necesidad de distinguir las tareas de jefe de Estado y las del jefe de Gobierno (separar lo protocolario de lo sustancial).
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Los nuevos tiempos exigen nuevos vínculos y mejores instituciones. Es impostergable una reforma administrativa que acerque el gobierno a la sociedad y, al mismo tiempo, interrumpa los flujos de discrecionalidad y burocratismo que favorecen la corrupción y el uso patrimonial de bienes y recursos públicos.
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Democracia y gobernabilidad van de la mano. El nexo entre ambas puede definirse como la capacidad de las instituciones para garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del proyecto nacional en los ámbitos político, social y económico. En este sentido, se debe regular la operación de los órganos encargados de la seguridad nacional mediante un marco jurídico que contemple la peculiaridad de sus labores y, al mismo tiempo, las necesidades de un régimen plural. La producción de inteligencia para la seguridad nacional debe responder a criterios claramente establecidos: servir al país, a las instituciones de un Estado democrático, no a los intereses de partidos o grupos políticos.
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El nuevo régimen político debe contemplar mecanismos de participación y consulta a la ciudadanía sobre temas que, por su relevancia, comprometen el patrimonio y la soberanía, así como asuntos y materias prioritarias para el desarrollo nacional. Se deben incorporar a la Constitución modalidades de la democracia directa como el referéndum y el plebiscito.
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El Congreso no ha logrado, pese a la pluralidad que lo caracteriza, asumir el papel de contrapeso al poder Ejecutivo. En nuevo equilibrio de poderes debe contemplar no solamente que la Cámara de Diputados ejerzan a plenitud una de sus funciones históricas: la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto federal, sino ampliar esta responsabilidad a la vigilancia y control de su ejercicio. Por otro lado, es necesario clausurar definitivamente una de las mayores fuentes de inestabilidad e incertidumbre: la eventualidad, nada remota, de que esta Cámara no aprobara el presupuesto anual presentado por el Ejecutivo, o que éste ejerciera su poder de veto ante un presupuesto inaceptable por las modificaciones de los legisladores. La probabilidad de una parálisis exige un mecanismo de prevención institucional, una salvaguarda que evite depender de “salidas” coyunturales.
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Deben ampliarse, asimismo, las facultades de la Cámara de Senadores en materia de relaciones exteriores: no sólo conocer lo que hizo el Ejecutivo en el transcurso de un año, sino vigilar y participar activamente en la aplicación y despliegue de una política de Estado, nacional, no partidista ni limitada a las necesidades del gobierno sexenal.
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Garantizada la equidad y la transparencia de los procesos electorales, no hay razón para mantener la no reelección inmediata de diputados y senadores. Una reforma en este sentido promovería mayor calidad, especialización y experiencia en el trabajo legislativo. El nuevo papel que juega el Congreso obliga, en el mismo sentido, a dotar a los representantes populares de todo el apoyo técnico y profesional para el desempeño de su labor ante una realidad nacional e internacional cada vez más compleja y delicada.
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El Poder Judicial debe ser refundado. Sólo así se podrá recuperar la confianza en la autoridad encargada de impartir justicia y de garantizar la plena vigencia del Estado de derecho. No hay otra manera de combatir la corrupción estructural del antiguo régimen. El Poder Judicial deberá ejercer un rol de primera importancia en la construcción y desarrollo de un régimen político de equilibrios y competencia: resolver las controversias entre poderes y niveles de gobierno.
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Es necesario reforzar, actualizar y replantear el federalismo. Fortalecer el municipio como gobierno directo de la comunidad política y como eje del desarrollo nacional. Por ello, se hace necesario ampliar el periodo del gobierno municipal de tres a seis años para asegurar el cumplimiento y la continuidad de proyectos. Se debe impulsar un nuevo federalismo hacendario que dote a los gobiernos estatales y municipales de los recursos necesarios para cumplir sus nuevas responsabilidades. Asimismo, urge desarrollar mecanismos y prácticas que respondan a las nuevas condiciones de pluralidad, competencia y “gobierno dividido” a nivel nacional, estatal y municipal.
