Las medidas de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria anunciadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), el pasado 9 de mayo, fueron recibidas con cierta decepción por los diversos organismos copulares del sector empresarial, al igual que por un número importante de analistas y consultores económicos.
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Lo anterior se debe a que el pequeño paquete de medidas de promoción industrial instrumentadas por la Secofi, se puede caracterizar funcionalmente como un grupo de medidas de carácter pasivo y más orientado a resolver los problemas de desregulación para el establecimiento y organización administrativa de la actividad empresarial, que a la atención de la problemática operativa de las empresas.
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Además, se tiene la percepción de que las medidas anunciadas presentan un fuerte sesgo en favor de las empresas que se encuentren en condiciones de exportar, ya sea en forma directa e indirecta, excluyendo a la gran mayoría de no exportadoras.
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Dos carencias básicas del programa de apoyo son la ausencia de mecanismos de fomento industrial activo y la dispersión de las medidas que no llegan a constituir un cuerpo coherente de política industrial.
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De este modo, muchas de las demandas planteadas por las diversas agrupaciones industriales para superar los principales cuellos de botella que frenan el desarrollo de la competitividad de las empresas se quedaron en el tintero. Entre estos cuellos de botella destacan la ineficiencia de los sistemas de defensa contra las prácticas desleales de comercio internacional, la permeabilidad y corruptibilidad de las aduanas, el impacto sobre la capitalización de las empresas del Impuesto Sobre el Activo, los problemas de falta de liquidez y la carestía del financiamiento, la insuficiencia del mercado interno, los bajos niveles tecnológicos y de capacitación, así como las serias deficiencias en infraestructura, energía, comunicaciones y transportes.
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Así las cosas, la insatisfacción empresarial se ha canalizado en forma rápida a través de diferentes documentos y propuestas presentadas recientemente al presidente Ernesto Zedillo. La exigencia de los empresarios se centra ahora en la necesidad de ser escuchados y tomados en cuenta para la elaboración de una política industrial activa, capaz de promover y armonizar eficazmente los intereses de la planta productiva nacional en su totalidad. Esta oportunidad se haya en la próxima concreción del Plan Nacional de Desarrollo 1995‑2000.
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