Hombre rico, hombre pobre

La última vez que Javier Díaz vio a su padre fue cuando tenía 14 años y los paramilitares colombianos lo acusaron de apoyar a la guerrilla. Eso equivalía a una sentencia de muerte en medio de la guerra interna de Colombia, que ya cumple más de cinco décadas. Hombres armados se llevaron a su padre en un camión en 1994 y después prendieron fuego a la finca y a la casa de su tío en una zona montañosa del norte de Colombia. Los escuadrones de la muerte, que surgieron para proteger a los terratenientes de las extorsiones y secuestros de la guerrilla, sospechaban que el mayor de los Díaz le estaba pagando a la guerrilla más antigua y grande de Latinoamérica, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una extorsión por sus 10 cabezas de ganado, cuenta el hijo, y ésa fue prueba suficiente de que era un simpatizante del enemigo. Díaz aún no sabe qué pasó con su padre.

Más de una década después, las amenazas comenzaron de nuevo. En esta ocasión, especuladores de tierra le dijeron a Díaz y su familia que enfrentarían la ira de los paramilitares si no vendían la propiedad de su padre. Los Díaz entregaron apresuradamente las 34 hectáreas por unos 2,000 dólares. "Los paramilitares han acusado a toda mi familia de ser simpatizantes de la guerrilla", dice Díaz, un ganadero y agricultor, en la casa de su padrastro, donde vive ahora. Un vallenato retumba en el radio, y una gallina cacareando sale a toda prisa por el piso de tierra.

Díaz es uno de los cuatro millones de desplazados que huyeron al quedar atrapados en el fuego cruzado de un conflicto que ha involucrado grupos guerrilleros, paramilitares, carteles de las drogas y las tropas del Estado. Ahora, Díaz dice que se propone recuperar sus tierras. Eso se debe a que el presidente Juan Manuel Santos asegura que devolverá la propiedad o pagará una restitución por las tierras que fueron robadas, abandonadas o compradas por medio de intimidación, como Díaz dice que ocurrió con su familia.

De acuerdo con las Naciones Unidas, Colombia tiene la segunda población desplazada más grande del mundo después de Sudán. La ley, que el Congreso colombiano aprobó en mayo de 2011, entrará en efecto en enero, y es la piedra angular de los esfuerzos de Santos por traer paz a Colombia. Se produce justo cuando multimillonarios nacionales y extranjeros, como el brasileño Eike Batista y el colombiano Luis Carlos Sarmiento, aumentan las inversiones en lugares remotos del país, animados por la mejora en la seguridad y un marcado descenso en el tráfico de cocaína.

El gobierno ha puesto la meta de devolver a campesinos unos 20,000 kilómetros cuadrados de terrenos que alguna vez les pertenecieron. Para que el plan funcione, Santos ha ordenado al registro catastral que investigue fraudes y verifique los actuales reclamos de tierra. La ley crea un sistema de justicia temporal para que falle en disputas de tierra que se remonten a 1991 y pone la carga de la prueba sobre los actuales propietarios, en lugar de las víctimas desplazadas. Las personas o las compañías que a sabiendas compraron terrenos robados tendrán que devolverlos a las víctimas. Aquellos que compraron de buena fe, negociarán el pago de una cuota de renta u otro tipo de compensación a la víctima.

"Un país herido, como el nuestro, por tantos años, tantas décadas, de violencia absurda, por golpes entre hermanos, necesita atravesar con decisión el camino de la reconciliación y reconocer y reparar a sus víctimas, para poder seguir adelante", dijo Santos en televisión el 19 de agosto.

Díaz dice que le gusta esa promesa. Y que no confía en ella. "¿El gobierno de verdad va a ayudar a personas como yo? -se pregunta-.Lo dudo. Ellos están más interesados en servirle al gran capital".

En juego está el intento del país por echar a andar un cambio drástico. El presidente, que asumió el poder en agosto de 2010 para un periodo de cuatro años, planea distribuir tierra entre las víctimas de la guerra incluso antes de que el conflicto esté resuelto del todo. Al mismo tiempo, Santos quiere atraer inversionistas a regiones que estuvieron azotadas por la violencia. Con el apoyo de la ayuda militar estadounidense así como un aumento de impuestos a los ricos en la última década, Colombia ha reducido en cerca de un tercio la producción de cocaína y el número de insurgentes ha disminuido a unos 8,000. El valor del peso colombiano ha ganado 6.5% este año y los bonos del país alcanzaron el 17 de agosto un rendimiento récord de 6.58%, el nivel más bajo desde que se emitieron los títulos en 2009. Esos factores han estimulado la inversión extranjera e impulsaron el crecimiento del país el año pasado a sus mejores niveles en cuatro años.

