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¿De dónde saldrá el dinero?

El IPAB tendrá dos funciones básicas: velar por la estabilidad del sistema financiero y lograr la

Fue el debate más largo e intenso de los últimos años. Fueron nueve meses - de gritos en el Congreso y de negociaciones entre diputados opositores y altos - funcionarios de las secretarías de Hacienda y Gobernación. Finalmente, el - polémico asunto del multimillonario rescate financiero salió del atolladero - político.

- Ahora, con la creación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario - (IPAB), surge un nuevo régimen de salvaguardas de depósitos, en el que las - instituciones financieras dejarían de contar con el apoyo gubernamental - ilimitado y serían las primeras en asumir sus propios riesgos, tal y como - sucede en la mayoría de los países.

- El IPAB revisará y reordenará las operaciones del Fondo Bancario de - Protección al Ahorro (Fobaproa), el fideicomiso mediante el cual el gobierno - contrajo una deuda de $60,000 millones de dólares para evitar la quiebra - bancaria y la desaparición del ahorro, tras la crisis que desató la - devaluación de 1994. La mayor parte se destinó a la compra de cartera - vencida.

- Con la ley que dio origen al IPAB, afirman los diputados, se busca alcanzar - una mayor transparencia, eliminar el margen de discrecionalidad con que actuó - el gobierno, así como sentar reglas y procedimientos a seguir en el caso de - una nueva crisis bancaria. El nuevo estatuto otorga un papel de supervisor al - Poder Legislativo y prevé medidas para reducir el costo del rescate de los - bancos.

- Sin embargo, algunos aspectos torales –como la forma en que los bancos - asumirían un mayor riesgo en la cobranza de los créditos o la disminución - gradual de la cobertura de seguros de depósitos– serán definidos por el - IPAB en los próximos meses.

- El IPAB tendrá dos funciones principales: velar por la estabilidad del - sistema financiero y lograr la máxima recuperación de la cartera vencida. - Pero, ¿cómo lo hará?

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- “Tendrá que encontrar una fórmula que consiga este equilibrio, sin poner - en predicamentos al sistema bancario. Ese es el meollo del asunto”, comenta - un alto funcionario gubernamental, cercano a todo este proceso de - reconversión, y quien pidió no ser identificado.

- - Los dolores de parto
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Cuando estalló la crisis financiera en 1995 y las tasas de interés se - elevaron a niveles estratosféricos, el gobierno acudió al rescate de los - bancos recién privatizados. Agobiadas por los altos índices de morosidad, las - instituciones se vieron al borde del colapso. Muchas sufrieron penurias por su - pobre administración o insuficiente capital; otras cayeron en desgracia por - los manejos fraudulentos de sus nuevos dueños, como Banpaís, de Ángel “El - Divino” Rodríguez.

- A través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el gobierno - intervino una docena de bancos para sanearlos y diseñó planes de - capitalización para aquellos que tenían mejores posibilidades de sobrevivir.

- El Fobaproa, un fideicomiso del Banco de México (Banxico), adquirió más - de un millón de créditos del sistema bancario para aligerar la carga de la - cartera vencida. Pero como el gobierno no tenía suficiente liquidez, el Fondo - entregó a los bancos pagarés a un plazo de 10 años y con una prima.

- Bajo este complejo esquema, los bancos se comprometieron a administrar y - cobrar dichos créditos, mientras el Fobaproa conservó la titularidad de los - mismos. En la medida en que las instituciones recuperaran los pagos vencidos, - el monto de los pagarés del Fobaproa iría disminuyendo.

- El costo global del rescate bancario, incluyendo los pagarés, las acciones - de saneamiento y los programas de apoyo a deudores, ascendió a $552,000 - millones de pesos –14.4% del PIB– en febrero de 1998.

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- En marzo de ese año, el presidente Ernesto Zedillo decidió que la mejor - forma de resolver el problema de los pasivos del Fobaproa era convertirlos en - bonos de deuda pública, y crear dos entidades: una que garantizara los - depósitos y otra que supervisara la recuperación de los créditos.

- Convencido de que de este modo se podrían vender los bonos en el mercado - secundario y mejorar los plazos de vencimiento, el mandatario envío una - iniciativa al Congreso. Pero los legisladores de oposición, que por primera - vez en la historia tienen la mayoría parlamentaria, la rechazaron - tajantemente.

