¿David contra Goliat?
El 461,743 es su número de la suerte. Así puede considerarlo Celia Reyes –una viuda de 84 años, originaria de Morelia, Michoacán– porque podría convertirse en una especie de billete de lotería con el premio mayor más grande que se haya pagado en el país: $440,000 millones de pesos; una fortuna casi cinco veces mayor a la de Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina.
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Esa cifra corresponde a un recibo de depósito por $54’072,000 viejos pesos (equivalentes a $54,072 pesos actuales) que Reyes invirtió en el Banco del Atlántico el 18 de febrero de 1988, en la ciudad de México. Tal suma, junto a otro plazo fijo de $5 millones de viejos pesos ($5,000 actuales) del 7 de enero del mismo año, dio lugar a un litigio en contra de la institución bancaria. En el juicio ordinario mercantil, la ahorradora ya ha ganado dos rounds y hasta ahora lleva la delantera para cobrar la estratosférica cantidad, según explica Víctor Blake, el apoderado legal de la demandante.
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El 24 de mayo pasado el organismo interpuso un juicio de amparo directo –que sigue en proceso– en contra de la resolución de la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que el 30 de enero de 2001 lo condenó a pagar a la querellante el monto que resulte actualizado. El banco apeló la ratificación de esa sentencia –que tuvo lugar el 2 de mayo– y pide que se reponga todo el procedimiento.
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La discordia se desencadenó en 1997, cuando la viuda trató de retirar los ahorros que había invertido nueve años antes. En un contexto financiero muy diferente al actual, la tasa de interés fijada en 1988 era 149.35% anual para el depósito mayor y 124.35% para el menor, porcentajes normales en aquel entonces.
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Los documentos exhibidos por el asesor –copias de los recibos de depósito citados– contienen la frase impresa: "La renovación se realiza por el mismo capital vencido más incremento de los intereses al vencimiento y al plazo originalmente pactado." Por ello, Blake sostiene que las instrucciones precisas de los ahorradores fueron reinvertir capital e intereses, la clave en la que se basa para calcular el total actualizado.
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Reyes pensaba que los dos documentos seguían reinvirtiéndose cada 32 días, como estaba pactado en el contrato, pero Jaime Farrell –de Farrell y Sáinz Abogados, despacho que representa a Banco del Atlántico en el juicio–, argumenta que se renovó la inversión a sucesivas tasas de interés menores y que luego el total se canceló. Asegura que tales movimientos se realizaron por instrucciones de la interesada, pero el apoderado de la demandante lo niega.
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En recibos presentados por Reyes, figuran como titulares de la cuenta ella y su fallecido esposo, Walfre Nieto. Entre los papeles aportados por Farrell hay un contrato a plazo fijo, bajo el cual se habrían hecho las colocaciones, donde Celia aparece como primera titular, su marido como segundo y los hijos del matrimonio –Celia Nieto Reyes y Mario Nieto Reyes– como cotitulares. La parte acusada sostiene que los ahorros fueron retirados en dos tramos por este último, en su carácter de coautorizado.
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Según las reproducciones documentales que mostró el banco, la inversión de $54,072 pesos –incluidos los intereses acumulados–, sumaba $71,468.41 pesos al 21 de junio de 1988, fecha en que –a decir del defensor– los titulares cobraron el dinero en efectivo y lo depositaron en una cuenta de cheques de Mario Nieto Reyes.
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La colocación de $5,000 pesos –también de acuerdo con el Banco del Atlántico– aumentó luego a $10,000 pesos y fue retirada por los titulares en julio de 1989.
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Farrell asegura saber incluso en qué se usó el dinero que fue sacado de la cuenta: sostiene que el hijo de la viuda lo invirtió en varias empresas, entre otras la Fundidora Tres Marías.
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Descuido fatal
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Según el representante legal de la firma, por un error del anterior despacho que llevó el caso, la prueba de que las inversiones fueron pagadas no se exhibió en el momento en que el trámite lo requería. "Fue un lamentable error el que generó este enredo judicial. Se fue el término probatorio, ya no podrá comprobarse esa entrega. Desgraciadamente, al abogado que llevaba el caso se le fue el tren. No obstante tener todos los documentos, hemos pasado las de Caín con otros argumentos, porque desgraciadamente la retribución ya no se puede hacer valer", se lamentó. Y agregó que la confusión tuvo lugar "porque el Banco del Atlántico fue tomado en administración por Bital y toda la documentación quedó en el Jurídico".
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Desde el punto de vista de Farrell en la demanda de Blake hay "una absoluta falta de ética. El banco ya pagó, y cobrar dos veces una deuda es inmoral y además puede ser constitutivo de un delito".
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Sin embargo, Blake lo pretende desmentir argumentando que la institución nunca habría pagado a alguien sin recoger el documento. "Es como si una persona dijera: ‘vengo a cobrar un cheque que tengo en mi casa, págamelo’. Y el banco respondiera: ‘sí, aquí tienes’."
