A toda costa
El 13 de mayo de 2008 inició el debate sobre la reforma energética en la explanada del Senado de la República. La propuesta que el entonces presidente, Felipe Calderón, envió a la Cámara de Senadores explicaba que Pemex debía trabajar con empresas privadas.
Días antes, legisladores del PRD, PT y Convergencia, encabezados por Andrés Manuel López Obrador, tomaron el estrado de las cámaras de diputados y senadores para -decían- defender el petróleo de la "privatización". A ellos se sumaron miles de ciudadanos en las calles.
El debate duraría 71 días. Desde el primero, Beatriz Paredes, entonces presidenta del PRI, dejó en claro la posición del partido que había nacionalizado el petróleo en 1938.
"El PRI se pronuncia en contra de todo intento de privatización, ni reforma al artículo 27, ni privatización abierta o disimulada de la industria petrolera nacional", dijo Paredes ante las cámaras de TV.
La reforma no tocó el artículo 27 de la Constitución, herencia de la decisión del presidente Lázaro Cárdenas en 1938, que establece que el petróleo es un bien de la nación y prohíbe otorgar concesiones y contratos para la explotación de hidrocarburos. Pero tampoco ayudó a potenciar la capacidad de producción de Pemex.
Los "contratos incentivados", en que la empresa contrata a privados por concurso para que extraigan petróleo, no lograron los resultados esperados. Pemex les paga 75% de su inversión más un monto adicional por cada barril producido, pero los contratistas no son dueños del petróleo que extraen. Así, el incentivo de asociarse con Pemex no es tan grande.
En este esquema, dice José Valera, analista del sector petrolero para la consultora Mayer Brown, se pierde "todo el romance de beneficiarse cuando suben los precios del petróleo". Es un factor clave si Pemex quiere convencer a las grandes firmas internacionales de que la ayuden a extraer crudo de yacimientos en aguas profundas, una operación más cara y riesgosa que la de aguas someras en la que la empresa tiene experiencia.
Cinco años después de aquella reforma, tras su regreso al poder con Enrique Peña Nieto, el PRI cambió de opinión y de discurso. Ya no teme modificar la Constitución, incluso el artículo 27. En su asamblea del 2 y 3 de marzo, el partido modificó sus estatutos para permitirlo y dejó todo listo para que Pemex aspire a asociarse con las grandes petroleras interesadas en extraer crudo mexicano: BP, Shell, Exxon y Chevron.
"México necesita en el sector energético apertura de capital privado sin perder la propiedad y la rectoría económica del Estado", dice David Penchyna, senador del PRI y presidente de la Comisión de Energía de la cámara alta. "La combinación de capital público y privado no significa privatizar".
Con todo
Cuando Peña Nieto asumió en diciembre, era natural pensar que de nueva cuenta el PRI se resistiría a modificar la Constitución en una eventual reforma energética. Sin embargo, el partido está dispuesto a todo con tal de que la petrolera aproveche el petróleo que no puede extraer sola.
El partido ya llegó a un consenso. En la asamblea de inicios de mes, más de 4,000 delegados nacionales votaron a favor de modificar varios estatutos, entre ellos, el que les prohibía modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
Ahora, los estatutos mencionan que "garantizar la seguridad energética del país (...) implica diseñar mecanismos para generar una mayor participación del sector privado".
"Vamos por un cambio constitucional a los artículos que sean necesarios para abrir el sector", aseguraba antes de la Asamblea el senador del PRI Omar Fayad.
Al mismo tiempo, Peña Nieto enviaba al Senado la ‘Estrategia Nacional de Energía 2013-2027', que explica que para que crezca la capacidad de ejecución de Pemex hay que crear nuevos esquemas de contratación e "impulsar alianzas estratégicas con empresas líderes en el ramo".
Esta reforma le cambiaría la cara a la economía mexicana. Si permite que Pemex trabaje con otras petroleras en aguas profundas, gas natural y gas de esquisto (shale gas), su mayor productividad permitiría al país crecer 4.75% y no el 3% anual proyectado en la actualidad, explica Gabriel Casillas, director general de Análisis Económico de Banorte.