"Colombia quiere inversiones en un ambiente social justo en el que la tierra robada o vendida por campesinos aterrorizados a precios insignificantes sea restaurada", dice Alejandro Reyes, director del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) y autor del libro Guerreros y campesinos, el despojo de la tierra en Colombia, sobre cómo los conflictos agrarios han alimentado los enfrentamientos armados del país. "Colombia necesita construir una cultura de legalidad y devolver grandes extensiones de tierra que fueron arrebatadas violentamente".

Otrora el país más peligroso de Latinoamérica, cuando Pablo Escobar dirigía el cártel de Medellín en la década de 1980, Colombia está convenciendo a los inversionistas. Standard & Poor's, Moody's Investor Service y Fitch Ratings mejoraron la calificación crediticia en 2010 al grado de inversión debido a que el país se ha vuelto más seguro para los negocios. Los homicidios cayeron un 46% y los secuestros, un 90% durante los dos periodos del predecesor de Santos, Álvaro Uribe. El ex presidente, que llegó al poder como un candidato independiente, gobernó de 2002 a 2010, y Santos fue su ministro de Defensa.

La inversión extranjera en Colombia alcanzará un récord de 17,000 millones de dólares este año, según las proyecciones del gobierno. A los inversionistas les atrae la oportunidad de comprar legalmente tierra a precios bajísimos y contratar trabajadores sedientos de empleo, incluso con salarios bajos. CCX Carvao da Colombia, la unidad de carbón de Batista, anunció que planea invertir 5,500 millones para desarrollar un proyecto con una mina, un ferrocarril y un puerto en Colombia y espera los permisos correspondientes. Equity International, de Sam Zell, con sede en Chicago, apuesta en los bienes raíces con una inversión de 75 millones de dólares en Terranum Development, una constructora comercial con sede en Bogotá.

El Grupo Carso SAP, el conglomerado global con sede en México controlado por Carlos Slim, compró en febrero de 2011 una participación de 70% en una compañía que tiene un contrato para explorar y extraer petróleo en los llanos orientales, una región cerca de la frontera con Venezuela donde la guerrilla aún combate contra los soldados. Sarmiento, el hombre más rico de Colombia, está invirtiendo su dinero en biodiésel en esa misma área.

Aunque los acaudalados están convencidos de que el estado ya no está en peligro de colapsar y las grandes ciudades ya no se sienten como zonas de guerra, los avances de Uribe en el campo de la seguridad no resolvieron las causas del conflicto, apunta Heather Berkman, un analista de riesgo político del Grupo Eurasia en Nueva York. Sostiene que la ley de Santos lo intenta. "El cambio de Colombia de Estado paria marcado por actos de terrorismo y narcotráfico a uno donde el gobierno está haciendo un importante esfuerzo para enfrentar problemas con raíces profundas es un enorme paso", dice.

Reyes asegura que la nueva ley reduce los riesgos que han estado espantando a los inversionistas. La legislación tiene el propósito de prevenir retiradas como la de Body Shop International -una unidad del mayor productor de cosméticos del mundo, L'Oréal-, que cortó con su proveedor de palma en Colombia en 2012. Un informe encargado por Body Shop citó la presencia de paramilitares y ocupantes ilegales. La empresa no devolvió llamadas ni correos electrónicos en busca de comentarios.

El llamado ‘Ejército contra la restitución', un grupo paramilitar recién formado que se opone a la ley de Santos, le envió al desplazado Freddy Rodríguez una invitación a su propio funeral, según cuenta. Él busca reclamar su tierra en el norte de Colombia que ahora es propiedad del empresario brasileño Germán Efromovich, dueño de la principal aerolínea de Colombia, Avianca Taca Holding. Efromovich ha negado cualquier mala intención en declaraciones a los medios locales y declinó hacer más comentarios al respecto.

"Me mudo cada 20 días -dice Rodríguez-. Quedarse en un lugar es demasiado peligroso".

Díaz, por su parte, advierte que el reclamo que se prepara a presentar lo va a enfrentar contra Cementos Argos, pues asegura que la tierra que obligaron a vender a su familia ahora pertenece a la mayor cementera de Colombia. Cuando decida si deberá devolverle su hogar, Díaz cree que el gobierno tomará partido por Argos, no por él. Entretanto, la empresa sostiene que sus inversiones en Montes de María están reviviendo la economía local.

