El fin de una era

Los inversionistas estaban nerviosos. El 25 de febrero, el celular de Miguel Aliaga, director de Relación con Inversionistas de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), no dejaba de sonar.

"Recibí más de 20 llamadas entre analistas y prensa", dice.

GAP acababa de sufrir un gran revés, cuando una sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal confirmó una sentencia a favor de Grupo México, de Germán Larrea. El fallo abrió la puerta para que éste aumente su poder en GAP, luego de adquirir en cinco años 29.5% de sus acciones.

La resolución significa que Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP), la concesionaria que controla GAP, puede ser la víctima de Larrea en la primera compra hostil en la historia de la Bolsa Mexicana de Valores.

Larrea comenzó a comprar acciones del grupo en 2008 y llegó a 10% en 2010. El choque con GAP era inevitable, porque sus estatutos dicen que nadie puede poseer más de ese porcentaje.

En una batalla judicial que lleva casi dos años, Grupo México insiste en que los estatutos no cumplen la Ley del Mercado de Valores.

GAP prometió ampararse, pero ésa será la última instancia legal, y los analistas creen que deberá cambiar sus estatutos. Esto, dice Valeria Romo, analista de Monex, "abrirá la puerta de la compra de GAP por parte de Grupo México".

El origen del conflicto

GAP -que maneja 12 aeropuertos desde 1999- y Grupo México pelean como consecuencia de la estructura de gobierno corporativo con la que nacieron los grupos aeroportuarios en la privatización de los años 90.

AMP, que ganó la concesión, tiene 15% de las acciones de GAP, aunque las suyas son de una serie distinta a las que están en Bolsa. Le dan privilegios a la hora de designar consejeros, aprobar balances y repartir dividendos.

Los estatutos impiden que otro inversionista tenga más de 10% de la empresa y, si compra más, está obligado a vender el excedente.

Grupo México, dicen sus abogados, reclama el principio básico de la Ley del Mercado de Valores: a cada acción, un voto.

"Los estatutos violan la Ley del Mercado de Valores", dice Alberto C. Zinser, abogado de Grupo México. La empresa de Larrea, que tiene sólo un consejero en GAP, exige que ésta cambie sus estatutos para darle el poder que merece su 29.5% de las acciones.

La Ley del Mercado de Valores dice que un inversionista puede tener un consejero por cada 10% de acciones.

Esta ley tiene precedencia legal sobre los estatutos de cualquier empresa, dice Jorge González, vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. "Se actualice o no el estatuto, la ley es vigente", asegura.

Al mismo tiempo, la Comisión reconoce los derechos del grupo de control como ganador de la concesión original. "No lo aprobamos, lo respetamos -dice González-. No estamos avalando la posición de nadie. Ese tema, dado que deriva de la concesión, compete a los accionistas resolver y está en un proceso judicial".

Lucha de poderes

Los abogados de Grupo México cuestionan que GAP busque un amparo ante el fallo y diga que irá a tribunales federales.

La medida para proteger sus estatutos -dice Zinser- "es una defensa de los intereses del grupo de control". Aliaga lo niega: "GAP está actuando a favor de todos los accionistas".

La pelea incluye un juicio separado que impidió que los inversionistas de la Bolsa reciban una reducción de capital aprobada en la asamblea de accionistas de septiembre de 2012 por 870 millones de pesos (mdp).

Grupo México se opuso porque la asamblea no tuvo la asistencia mínima y porque cree que ese dinero debe invertirse en mejorar los 12 aeropuertos del grupo, dice Gerardo Ramírez Ornelas, otro de sus abogados.

El pago a los accionistas de la Bolsa está detenido, pero AMP sí recibió su parte, dice Aliaga: "Un inversionista que piense que estamos desinvirtiendo, no entiende de concesiones. GAP invierte lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aprueba y si hay un exceso de caja busca repartirlo (...) Invertir más encarecería el servicio a los pasajeros".

La SCT no respondió a una solicitud de entrevista de Expansión.

Si el amparo de GAP no prospera, Grupo México tendrá la posibilidad de concretar lo que intentó en 2011, cuando llevó a la CNBV una intención de oferta pública de acciones (OPA), pero GAP se amparó para que el regulador no la avalara.

Grupo México tiene casi 30% del capital de GAP. Si cruza ese límite, la ley lo obliga a hacer una OPA y así podría completar la primera compra hostil en México.

Grupo México no confirma ni niega la posibilidad, pero sus abogados dicen que cada acción le costaría más cara. Al cierre de esta edición el 1 de marzo, la acción de GAP valía 78.6 pesos, casi 30 pesos más que cuando lo intentó en 2011.

Si el amparo procede, Larrea tendrá que vender cualquier participación superior a 10%. "La siguiente resolución es definitiva", dice Aliaga.

Si quedan anulados los estatutos, Larrea tiene suficiente con su 29.5% para influir en el negocio del grupo de control. En agosto de 2014, los accionistas de su serie

-en la que ya tendría mayoría- decidirán si AMP sigue cobrando 9 mdd anuales por servicios a GAP.

Con información de Cinthya Bibian.