¿Ante quién dan cuentas por su trabajo los organismos de seguridad? Teóricos del Derecho aseguran que en el actual modelo, los procuradores protegen las espaldas del Presidente o Jefe de Gobierno en turno que los designó. “Más que buscar la recta procuración de justicia, buscan actuar en beneficio de los intereses políticos de sus jefes”, afirma Luis de la Barreda, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y actual director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI).
- Darle mayor autonomía otorgaría más libertad al funcionario para responder frente a su trabajo y no frente a la autoridad inmediatamente superior. Además generaría una mayor eficiencia y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, tanto en la Procuraduría General de la República (PGR) como en los organismos de seguridad del Distrito Federal.
- Un ejemplo menor, pero real: las cifras oficiales de delincuencia tienen la facultad de encoger según avanza la administración. Los titulares discuten sobre su eficacia relativa contra el crimen. En México no existe una encuesta oficial pública de victimización y no se divulgan los resultados de las confidenciales. Hacer lo contrario es una práctica extendida en todo el mundo y de gran utilidad para el diseño de políticas criminológicas.
- LAS PROPUESTAS
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- El funcionario, llámese procurador o fiscal general de la Federación, debe tener autonomía presupuestaria y de gestión y poder reelegirse para que haya continuidad en las acciones sobre seguridad. Es uno de los puntos incluidos en la propuesta gubernamental de reforma de la Justicia.
- El Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, hoy propuesto al Presidente por el Jefe de Gobierno, debe ser un funcionario de servicio civil. El hecho de que sean cuadros políticos puede afectar negativamente la permanencia y la calidad de las políticas de seguridad.
- La autonomía del fiscal debe tener el contrapeso de un consejo donde estén personajes de la más alta calidad moral y profesional. Por ejemplo, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, y un académico de mucho prestigio.
- Comisionar al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) la elaboración de encuestas de victimización fiables, bajo un esquema de independencia.
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Fuentes: Luis de la Barreda, presidente del ICESI; Mario Arroyo, investigador del (CIES), en “Evaluando la Estrategia Giuliani”.