Las alarmas sonaron desde Monterrey hasta Buenos Aires, en los cuarteles generales de multinacionales latinoamericanas. El 10 de enero, día en que Hugo Chávez asumió su tercer mandato como presidente de Venezuela, anunció sus planes de nacionalizar sectores estratégicos de la economía, para avanzar hacia el socialismo del siglo XXI. Primero serían las telecomunicaciones (Cantv) y la electricidad (EDC), pero ¿y después?
México es considerado el principal inversionista latinoamericano en Venezuela, de acuerdo con Bancomext. Con una inversión conjunta estimada en 3,300 millones de dólares, las empresas mexicanas siguen de cerca las acciones de Chávez con un silencio prudencial.
Para las principales compañías mexicanas con inversiones en ese país (Cemex, FEMSA, Bimbo, Gruma, Mabe, Hylsa –esta última controlada por la argentina Techint–, Grupo Zapata y Farmacias El Fénix, según la Cámara Venezolana Mexicana de Comercio), el riesgo político venezolano tendría un impacto muy limitado sobre sus resultados, dado el relativamente bajo peso de sus operaciones en Venezuela en el total de sus ingresos.
En los casos de Bimbo y Cemex, las operaciones latinoamericanas significan menos de 9% de sus ventas totales, mientras que para Gruma representan más de 10%.
El lobby comenzó a moverse rápidamente. “Es evidente que hay un creciente control estatal sobre la economía”, comenta Richard Francis, analista de Standard & Poor’s en Nueva York. “Hay un deterioro en el clima de negocios”.
De acuerdo con trascendidos de prensa, el gobierno venezolano señaló a sus pares de Argentina y Brasil, sus socios en el Mercosur, que las nacionalizaciones no afectarían a las empresas de esos países, como la argentina Techint (controladora de Hylsa en México y de la siderúrgica Sidor en Venezuela) o a la petrolera semiestatal brasileña Petrobras.
La señal es que Venezuela tendría mano suave con sus socios. En el caso de México, dadas las malas relaciones que caracterizaron a ambos gobiernos en los últimos años, la buena voluntad no estaría a la orden del día.
El escudo social
¿Qué pueden hacer las compañías mexicanas para defender sus inversiones ante este entorno? Un asesor de empresas, que pidió mantener el anonimato, señala que algunas están en mejores condiciones de enfrentar el temporal: “Las firmas que tienen programas de responsabilidad social efectivos están, en principio, mejor protegidas frente a los eventuales planes del gobierno de profundizar la estatización de la economía”.
A mediados de 2006, la filial venezolana de Cemex lanzó una versión local de su alabado programa Patrimonio hoy, diseñado para ayudar a sus clientes de bajos recursos en la autoconstrucción de vivienda, con un sistema combinado de ahorro, crédito, asistencia técnica y organización comunal. El programa se lanzó en La Silsa-La Morán, un barrio pobre de Caracas. A más de 18 meses, y en medio de la radicalización del proceso político venezolano, Patrimonio hoy es visto por muchos como un activo valioso para Cemex.
Y “si hay un sector en el que los programas sociales del gobierno han sido débiles es precisamente el de vivienda”, apunta Patricia Márquez, especialista en responsabilidad social empresarial (RSE) del IESA, la principal escuela de negocios de Venezuela.
La cadena de farmacias populares El Fénix, que vende medicamentos genéricos a bajos precios, también entraría en esta categoría, al igual que Bimbo, alimentaria, líder en programas de responsabilidad social en América Latina.
En Venezuela, hay ahora un fuerte interés de las empresas por desarrollar programas de responsabilidad social empresarial. “No podemos atender tanta demanda”, comenta Márquez, del IESA. Además de la tendencia mundial hacia las estrategias de RSE, en Venezuela hay un factor político. “Las empresas se sienten vulnerables; los programas de RSE quizá sean una forma de contrarrestar la visión negativa de los segmentos pobres frente a la empresa privada”. Una visión negativa promovida desde el gobierno.
Para Márquez, sin embargo, no está claro que la RSE sea bien vista por el gobierno, que monopoliza la agenda social y puede ver las iniciativas privadas como competencia. “Veamos el caso de Cantv”, dice Márquez. “Era muy activa, financiaba más de 150 ONG, y, sin embargo, fue nacionalizada”.