- Fue entonces cuando los diputados exigieron la rendición de cuentas y - demandaron que fueran auditadas las operaciones del Fobaproa. Fue también - entonces cuando se buscaron soluciones alternas y comenzó a gestarse el IPAB.

- Los diputados llegaron a un acuerdo y diseñaron un programa de auditorías - que, además del Fondo, incluye a la CNBV y al Banxico. En septiembre, los - legisladores contrataron al auditor canadiense Michael Mackey y - le encomendaron la gigantesca tarea de fiscalización.

- Pero quedaba pendiente el asunto de los pasivos. El PRD exigió que no se - diera solución a este tema hasta que se conociera el resultado de las - auditorías y radicalizó su posición. El pan decidió negociar con el PRI y - el gobierno para promover su iniciativa de Ley de Protección al Ahorro - Bancario, la cual consideraba una sola entidad para garantizar los depósitos y - supervisar la recuperación de la cartera vencida: el IPAB.

- - Vocación y vigilancia
- El IPAB, que ya había iniciado actividades por estos días (la primera - semana de marzo), es un organismo público descentralizado con personalidad - jurídica y patrimonio propios. Sus recursos provendrán de una partida anual - que le asigne el Congreso, así como de las cuotas ordinarias y extraordinarias - que se fijen a los bancos.

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- La dirección del Instituto recaerá en la Junta de Gobierno, la cual se - compone de siete vocales: cuatro de ellos fueron propuestos por el presidente - Zedillo y al cierre de esta edición aún no habían sido aprobados por la - Comisión Permanente del Congreso; los tres restantes son el secretario de - Hacienda y los representantes de la CNBV y Banxico. Habrá un secretario - ejecutivo que pondrá en práctica las resoluciones tomadas por la Junta.

- Las decisiones de la Junta serán tomadas por consenso y no en petit - comité, como ocurría en el Fobaproa. A diferencia del fideicomiso del - banco central –que no fue auditado en sus primeros años de actividades– el - nuevo instituto será observado con lupa desde el principio. Tendrá que enviar - anualmente un informe de sus operaciones a la Cámara de Diputados y sus - estados financieros serán analizados por la Contaduría Mayor de Hacienda, el - brazo fiscalizador del Congreso. Los legisladores podrán citar a comparecer al - secretario ejecutivo para exigir explicaciones.

- De entrada, el nuevo organismo se hará cargo del programa de saneamiento de - los bancos que fueron intervenidos por el gobierno. El Fobaproa transferirá al - IPAB la titularidad de la “cartera de saneamiento”, para que éste se - encargue de recuperarla, a través de la venta de los créditos. En este caso - no hay otro camino que vender los activos, puesto que la mayoría de los bancos - intervenidos –como Banco Unión, Banco Obrero y Banco de Oriente– se - encuentra en proceso de liquidación.

- En cambio, la transferencia del llamado “programa de capitalización y - compra de cartera” tomará un camino diferente, toda vez que está sujeta al - resultado de las auditorías del Congreso.

- Una vez concluidos los dictámenes del auditor canadiense, el IPAB decidirá - cuáles de estos créditos –avalados originalmente por el Fobaproa– - respaldará en su totalidad y cuáles no. La Junta de Gobierno hará una - reclasificación de los créditos auditados y aquellos que obtengan el visto - bueno serán respaldados con nuevas garantías que emitirá el Instituto.

- - La lista de pendientes
- La Junta de Gobierno deberá definir, a más tardar en abril, las llamadas - “reglas generales”: el esquema que regirá el intercambio de los pagarés - del Fobaproa por las nuevas garantías del IPAB.

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- La ley prevé que una vez terminadas las auditorías, los bancos que - ingresaron al programa de capitalización “podrán optar” por cancelar las - operaciones que mantenían con el Fobaproa. Para recuperar la titularidad de - los créditos –y los derechos sobre el cobro de los mismos– los bancos - deberán regresar los pagarés al Instituto. Pero éste seguirá siendo el - garante de esa cartera, por lo que emitirá un nuevo instrumento.

- Aquí es donde la Ley de Protección al Ahorro Bancario dejó pendientes - asuntos clave, como la mecánica con la que se emitirán las nuevas garantías - y la definición del llamado loss sharing, el riesgo compartido por la banca y - el gobierno en la cobranza de los créditos.

