Una de las novedades mexicanas más interesantes de los últimos años ha sido la demanda por un nuevo federalismo que reordene, en democracia, las relaciones político-administrativas del gobierno central y los estados. Algo legítimo y necesario sobre lo que se ha levantado (a partir de la derrota del PRI en julio de 2000) un nuevo liderazgo político: el de los gobernadores.
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Solos o a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se han convertido en un poder fáctico: han ganado espacios frente al presidente Fox, dentro de sus partidos políticos, en el Congreso –su influencia más visible es en la Cámara de Diputados–, ante la opinión pública, el sector privado e, incluso, frente a actores internacionales en foros multilaterales y en la relación directa entre entidades de otras naciones (caso de los estados fronterizos de México con Estados Unidos).
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Tal como plantean sus participantes, en la Convención Nacional Hacendaria se pueden construir consensos en torno a una reforma –ahora sí– integral, que fortalezca las finanzas públicas, descentralice atribuciones y redistribuya recursos y responsabilidades sin alterar el equilibrio macroeconómico.
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No obstante, su espíritu federalista también porta riesgos: que el proyecto se pervierta y termine en una feudalización del poder, es decir, que los gobernadores obtengan espacios que la Constitución reserva a otros poderes, como el Senado.
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Otro: que la descentralización de recursos no se acompañe de una distribución equitativa de responsabilidades fiscales por parte de los gobernadores, o que no se establezcan medidas para un manejo responsable de las engrosadas finanzas estatales.
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Tampoco se descarta que gobernadores y alcaldes caigan en la tentación de imponer un manejo arbitrario de partidas a partir del rebrote de la vieja racionalidad caciqueril. Eso sería factible por la debilidad de contrapesos institucionales en muchos estados (congresos sometidos, medios de comunicación controlados, etcétera), lo que implicaría un empobrecimiento de los ya famélicos bienes y servicios que la población recibe.
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Ineludible bajo la actual democracia, la construcción de un federalismo real no debe ser la coartada de algunos gobernadores con vocación de señores feudales –como hay en la Conago– que pongan en riesgo las finanzas públicas nacionales (al énfasis en la distribución no se acompaña otro en la recaudación), que balcanicen la administración pública.
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La Convención se ha convertido en un poder de facto pero nadie debe olvidar que el federalismo no es monopolio de los gobernadores.
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* El autor es director de Grupo Consultor Interdisciplinario.