Tijuana-San Diego. La Difícil Coexisten
Baja California vive más allá de su propia frontera. A diferencia del resto de la franja binacional México-Estados Unidos, en esta parte noroccidental hay dos ciudades identificadas geográfica y económicamente desde hace más de un siglo: Tijuana y San Diego. Lo que le sucede a una le afecta a la otra, y viceversa; situación curiosa y única, tratándose de dos economías que no hablan el mismo idioma.
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Es contundente que, por ejemplo, mientras que en 1994 la cámara de comercio de San Diego registró una derrama económica en el sur de California de $2,400 millones de dólares hecha por mexicanos —78% de ellos residentes en Baja California— -y 5.4 millones de cruces legales al mes para efectos de compras, turismo o trabajo, la -cámara de comercio de san Ysidro, en la voz de su presidente, Alberto R. García, reportó que en 1995 “la economía sandieguina se derrumbó 38% en promedio con respecto a 1994”, como consecuencia del inicio de la llamada “Operación Guardián”, de la aplicación en California de la ley 187 y de la devaluación del peso en diciembre de ese año. En suma, en 1995 la derrama económica se redujo a alrededor de $1,500 millones de dólares, lo que repercutió negativamente en ambas economías, incluso a nivel estatal.
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El papel de los indocumentados
-De acuerdo con El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), con sede en Tijuana, mientras que California gasta de su presupuesto un promedio de $8,000 millones de dólares anuales en los “ilegales”, éstos y sus familias le generan a ese estado ganancias por unos $31,000 millones de dólares considerando la relación entre sus ínfimos salarios y sus jornadas laborales. En tanto que en Baja California —el estado con menor desempleo y mayor inversión educativa de México— con sus ahorros y su trabajo los aspirantes a indocumentados y los deportados aportan al circulante estatal cientos de miles de dólares mientras llega el momento de cruzar la frontera o bien quedándose a vivir ahí. A un trabajador del interior de la República le cuesta, desde Michoacán por ejemplo, el equivalente a $750 dólares llegar a la frontera y conseguir en el primer intento quien lo lleve del otro lado. “No debemos ni avergonzarnos de los indocumentados y mucho menos despreciarlos porque a ellos les debemos mucho de la gran dinámica que hay aquí”, dice Jorge Bustamante, director del COLEF.
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Mientras que en 1994 —antes de la “Operación Guardián” implantada en octubre de ese año— en promedio un aspirante a indocumentado lograba cruzar hasta en el tercer intento, hoy, con casi 1,600 elementos de la Patrulla Fronteriza, 300 de la guardia Nacional, 200 del Ejército de Estados Unidos y agentes especiales de la Drug Enforcement Agency (DEA) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) estos aventureros saltan, escalan, nadan y casi vuelan para lograr su cometido en el noveno intento cuando menos. Para evitarlo, estos cuerpos policíacos están equipados con sensores de movimiento en tierra, telescopios infrarrojos para visión nocturna, video con circuito cerrado, helicópteros y patrullas. Nunca antes una frontera en el mundo había sido tan vigilada en tiempo de paz.
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Contra lo que cabría esperar del Tratado de Libre Comercio (TLC), su aplicación le quitó a Baja California y a toda la franja fronteriza mexicana su estatus de zona libre al imponer nuevos impuestos, sujetos a sus tiempos y modalidades, que convirtieron en problemática la comercialización de bienes y servicios que antes resultaba benéfica. El 18 de diciembre de 1995, llegado el día del libre tránsito internacional para el transporte de carga de los países firmantes del tratado, los transportistas mexicanos se toparon contra la férrea oposición de sus similares estadounidenses, organizados en el sindicato más poderoso de Estados Unidos, quienes son secundados por el gobierno estadounidense en su argumento de incumplimiento de las normas de seguridad para transitar en los -freeways.
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Pero si bien el 50% de los cruces de indocumentados se realizan por su territorio, Baja California —con casi tres millones de habitantes— también cuenta con más del 40% de la industria maquiladora fronteriza (en constante crecimiento) y, por tanto, con la mayor demanda de mano de obra.
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En 1995, en plena crisis nacional, la entidad “recibió una inversión extranjera en infraestructura de varios cientos de millones de dólares, la que permitió una ascendente oportunidad de empleo bien remunerado”, dice Benjamín Castillo, ex presidente de la Canaco en Tijuana.
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Representantes oficiales de Corea, China, Filipinas y Japón han visitado esta parte de la frontera en el último trimestre, comprometiéndose a invertir de manera inmediata en la región. Los países de la Cuenca del Pacífico saben que Baja California es un lugar estratégico para invertir sus dólares y para estar cerca de Estados Unidos, su máximo competidor.
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El estigma del narco
-Como ocurre con la emigración, la cercanía con las ciudades de San Diego y San Ysidro es utilizada por narcotraficantes para sus intereses. Una vez que logran cruzar, los indocumentados se -camuflagean con la población México-americana legalmente establecida. Lo mismo hacen los narcotraficantes. Sus escondites están cerca, sus traslados de mercancía se hacen con mayor discreción, la distribución es menos notoria y la corrupción se puede negociar antes de cruzar la línea. No obstante que los cuerpos policíacos tienen implementados en esta parte de la frontera distintos planes de recuperación de narcóticos a varios niveles. En la “Operación Guardián” existe una sub-operación denominada Intercepción, destinada a detener a narcotraficantes en progreso —que ya cruzaron pero que han sido detectados— y a los llamados traficantes de -indocumentados, comúnmente conocidos como polleros.
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La DEA y el FBI, por su parte, mantienen en toda la frontera sur de estados unidos un plan de desintegración de mafias de narcotraficantes conocido como ice green —hielo verde—. Los agentes se integran a las bandas para llegar hasta las cabezas, cuyas operaciones van desde el simple transporte o la distribución, hasta el lavado internacional de dinero, con actividades que pueden extenderse a Bahamas, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México.
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Por parte de México, en la zona participan la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), el Grupo Táctico Beta y la Secretaría de la Defensa Nacional (Seden) en el combate directo al narcotráfico.
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Pero más allá de todo esto, Baja California es un camino a la oportunidad.