FEMSA ya tuvo una muestra de esta posible vulnerabilidad. En varios medios mexicanos se reprodujeron las declaraciones de José Antonio Fernández Carvajal, presidente y director general de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), en torno a que la empresa “no tiene problemas” con el mandatario y “mantendrá sus operaciones” en Venezuela, ya que ese país representa un mercado muy atractivo y “una importante oportunidad de negocio”.
Paradójicamente, el gobierno chavista a través de la Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) argumentó “incumplimientos (de Coca-Cola FEMSA) en sus libros del impuesto al valor agregado (IVA)” para cerrar durante tres días las instalaciones de la filial venezolana de FEMSA.
Sin mayores sanciones ni daños aparentes, el gobierno venezolano reabrió el 9 de abril las 32 instalaciones de Coca-Cola FEMSA en ese país.
Fue “una visita rutinaria relacionada con los deberes formales en la declaración del IVA”, señaló Rodrigo Anzola, director de la empresa en Venezuela. “No se afectó el reparto ni el abastecimiento de la mercancía a los comercios”.
De hecho, Anzola descartó cualquier especulación sobre una eventual nacionalización de la compañía, que opera en ese país desde mayo de 2003 y que, a la fecha, emplea a 7,000 personas, pues “no existe ninguna relación” de la medida administrativa con una estatización.
La ruta de Chávez
Aunque el mandatario venezolano no suele dar mayores precisiones sobre en qué consiste el “socialismo del siglo XXI”, los allegados a Chávez señalan que se refiere a la hoja de ruta redactada por el mandatario en 1992 mientras estaba preso en Yare, inspirado en la toma paulatina de los medios de producción para volver a un socialismo de Estado.
Los planes coinciden con los postulados de Heinz Dieterich, un ideólogo alemán nacionalizado mexicano que plantea un nuevo socialismo como única alternativa al capitalismo actual.
Dieterich propuso en el Foro Social Mundial de 2005, en Brasil, evitar la destrucción de la revolución bolivariana, impedir la concreción del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y frustrar el éxito del Plan Colombia, mediante el cual Estados Unidos asiste económicamente la guerra en ese país contra el narcotráfico y la subversión.
No obstante, en sus ocho años de gobierno, Chávez se ha caracterizado por un estilo de gobierno pragmático que deja espacio a las empresas privadas, a condición de que éstas no se opongan a su régimen.
Administradores de fondos de inversión argentinos y petroleros de diversos orígenes recibieron durante los primeros años de gobierno de Chávez el mensaje de no fijarse en lo que dice el gobierno, sino en lo que hace.
Si bien en varios ámbitos económicos (particularmente en el petrolero, aunque también en el de alimentación, con la creación de la cadena estatal de distribución Mercal) Chávez ha venido ahondando el carácter nacionalista de su gobierno, lo cierto es que las empresas privadas, incluyendo a varias gigantes petroleras globales, han seguido operando en el país con buenos réditos.
Esta estrategia es coherente con el objetivo del presidente de acumular poder. Aprovechando los altos precios del petróleo de los últimos años, las empresas privadas, junto con un generoso gasto público, han ayudado a Venezuela a generar crecimiento económico y percepción de bienestar entre los segmentos medios y bajos de la población. Frente a un eventual debilitamiento de los precios de los hidrocarburos (una tendencia que parece estar acentuándose desde fines de 2006), un mayor control sobre la economía no hace sino reforzar el poder del gobierno.
De hecho, el gobierno venezolano eligió el camino de la compra antes que el de la confiscación para sus planes de nacionalización. A principios de febrero, el gobierno de Venezuela alcanzó un acuerdo con la compañía estadounidense productora de electricidad AES para pagarle 739 millones de dólares por su paquete de 82.14% en Electricidad de Caracas (EDC) y señaló que respetaría los derechos de los accionistas minoritarios. La transferencia está prevista para fines de abril. También pagará 572 millones de dólares por la participación controladora de 28.5% que Verizon posee en la empresa de telecomunicaciones Cantv.
Por ahora, la gran pregunta en Venezuela es si el Estado tendrá la capacidad para gestionar eficientemente estas compañías. La experiencia con CVG Telecom, empresa estatal de telecomunicaciones creada en 2004 para competir contra Cantv, ha sido decepcionante. ¿Completará Chávez su camino hacia el socialismo del siglo XXI sin las empresas mexicanas? Y más aún, ¿hasta cuándo la bonanza petrolera dejará espacio al poder absoluto del mandatario? Las interrogantes siguen abiertas.