México es uno de los pocos países que no cuenta con un mecanismo de resolución de conflicto en caso de que la iniciativa presidencial en materia presupuestal no logre la aprobación del Congreso. Hasta hace poco la ausencia era desdeñable. Pero desde 1997, con la primera legislatura sin mayoría, ha cobrado proporciones insospechadas. Por primera vez en mucho tiempo, el poder del Congreso se hizo patente.
-
Las razones para promover una reforma parecen obvias: la debilidad del Ejecutivo para obtener la aprobación de su iniciativa; la conveniencia de aislar la negociación presupuestal de otros temas que dificultan la creación de consensos; la incertidumbre sobre el comportamiento de los legisladores y el riesgo de un escenario de crisis durante la sucesión.
-
Aun así, los legisladores y el ejecutivo dejaron pasar una y otra vez la oportunidad de rediseñar la defectuosa institucionalidad económica-financiera. Es cierto que llegar a un consenso no era tarea fácil. Supone ponerse de acuerdo en alguno de los métodos que otros países han adoptado para evitar una crisis cuya consecuencia última sería la parálisis gubernamental: la prolongación de la vigencia del presupuesto anterior o la entrada en vigor del presupuesto del ejecutivo. En un escenario maximalista implica no sólo diseñar un mecanismo de “reconducción presupuestal” sino abordar temas de importantes consecuencias políticas, como la modificación de las facultades del Senado, el examen del veto presidencial, la revisión de los tiempos y formas de la iniciativa.
-
El ejecutivo necesita construir una coalición para lograr la aprobación de sus iniciativas. Los partidos se debatirán entre apoyar la iniciativa del Presidente y pagar los costos de identificación con la política gubernamental u oponerse, arriesgarse a la confrontación y, posiblemente, asumir la responsabilidad de haber causado una crisis cuyas proporciones no podemos aún evaluar. Por si fuera poco, en esta oportunidad los congresistas tendrán que ponerse de acuerdo en el muy espinoso asunto de aprobar la partida que marca la ley del IPAB para cubrir el costo generado por los pagarés Fobaproa.
-
La conducta del PRD es razonablemente predecible. Para este partido, ser oposición es votar en contra de toda iniciativa gubernamental, sobre todo en el ámbito económico. El PAN volverá a ser clave en las negociaciones. Su colaboración puede verse obstaculizada por los agravios acumulados en fechas recientes, por el contexto de la sucesión y la reticencia de sectores panistas a ser percibidos como el partido de la “concertacesión”. Del PRI se espera la tradicional disciplina, pero no dejan de escucharse voces en el sentido de que los conflictos derivados de las elecciones de candidato podrían afectar la unidad del partido.
-
Hoy más que nunca, gobierno y partidos están obligados a actuar con responsabilidad. En un contexto de alta conflictividad política como el que caracteriza a nuestro país en estos momentos, lo menos que necesitamos es abrir un frente más.