No hace falta decir que el tema de la sucesión presidencial está de moda. Más allá de analizar el fenómeno desde un punto de vista anecdótico, el hecho tiene sin remedio implicaciones que afectan directamente el comportamiento económico del país. En ese sentido, México corre el riesgo de sumar a su cadena de infortunios económicos el relevo político del año 2000. Porque, contrario a lo que sucede en otros países modernos –donde este tipo de comicios son percibidos (al menos) como una esperanza de mejoría para sus habitantes–, aquí una creciente mayoría de ciudadanos, sobre todo aquellos que trabajan como empresarios, hacen ya planes para protegerse de devaluaciones, caídas bursátiles en picada, inflación disparada, etcétera. El oscuro origen de todos estos temores es esa Caja de Pandora que es el sistema político, de la cual emergen demonios, “malosos”, emisarios del pasado y demás fauna nociva, cuyo efecto final se resume en una palabra: incertidumbre.
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El recuerdo de los dos últimos y accidentados relevos presidenciales no deja lugar a mucho optimismo (“la mula no era arisca”, dice el dicho). Es un hecho que, hoy por hoy, no existen garantías que den lugar a pensar que la política (o sus hermanas feas: la politiquería y la grilla) en tiempos electorales no incidirá sobre las variables económicas. No han sido pocas las voces, dentro y de fuera del país, que en las últimas semanas han expresado –algunas de modo exasperado– la necesidad de no supeditar las decisiones de política económica a la coyuntura electoral.
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Organismos privados como la Coparmex, en voz de su presidente Alberto Fernández, enumeró lo que a su parecer son los temas más candentes que podrían provocar una crisis sexenal y en donde los partidos políticos tienen presencia directa: ausencia de una verdadera reforma fiscal, la politización del IPAB, el conflicto en la UNAM, la apertura del sector eléctrico...
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En un ambiente tan caldeado como el actual, no extraña que personajes tan disímbolos como pueden serlo empresarios y cierto tipo de políticos clamen por un pacto nacional entre el Legislativo y Ejecutivo y exijan seguridad jurídica a la política económica.
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Resulta imperativo. Ya no se puede permitir que, con impunidad, las autoridades maquillen alegremente variables como la inflación o tipo de cambio, para “ayudarle” al candidato oficial. Este tipo de ardides más temprano que tarde quedan en evidencia, acentuando la crónica falta de credibilidad en el gobierno y dándole paso a una realidad que no concuerda con lo ofrecido (como ocurrió con “Bienestar para la familia”).
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Los empresarios, ciertamente, pueden hacer mucho más que exigir un cambio sexenal de terciopelo. Incluso, ampliamente entendida, su responsabilidad social debe ir más allá. Ya no es válido acatar ciegamente a una autoridad que sólo se preocupa por el “bienestar” a la hora de solicitar el apoyo a sus candidatos.
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Es de todos sabido que varios de los más prominentes representantes de la iniciativa privada respaldan a políticos de bandera diversa, o dan su apoyo a importantes decisiones gubernamentales. Ideologías aparte, lo menos que deben exigir a cambio, en nombre propio y de la sociedad, es certidumbre, claridad.
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