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La reforma electoral del sexenio no fue “definitiva”. Un código electoral para la democracia no puede mantener candados que hagan imposibles (o casi) las alianzas, las candidaturas comunes o la posibilidad de candidaturas independientes. De igual forma, resulta imprescindible reforzar los mecanismos de auditoría y control de recursos y fuentes de financiamiento partidista tanto en campañas internas como constitucionales.
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El actual sistema de partidos sobreprotege a los institutos políticos más fuertes y mejor posicionados. Debe abrirse el abanico de opciones y dejar que la ciudadanía, mediante el voto, defina la configuración plural del espectro político nacional, estatal y local. Es necesario, asimismo, replantear la figura de Agrupación Política, atada a la “convergencia” o negociación forzada con los partidos nacionales.
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El papel central de los medios de comunicación en la política nacional e internacional obliga a diseñar un doble marco regulatorio. Por un lado, la “autorregulación” de los medios debe concretarse en códigos de ética, ombudsman de lectores y auditorio (radio y televisión), y en el compromiso público de las empresas con la veracidad, la pluralidad y la formación de una cultura democrática. Por el otro, la reglamentación oficial debe asegurar el derecho ciudadano a la información (pública) y las más amplias garantías para el libre ejercicio periodístico e informativo –desterrando mecanismos y prácticas que hacen posible la censura y el control gubernamental.
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La educación –en la escuela, en la familia, en el mundo laboral, en los partidos políticos y las organizaciones sociales, a través de los medios de comunicación– es un proceso fundamental en la construcción de una nueva cultura política. No es posible imaginar la consolidación de un régimen democrático sin una reforma profunda en las mentalidades, actitudes y prácticas cotidianas. El México del tercer milenio debe promover la educación para la democracia y la paz, la tolerancia y la solidaridad, el respeto a las diferencias y el fin de todo tipo de discriminación.
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Estos puntos no agotan la agenda de los asuntos pendientes. Sin embargo, perfilan las enormes lagunas, vacíos, ausencias y debilidades de nuestra transición.
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A partir de ellos es posible completar la figura trazada en las primeras líneas de este artículo. Es un círculo virtual y virtuoso. Imperfecto, como toda obra humana, pero racionalmente posible: sin democracia no hay desarrollo, prosperidad, justicia y equidad.
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Una democracia con adjetivos: eficaz –para atender las necesidades y responder a las aspiraciones de la sociedad–, sustentable –fincada en una economía sana en crecimiento sostenido– y gobernable –con instituciones que refuercen la estabilidad y la convivencia social-.
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Una democracia que promueva –y se apoye– en un piso mínimo de bienestar social: derechos universales a la salud, la educación, la vivienda y al empleo bien remunerado. Una democracia que garantice la ampliación de las libertades y el respeto a los derechos humanos.
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Una democracia que obligue al rendimiento de cuentas por parte de gobernantes y representantes populares, además de un sistema de control y vigilancia que reduzca los márgenes al ejercicio indebido de la función pública (corrupción, patrimonialismo, conflicto de intereses).
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Una democracia en la que sean los ciudadanos –y no los “poderes fácticos” sin mandato alguno– quienes decidan todas aquellas cuestiones que comprometan el destino del país.
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De ese tamaño son los retos que enfrenta el país en el cambio de siglo. No es extraño, entonces, que la fragilidad institucional se refleje en nuestra relación con el exterior.
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Nunca, como ahora, México había sido tan afectado (positiva y negativamente) por el entorno internacional. Jamás fuimos tan “globalizados” y, a un tiempo, tan inconscientes de la globalización; con políticas no sólo defensivas sino claudicantes, que deterioran las bases de un proyecto nacional autónomo y desaprovechan los márgenes de soberanía relativa que permite el escenario internacional; ayunos de proyectos inteligentes, estratégicos, que nos permitan explotar las ventajas de la globalización y la vecindad con el mercado más grande del mundo.
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Por todo ello, México exige una democracia que responda a los nuevos tiempos de la sociedad mexicana y a las condiciones del entorno mundial globalizado; con valores éticos, compromisos colectivos y responsabilidad con las generaciones venideras. Una democracia con futuro y visión de futuro.