Una forma de acabar con la competencia

En los próximos días se resolverá un capítulo más de la telenovela (mejor dicho, tragedia) del sector de las telecomunicaciones, en este caso, la resolución de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), que autorice o prohíba la alianza por la cual Televisa compraría 50% de la empresa Iusacell a su otrora acérrimo rival o ahora amigo, TV Azteca.

Será en las sesiones del dividido pleno de la Cofeco donde se resolverá, probablemente en una controvertida reunión, si Televisa puede participar como socio en el mercado de la telefonía móvil y del llamado triple o cuádruple play (video, voz, datos y telefonía móvil), a través de la subsidiaria en quiebra de Ricardo Salinas Pliego, el consorcio Iusacell-Unefon. ¿Debe autorizarse conforme al marco legal de la competencia en México? Estimamos que no. ¿Por qué?

Para analizar si una concentración debe aprobarse o no, la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) establece que la misma no debe dañar, disminuir o impedir la competencia con respecto a bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados (art. 16), ponderando los efectos a favor y en contra de la competencia, para tomar una decisión, de acuerdo con los artículos 17 y 18 de la LFCE.

Entre los efectos que parecerían sumar a favor de  autorizar la alianza Iusacell-Televisa, está que la empresa de Azcárraga Jean aportaría recursos financieros, muy necesarios para Iusacell, empresa que se encuentra en procedimiento de concurso mercantil, a través de la inyección  de alrededor de 1,500 millones de dólares (aunque la deuda de Iusacell asciende, según información pública, a cerca de 1,000 MDD). Se podría aplicar la doctrina de la concentración de rescate, por la cual puede autorizarse una fusión cuando se trata de la adquisición de una empresa en quiebra, aunque la empresa adquirente detente poder dominante.

Segundo, parece ser que la incorporación de Televisa a Iusacell fortalecería la capacidad competitiva de esta última, pues le aportaría las conexiones a la red y a la infraestructura de Televisa, lo que permitiría hacerle una competencia mayor a agentes más poderosos, como Telcel y Teléfonica-Movistar.

En tercer lugar, parece que la participación de mercado de Iusacell (menos de 5% en telefonía fija y cerca de 4% en telefonía móvil), sumada a la de Televisa y sus filiales, no crearía una empresa con poder sustancial de mercado.

El artículo 17 de la LFCE permite objetar o condicionar concentraciones cuando el acto o tentativa tenga o pueda tener por efecto indebidamente desplazar a otros agentes económicos, o impedirles el acceso al mercado relevante (fracción II), o tenga por objeto o efecto facilitar sustancialmente la realización de prácticas monopólicas prohibidas por esta Ley (fracción III). Y aquí está el pero: en esta fusión se actualiza este último supuesto: de aprobarse la alianza Televisa-Iusacell, la concentración podría tener como objeto o efecto facilitar sustancialmente la realización de prácticas anticompetitivas.

El mercado de la televisión  es un mercado  duopólico, como el de las aguas carbonatadas; todavía peor, a nuestro juicio, que mercados de por sí tan  concentrados como el de la telefonía celular: dos agentes económicos se reparten el pastel en televisión abierta (Televisa, con más de 62% del mercado, y TV Azteca, más de 20% restante) y otro tanto en la televisión restringida, en donde Televisa, a través de sus filiales Cablevisión, TVI y Cablemás, detentan más de 60% del mercado de la televisión por cable y un porcentaje importante en la televisión vía satélite (a través de Sky). Televisa aunmenta cada año 20% las tarifas a sus anunciantes, incrementos que no se dan en telefonía celular.

La Cofeco tiene una ocasión histórica para obligar a arrodillarse al duopolio televisivo, e impedir la concentración. Si la autoridad antimonopolios le da el ok, aumentará el de por sí gran poder que detentan estos Goliats, frente a la que no tenemos un solo David. No nos quejemos luego de la baja calidad de nuestra democracia, que no se debe sólo a nuestras incompetentes autoridades electorales.

El autor es Doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM (Morelos) y responsable del área de competencia del despacho Jalife y Caballero.

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