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Exhibiendo un duplicado del depósito de $54,072 pesos, el apoderado de la ahorradora enfatiza: "Aquí está una copia del documento, está a nombre de Celia Reyes de Nieto y Walfre Nieto Bermeo, ellos son los titulares. El banco dice que pagó a Mario Nieto Reyes, hijo de ellos. No era titular y [según la organización] lo pagaron sin recoger el documento, el día que no vencía y además quedó registrado como depósito, en vez de como transferencia. ¡Es un verdadero cuento chino!"
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El caso es por sí solo muy complejo, pero hay otro factor que lo enreda aún más: la compra de Banco del Atlántico por Bital.
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El 23 de diciembre de 1997, éste firmó un acuerdo con aquella institución, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Fobaproa (predecesor del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario –IPAB–), con el fin de adquirir 100% de sus acciones.
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A casi cuatro años de haber iniciado las negociaciones, finalmente el 2 de octubre pasado la Junta de Gobierno del IPAB aprobó la conclusión del saneamiento de Banco del Atlántico (operación que detenía la transacción) y el contrato definitivo se firmaría antes de fin de año. Aunque no se ha declarado abiertamente por los involucrados en el trato, todo parece indicar que si el banco pierde el juicio de amparo, será el IPAB el que se haga responsable de la deuda.
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La fórmula mágica
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La pregunta que muchos se hacen es cómo es posible que $60,000 pesos se transformen en una cantidad mayor a las reservas del propio Banco de México.
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Calculadora en mano, Blake dice que se trata de una simple regla de tres, de interés compuesto, que ha sido avalada dos veces por el sistema judicial; al final de cada periodo se acumula el interés al capital, cuyo total es el nuevo monto sobre el que se calculan los nuevos intereses. Es como el llamado anatocismo previsto en la legislación, que aplica esa fórmula a los créditos que los bancos otorgan a sus clientes.
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Esto es así porque "la instrucción de Celia Reyes y de Walfre Nieto era reinvertir capital e intereses al vencimiento del plazo", dice el abogado. Es un convenio por el cual si no se retira el capital los intereses deben ser reinvertidos automáticamente en las mismas condiciones.
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Farrell acepta que es válido ese concepto; en lo que disiente es en el cálculo de intereses y en la cantidad. "La cifra de $440,000 millones de pesos que [el apoderado] reclama está fuera de toda proporción."
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Blake explica que al Banco del Atlántico le queda el recurso de amparo. "Ellos van a alegar que la sentencia que los condena está mal hecha. Eso es lo que tienen que decir, pero no tienen un solo elemento que les sirva. Esta será la última puerta que puede abrir el banco. Si la justicia les niega el amparo, serán condenados a pagar a la viuda."
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En el juicio "hemos planteado bien nuestros argumentos y hasta ahora no los han apreciado bien ni la juez de primera instancia ni la autoridad mayor, que es el Tribunal Superior de Justicia, la cuarta sala", reniega Farrell.
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¿Negociación?
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"Ganamos primera y segunda instancias, el testimonio pericial. La única prueba que ellos ofrecieron la ganamos y tuvieron que desistir. Les hemos ganado todo en los juzgados", presume Blake.
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A pesar de la seguridad que manifiesta, como reconoce que la suma es impagable, comenta que su representada está dispuesta a negociar con el banco, aclarando que éste malinterpreta esa posición abierta a platicar como un reconocimiento de que se ven perdidos.
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Su contraparte sostiene que la institución no negociará. Acepta que podría encontrarse con su oponente, pero sólo para analizar el tema de los intereses. "Cuando él quiera lo hacemos, porque el banco no tiene cómo pagarles esa cantidad. Es un organismo en liquidación."
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Mario Alberto Canales, abogado que trabaja en la defensa de Reyes conjuntamente con el apoderado legal, afirma que el amparo solicitado por el banco presenta deficiencias técnicas, porque 90% del contenido introduce elementos que no forman parte de la demanda inicial. A pesar de todo eso, Blake admite que existe la posibilidad de que la institución bancaria gane el amparo, lo cual significaría que se repusiera el procedimiento.
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Sin embargo –añade– el demandado tiene otras obligaciones. Aparte de esperar la sentencia en el juicio, el asesor de la viuda asegura que el Atlántico tiene otro pendiente: de acuerdo con un cálculo actuarial, el banco deberá crear reservas por $26,400 millones de pesos, para hacer frente a riesgos contingentes en este litigio.
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En caso de resultar favorecido con el juicio de amparo, el apoderado de Celia Reyes confiesa que estaría dispuesto a intercambiar el monto total de la deuda que reclama a la institución bancaria por el conjunto de sus créditos hipotecarios de vivienda y de pequeña y mediana industria.
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Muchos de esos deudores "han abierto fideicomisos para tratar de comprar su cartera al IPAB, pero el instituto sólo la vende a las administradoras, no a ellos directamente. Nosotros –explica el abogado– seríamos ese intermediario, pero también sus aliados para que pagaran lo justo."
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No obstante, el abogado de Banco del Atlántico censuró esa propuesta: "Ellos tratan de hacer un Barzón a costillas del gobierno federal, y eso no se vale."
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El caso es tan oscuro que hasta la Procuraduría General de la República ha tomado cartas en el asunto al solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que intervenga en el juicio, pedido que ésta rechazó.
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La decisión judicial, la eventual negociación, todo, apunta hacia un final totalmente incierto.
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