México no es el único país donde los recursos naturales son propiedad del Estado, aclara Valera, de Mayer Brown.
"La parte sui géneris es que México reserva la explotación exclusivamente para el Estado", explica.
En otros países, como Colombia, Brasil y Noruega, la petrolera nacional se asocia con privadas para proyectos caros y arriesgados, como la extracción en aguas profundas. Pemex es una de las pocas petroleras que va sola a explorar aguas profundas.
A diferencia de hace cinco años, el partido en el poder tiene buenas posibilidades de aprobar una reforma energética profunda.
Para que la reforma constitucional pase, los diputados y senadores federales y la mayoría de los congresos locales deben aprobarla. En el Senado, que será la cámara de origen, el PRI tiene 54 senadores y necesita 31 votos más. En la de Diputados, ocupa 213 curules y debe sumar 120 votos.
En la pasada legislatura, cuando Calderón propuso la reforma, el pan tenía 52 senadores y 142 diputados.
Además, el PRI tiene mayoría en 22 congresos locales. Basta con que 17 aprueben la reforma.
Es poco probable que los votos que faltan salgan del PRD. El partido sigue la propuesta de su líder moral y fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, que acepta reformar el régimen fiscal y presupuestal de Pemex pero sin modificar la Constitución, comenta el perredista Fluvio Ruiz, consejero independiente de Pemex.
El pan aún no definía su postura oficial sobre la reforma energética, pero en el sexenio de Calderón apoyó la inversión privada para Pemex.
"Queremos escuchar primero la propuesta del gobierno federal", dijo en febrero el diputado panista Rubén Camarillo, quien dirige la discusión energética junto con su colega de bancada Juan Bueno Torio. "Está el compromiso del presidente y queremos que se hagan cargo de su responsabilidad", advierte.
Compartir el petróleo
Las principales candidatas a asociarse con Pemex son Shell, BP, Exxon y Chevron, que ya dijeron estar dispuestas a invertir en México, según Omar Palomino, director de Utilities en la consultora everis. (Las cuatro compañías declinaron las solicitudes de entrevista de Expansión.)
Para que estas petroleras decidan asociarse con Pemex, tienen que poder reflejar en sus estados financieros las reservas que extraerían, pues eso les da certeza jurídica a sus inversionistas. Ya que los proyectos son de largo plazo, los inversionistas necesitan saber qué ganancias obtendrán al operar en México. Por eso, la reforma debe cambiar el artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, que prohíbe que las privadas registren las reservas en sus libros. Para que la ley no contradiga la Constitución, habrá que cambiar los artículos 25, 27 y 28 de ésta.
El emblemático artículo 27 es el que importa más a los inversionistas privados, dice David Shields, analista e investigador del sector petrolero.
A las petroleras les interesa reflejar el valor de las reservas en sus balances para obtener financiamiento. Éste es imprescindible en actividades costosas, como la producción en aguas profundas.
Si el artículo 27 sigue igual, los potenciales inversionistas en el sector energético mexicano podrían no llegar, explica John Padilla, analista de la consultora especializada en energía IPD.
"Una de las grandes lecciones que nos dejó la reforma de 2008 es que crear nuevas leyes o ajustar las existentes, incluso llevándolas a sus límites, no es suficiente", señala, en referencia a los contratos incentivados.
Emilio Lozoya, director general de Pemex, está de acuerdo en que el incentivo a las petroleras debe estar claro.
"Yo estaría a favor -dice- de una reforma que permita a las empresas reflejar el interés económico futuro de los proyectos en los que inviertan con Pemex".
Apenas cinco años después de la oposición rotunda de Beatriz Paredes a la "privatización abierta o disimulada" de la petrolera, el PRI -ahora en el poder- es el principal abanderado del cambio.
Con información de Delia Angélica Ortiz y Elia Baltazar.
