¿Quién le teme a la reforma fiscal?
A nadie le gustan los impuestos nuevos. Los que se aprobaron a la carrera el primer día de este año podrían ganar un concurso de impopularidad. No le sirven mucho al gobierno, porque buena parte de ellos se puede eludir fácilmente; tampoco son bien recibidos por los contribuyentes, porque aumentan el peso para quienes ya sobrellevaban la mayor parte de la carga fiscal. Habrá quien defienda el nuevo esquema, diciendo que algunas disposiciones tienen como objetivo gravar consumos suntuarios de "los ricos" para dar lo recaudado a "los pobres". Eso lleva a una discusión mayor: ¿quién decide lo que es suntuario? Hoy le tocó al caviar, pero habrá que entrar en honduras filosóficas para escoger al próximo artículo de lujo: ¿lo es una computadora que comunica a una casa en Oaxaca con internet?
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Definir tales productos tiene otro riesgo: si algo sólo lo utilizan las clases pudientes quedan dos caminos. Abaratarlo para que se generalice o cobrarle impuestos para alejarlo de la mayoría.
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Por si fuera poco, diferenciar los gravámenes vuelve aún más complicada la recaudación. ¿Cómo hará Hacienda para definir una computadora y así cobrar el impuesto a las que sobrepasan cierto valor? Bastaría con comprar las partes separadas para eludir el pago.
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Algunos legisladores dirán que se persiguen objetivos de fomento empresarial. Por ejemplo, al cobrar un cargo extra a los refrescos elaborados con fructuosa se protege a los productores de azúcar de caña. Política industrial pura, se podría argumentar. Sólo que este objetivo no se discutió dentro de un plan general para impulsar al sector, sino como parte de un esfuerzo recaudador.
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El mayor problema de la reforma es que se quedó corta en el propósito de siempre: repartir mejor la carga entre los contribuyentes.
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Más allá de los descontentos, esta reforma –el secretario de Hacienda asegura que así se le puede llamar, en entrevista con Expansión– deja varias lecciones. Primera, que fue el Congreso el que finalmente dispuso. Aquí hay una tentación peligrosa: culpar de todas las inconsistencias de la ley a los diputados. Tal vez haya mucho de cierto en esas acusaciones, pero no sería justo que el Ejecutivo gobernara achacando a otros la falta de logros. Poner a los legisladores como los malos de la película equivaldría a condenar a uno de los más valiosos instrumentos para que la democracia mexicana sea real. Esto lleva a la segunda lección –ya aprendida por Gil Díaz, según dice–: que el gobierno tiene que presentar con tiempo sus iniciativas para cabildear en el Congreso y permitir una mejor discusión. Esta enseñanza es vital, si se considera que Fox anunció que muy pronto presentará las reformas energética y laboral. ¿Serán también un conjunto de parches o habrá tiempo para discutirlas y mejorarlas?
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—Los editores
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