El legislador Iván Cepeda ha atacado las compras de Argos en la región para cultivar árboles de teca, que pueden ser disputadas bajo la nueva ley. El congresista cuestiona cómo una compañía puede comprar tierra de buena fe en una región con una historia reciente de abusos contra los derechos humanos y desplazamientos masivos. "Algunas de las masacres ocurrieron justo aquí donde Argos está ahora desarrollando su proyecto de reforestación", dice Cepeda. Argos niega cualquier mala intención y asegura que compró sus terrenos a precios justos y de buena fe tras realizar estudios de títulos.

Los escuadrones de la muerte en la región de los Montes de María ejecutaron a más de 300 personas en una serie de 50 masacres entre 1995 y 2005. Unas 140,000 personas abandonaron sus hogares para huir de la violencia. En una de las más sangrientas en el año 2000, los paramilitares usaron helicópteros para rodear a sospechosos de colaborar con la guerrilla en la plaza de El Salado, donde torturaron, descuartizaron y violaron a plena luz del día, de acuerdo con el reporte comisionado por el gobierno.

Las asesinos se rehusaron a dejar que las víctimas se llevaran los cuerpos de sus familiares, que se convirtieron en banquete de gallinazos y puercos.

"Uno puede hacer cambios importantes en un lugar como éste", dice Sergio Osorio, el enérgico jefe de operaciones agroindustriales de Cementos Argos. Maneja a través de un camino sin pavimentar, lleno de baches, que atraviesa la despiadada topografía de la región. Su trabajo a menudo lo aleja de los altos ejecutivos de la compañía, que se reúnen en su sede con aire acondicionado en la ciudad de Medellín, y lo lleva hasta los polvorientos ranchos en los Montes de María, donde los cultivos de árboles de teca de Argos califican para financiamiento bajo un programa de compensación de carbono de la onu. "Obviamente sería más fácil no estar aquí en absoluto", dice Osorio. "A pesar de las dificultades, nosotros vemos una gran oportunidad".

La ley también trae nuevos riesgos. El ex presidente Uribe creó un grupo para disputarle a Santos la reelección, y asegura que la ley podría estropear las inversiones porque pone la carga de la prueba sobre aquellos que compran tierras para demostrar que lo hicieron legalmente. Líderes empresariales están organizando nuevos grupos paramilitares en el norte de Colombia, como el que acecha a Rodríguez, con el objetivo de oponerse al cumplimiento de la ley, denuncia Ariel Ávila, un investigador del conflicto de la fundación Nuevo Arco Iris.

Sin embargo, la ley de Santos tiene un enorme potencial, asegura José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. La prueba verdadera será si aquellos que perdieron sus tierras injustamente las pueden recuperar, agrega.

El gobierno de Santos ya ha recibido 18,500 reclamos por 1.5 millones de hectáreas. Ninguna propiedad se ha devuelto aún a anteriores propietarios. El gobierno ha pagado 330,000 millones de pesos (unos 183 millones de dólares) en reparaciones a 55,000 víctimas. "Santos debe tomar medidas urgentes para proteger a las comunidades desplazadas de los poderosos grupos armados y los intereses locales que se oponen a la restitución", dice Vivanco.

En una húmeda tarde de diciembre, Díaz camina fatigosamente por un camino de tierra afuera de la casa de su padrastro, y hace una pausa en la cima de una colina mientras el atardecer tiñe de rojo el paisaje de lomas infinitas de los Montes de María. Díaz señala hacia el horizonte de la tierra propiedad de Argos, donde él casi puede divisar el lugar que alguna vez le perteneció a su familia. Teme que la promesa de Santos de restitución de tierras no sea fácil de cumplir: "Ya veremos si esta ley es realmente para las víctimas".

LA NUEVA LEY El presidente Juan Manuel Santos firmó una ley que permite que los colombianos recuperen la tierra que les arrebataron. La medida se produce mientras acaudalados inversionistas compran terrenos a precios bajos y contratan trabajadores sedientos de empleo. ▪ Cementos Argos, la cementera más grande de Colombia, invierte en plantaciones de árboles teca en los Montes de María. ▪ Germán Efromovich, dueño de Avianca, la principal aerolínea, invierte en biocombustibles en el César. ▪ El multimillonario brasileño Eike Batista invierte en un puerto para exportaciones de carbón en la Guajira. ▪ El mexicano Carlos Slim invierte en petróleo en los llanos orientales. El colombiano Luis Carlos Sarmiento hace lo propio en biocombustibles.