- Cuando se firmaron los primeros contratos de compra de cartera entre el - Fobaproa y los bancos participantes en el programa de capitalización, se - acordó un riesgo compartido estimado en 75% para el gobierno y 25% para las - instituciones financieras. No está del todo claro si así lo asumirá el IPAB.

- En el inciso c) del artículo quinto transitorio, la ley establece que el - Instituto y los bancos acordarán un “mecanismo propicio” para que el costo - derivado de los créditos que no se cubran en su totalidad “se absorba - preferentemente con cargo a las instituciones y por el sistema financiero”.

- Cada quien tiene su propia interpretación sobre este inciso. “Se buscará - que aumente el riesgo de los bancos en la cobranza de la cartera y no como - estaba antes, que era 75% Fobaproa, o sea, el gobierno”, afirma el diputado - panista Fauzi Hamdan, quien negoció la Ley con las autoridades. “Si no se - cobra toda la cartera, los bancos apoquinan, capitalizan. De eso, no hay duda.”

- Pero en los círculos gubernamentales no se piensa igual. “No deberían - alterarse las fórmulas. La ley no dice nada sobre el incremento de la - participación de la banca en las pérdidas”, dice un alto funcionario.

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- Otro pendiente importante que deberá resolver el IPAB es la definición del - régimen transitorio para reducir las obligaciones garantizadas. El gobierno, a - través del Fobaproa, garantizaba una amplia gama de operaciones del sistema - bancario, con el propósito de proteger los intereses del público ahorrador. - Todos los depósitos eran amparados bajo el régimen anterior. Ahora, con el - IPAB, se eliminará gradualmente el monto y el tipo de las obligaciones - garantizadas por el Fobaproa, hasta establecer un tope al seguro de - protección.

- A partir del último día de diciembre del año 2005, el Instituto sólo - garantizará un importe de 400,000 UDIS por depositante, no importando si se - trata de una persona física o moral. Las operaciones pasivas como depósitos a - la vista e inversiones a plazos quedarán amparadas; en cambio, los créditos - interbancarios o aquellos que involucren a accionistas de los bancos y/o - sociedades relacionadas, quedarán excluidos del seguro de protección.

- A más tardar el próximo mayo, el IPAB tendrá que publicar en el Diario - Oficial el régimen de transición de las obligaciones garantizadas. Con esta - medida se busca que los bancos hagan más transparentes sus balances y sean - más cuidadosos en el otorgamiento de los créditos. Asimismo, se pretende - despertar una mayor cultura financiera entre los usuarios, desde los clientes - pequeños hasta las tesorerías de las grandes empresas.

- “En el largo plazo será mejor para el país y para las mismas - instituciones, porque los bancos tendrán que ser competitivos y rendir cuentas - no sólo a sus accionistas, sino a los ahorradores; en el corto plazo la - desventaja es que los bancos estarán en una situación muy débil”, opina - Víctor Herrera, director general de Standard and Poor’s México.

- El Fobaproa entregó pagarés a estas instituciones por un monto cercano a - $100,000 millones de pesos, de los cuáles $65,000 corresponden a Bancrecer.

- La nueva Ley y el IPAB no han estado exentos de críticas. Entre los que han - seguido la problemática del rescate bancario existe escepticismo. Se pone en - duda que, con las medidas adoptadas, se pueda reducir el costo fiscal del - rescate bancario y se piensa que cualesquiera que sean las decisiones que tome - el Instituto –emitir deuda o expedir garantías indirectas con apoyo - presupuestal– el contribuyente seguirá pagando los platos rotos...

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- Marcelo Ebrard, diputado independiente y uno de los más severos críticos - de la nueva ley, advierte que a diferencia de las soluciones adoptadas en otros - países donde han ocurrido crisis bancarias, en México el arreglo - institucional del IPAB no dejó satisfechas a las fuerzas políticas. “El - arreglo no durará, se tendrá que revisar, porque nadie quedó contento. Los - del Fobaproa están que se los lleva el tren, los banqueros no se sienten bien - y las fuerzas políticas tampoco. El Congreso siente que no se hizo gran cosa. - ¿Quién está realmente satisfecho?”

- El que esté libre de culpa, que lance la primera piedra.

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