¿Un nuevo escenario?
Aunque ya se tiene un nuevo marco concertado para la política económica, en el que aparentemente se da respuesta positiva a muchas de las demandas de los empresarios, subyace la causa de fondo que impide crecer y cumplir con los compromisos adquiridos: no hay generación suficiente de recursos.
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Los desajustes y los rumores de la víspera. Finalmente, el domingo 29 de octubre se firmó una etapa más de la concertación económica. Ya se sabía que en esas fechas habría negociaciones intersectoriales, con el fin de crear el contexto adecuado para la presentación de los Criterios de Política Económica para 1996, los cuales se debían dar a conocer antes del 15 de noviembre.
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No obstante, el proceso de negociación no estuvo libre de problemas. De hecho, se llegó a esa etapa en momentos en que los sectores confirmaban con desencanto el incumplimiento de las promesas gubernamentales, en el sentido de que aumentaría el gasto y habría señales de recuperación en la segunda parte del año.
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Como eso no ocurrió, se ponían en riesgo las expectativas de utilidades que habían estimado algunas empresas; para otras, la mayoría, representaba la amenaza de mayores pérdidas. Así, el proceso de concertación se aceleró, estimulado por el intento de los propietarios del capital de protegerse, lo cual presionó a los mercados de dinero y accionario y dio pie a procesos especulativos.
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El ambiente se tornó más difícil cuando trascendió que funcionarios del Fondo Monetario Internacional demandaron del gobierno federal nuevas medidas para aumentar sus ingresos, vía un fuerte ajuste de emergencia en los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos. De acuerdo con esta versión, a pesar del sacrificio impuesto a la población, el gobierno mexicano no había cumplido con las metas de superávit fiscal acordadas con el organismo multilateral.
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¿Qué se ganó en la concertación? Considerando lo anterior, se tenía el temor de que en las negociaciones se tratara de imponer nuevamente el criterio unilateral de las autoridades, sin tomar en cuenta las condiciones del país y sus empresas. Si eso ocurría, aumentaría el riesgo de que surgieran mayores problemas sociales.
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En ese sentido, los términos de la Alianza para la Recuperación Económica (ARE) podrían ubicarse entre los de menor costo. Contra la posibilidad de que se impusieran aumentos de golpe a la gasolina y otros bienes indispensables, se llegó al acuerdo de establecer un aumento de 7% en diciembre y otro de 6% en abril, con un deslizamiento mensual adicional de 1.2%, que da un incremento acumulado de casi 30%.
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En contrapartida, se obtuvo el compromiso gubernamental de no establecer nuevos impuestos y aplicar diversos estímulos fiscales para la generación de empleo y el aumento de la demanda. Destaca la decisión de eliminar el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y permitir que las empresas los deduzcan hasta en 71% de su valor. A eso se agrega, de nuevo, el compromiso de simplificar la regulación.
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Para evitar que esas medidas conduzcan a un déficit público, el gobierno ofreció reducir su gasto corriente en 4.75%.
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En materia salarial no fue mucho lo que se obtuvo. El incremento de 10% a partir de diciembre y de 10% en abril, serán insuficientes para compensar la caída que se ha registrado en el poder adquisitivo.
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En ese marco, la política monetaria se anuncia como restrictiva, en la medida en que tendrá como meta lograr que, a pesar de aumentos en los costos, la inflación sea mayor a 20%. En lo que se refiere a la política cambiaria, se anunció que se mantendrá la libre flotación bajo el supuesto de que ésta permitirá mantener una paridad competitiva. Desafortunadamente, esa decisión implica que la defensa de la paridad, cuando así lo decida el Banco de México, se basará en el incremento a las tasas de interés, lo que restará competitividad a las exportaciones mexicanas.
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Factores que originan incertidumbre. En la base de la crisis que vivió el país en los días previos a la concertación, está la incapacidad del actual esquema para generar las divisas suficientes para crecer y al mismo tiempo cumplir los compromisos contraídos con el exterior.
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En ese sentido, resultaron anecdóticos los esfuerzos realizados por funcionarios zedillistas con la intención de demostrar que el país contaba con suficiente solvencia.
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Vale recordar que durante el viaje que realizó el presidente Zedillo a Estados Unidos, se anunció con gran despliegue el prepago de $700 millones de dólares correspondientes a los recursos de corto plazo proporcionados por ese país. Esos $700 millones de dólares eran el producto de la colocación de papel gubernamental en Alemania, a un plazo de cinco anos.
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Sin embargo, apenas el día 28 de octubre se dio a conocer el contenido de una carta del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Robert Rubin, en la que explica que esa dependencia concedió al gobierno mexicano, por tercera ocasión, una prórroga de 90 días, que vencen el 31 de enero, para liquidar $1,300 millones de dólares del crédito de corto plazo que por $2,000 millones de dólares se habían otorgado a México como parte del paquete de auxilio financiero. Esto es, aunque la negociación de una prórroga y su obtención pueden considerarse operaciones normales, en la carta del funcionario estadounidense se comprueba que no sólo no se prepagó, sino que se incumplió con el compromiso de pago.
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El problema reside en que, conforme se venzan los plazos, serán cada vez mayores los montos que deberán pagarse para cubrir los intereses y el principal de la deuda externa. El gobierno había estimado que mediante la privatización y apertura de nuevas áreas a la inversión privada se podría captar inversión extranjera directa por cerca de $8,000 millones de dólares en este año. Aunque se abrieron esos campos, haciendo a un lado los riesgos que eso implicaba, la inversión esperada no se concretó. Por citar un caso, muy pocos están dispuestos a invertir en la generación de electricidad para un mercado severamente contraído; no tienen garantía de que recuperarán su inversión.
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De cualquier modo, la venta de empresas y concesiones tiene límites. En el fondo, lo que se tiene que resolver es cómo hacer para generar montos crecientes de recursos.
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La respuesta, aparte de la confianza -que requiere de un sistema político diferente al actual, en el que realmente se impida la formación de monopolios y el uso indebido de recursos públicos-, se encuentra en la posibilidad de ofrecer un esquema atractivo para la inversión productiva. Para lograrlo, se deberá utilizar el tipo de cambio de manera más agresiva.
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Si Japón, con toda su capacidad, decidió mantener una subvaluación de por lo menos 20%, ¿cuál es la subvaluación recomendada para que México atraiga inversión productiva, genere exportaciones, frene importaciones y pague sus compromisos con el exterior, sin que eso implique encarecer desproporcionadamente el crédito interno? Seguramente se requiere una subvaluación mayor a la actual.