HSBC, una papa caliente

El 16 de julio, el sistema financiero mexicano se cimbró con una noticia que le dio la vuelta al mundo: el Senado de Estados Unidos vinculó el banco HSBC México con operaciones dudosas por 7,000 millones de dólares, que serían producto de ganancias ilegales del narcotráfico. El escándalo estalló y, con éste, una batería de preguntas cuyas respuestas gravitarán en el ambiente: ¿Surgirán más casos como el de HSBC? ¿El Congreso mexicano endurecerá la ley contra el lavado de dinero, pendiente de aprobación? ¿El próximo presidente se comprometerá a combatir las vías de financiamiento del crimen organizado?

La lucha contra el lavado será un asunto toral que deja pendiente la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa y que tendrá que resolver el equipo de Enrique Peña Nieto.

"El problema de la violencia en el país, asociado con el correr de dinero producto de la delincuencia organizada, es francamente una papa caliente" para la próxima administración, dice el senador del Partido Verde Ecologista, aliado político del Revolucionario Institucional, Tomás Torres Mercado. Advierte también que la próxima administración está obligada a una coordinación más profunda con el gobierno de Estados Unidos para evitar que la "problemática sea más severa".

El tamaño del problema es mayúsculo porque el narcotráfico y otras actividades ilícitas recurren a la banca comercial para blanquear sus recursos. El director de Programas de Derecho en el Tecnológico de Monterrey, Gerardo Palomar Méndez, advierte que si tan sólo HSBC transfirió 7,000 mdd a Estados Unidos, habría que considerar el monto potencial de operaciones a toda la banca.

Cálculos del FMI y del Banco Mundial ubican el lavado de dinero en el mundo entre 1.5 y 1.6 billones de dólares, cifra que supera el PIB promedio de México en los últimos años, según un reporte publicado por la Secretaría de Hacienda (SHCP) en abril pasado. La dependencia también señala que, según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el narcotráfico lava anualmente unos 39,000 mdd en Colombia y México.

Asimismo, destaca que el Centro Nacional de Inteligencia sobre Narcóticos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (NDIC, por sus siglas en inglés) dice desconocer la cantidad exacta de dinero que abandona ese país, aunque estima que cerca de 39,000 mdd se lavan fuera de sus fronteras, "acción que desarrollan sobre todo las organizaciones criminales de Colombia y México".

El director del Departamento de Derecho del Tecnológico, Arturo Argente, enfatiza que el caso del HSBC es el "inicio de una historia que involucrará a todo el sistema financiero mexicano".

El caso de HSBC México se destapó mientras en el Congreso está pendiente la aprobación de la ley antilavado. Según los especialistas, aun antes de ser aprobada, ya tiene deficiencias.

"La ley antilavado, pendiente de discusión en el Senado, no evitará casos como los de HSBC", advierte José Antonio Quesada, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Esa legislación, detalla, no impone fuertes obligaciones a las instituciones del sector financiero. Al contrario, restringe a las empresas industriales, comerciales y de servicios.

Alfonso Navarrete Prida, ex procurador de Justicia de la República y en la administración de Peña Nieto en el Estado de México, reconoce que la ley en ciernes no es suficiente. La tarea, resalta el priísta, será disponer de la "mejor legislación posible" para evitar el blanqueo de dinero, que, en el peor de los casos, "pueda servir incluso para financiar actividades tan graves como el terrorismo".

Torres Mercado advierte que la administración de Calderón Hinojosa tiene una "responsabilidad política directa", porque "nunca se tuvo la voluntad de atacar definitivamente el manejo de los recursos de procedencia ilícita". Reconoce que en el Congreso se discutieron al menos dos o tres iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes partidos, pero todas han tenido el mismo destino: la congeladora. De las propuestas analizadas, ninguna vino del gobierno federal.

¿Cuál es la razón que motiva que permanezcan perdidas en algún escritorio de las oficinas del Poder Legislativo? El mismo senador otorga una respuesta que provoca escalofrío: falta de capacidad técnica del gobierno saliente para comprender el entorno y darle viabilidad a una ley.

Las huellas del blanqueo de dinero -delito incorporado en 1996 al Código Penal- son difíciles de seguir. Según Jorge Manrique, director del Colegio Jurista, la lucha contra el lavado de dinero es una simulación, pues no se tiene el recurso humano capacitado ni las herramientas para rastrearlo. "Las averiguaciones previas son muy complejas y requieren de peritos contables para emitir sus dictámenes -dice-. Para proceder penalmente, se requiere de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. Pero no se toca al sistema financiero".

Los resultados preocupan. Martin Montealegre, director de la Práctica del Sector Financiero de PwC, destaca que de 2007 a la fecha se reportaron en México 239,000 "operaciones inusuales y preocupantes". Hasta hoy, indica, no se conoce con certeza cuántas han sido resueltas. Incluso el índice de transacciones reportadas respecto de las denunciadas es de 0.001% o una de cada 100,000.

En la iniciativa de ley se propone, por ejemplo, que los contadores públicos, abogados, auditores, agentes inmobiliarios, comerciantes de bienes y servicios, fedatarios públicos, denuncien a las autoridades ministeriales las transacciones que pudieran provenir del lavado de dinero, pero se exime a los bancos de informar sobre millonarios movimientos financieros. El argumento es que la banca comercial ya es regulada e investigada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por el Sistema de Administración Tributaria.

Bajo estas circunstancias, afirma el diputado federal petista Mario Di Costanzo Armenta, el próximo gobierno tendrá que debatir la pertinencia de eliminar el secreto bancario ante presuntos casos de lavado de dinero, así como fortalecer la capacidad operativa de las autoridades para evitar que se repita el caso HSBC.

Navarrete Prida desliza lo que probablemente estará en la agenda de Peña Nieto: "Primero habría que definir cuáles son los mecanismos de defensa (protección) que tendrían los sujetos obligados por la propia ley como contadores, notarios y abogados. Después, modernizar los canales de supervisión de las transacciones y rastrear aquellas grandes operaciones. Finalmente, que la SHCP siga fungiendo como la supervisora y vigilante del sistema financiero".

Con información de Alejandro Medina.