El nuevo presidente de Perú, Alan García, a menos de tres meses de asumir su cargo, ha procedido cautelosamente desde que logró vencer en la disputada elección de desempate de junio. Ha designado a un gabinete heterogéneo que incluye a seis hombres fuertes del Partido Aprista Peruano (APRA) de izquierda, a nueve tecnócratas independientes y a un miembro del partido de derecha Unidad Nacional (UN). Prometió mantener la estabilidad macroeconómica y las políticas ortodoxas, satisfaciendo así a los banqueros e inversionistas extranjeros. Al mismo tiempo se comprometió a aumentar el gasto social para aliviar la pobreza y así apaciguar a los peruanos que apoyaron a su rival, Ollanta Humala. Aunque hasta ahora García ha cosechado elogios por su postura tan cautelosa, está transitando una delgada línea que podría ser más difícil de andar a medida que avanza su mandato.
La cautela del presidente es sensata. Además de haber ganado una elección que resaltó las profundas divisiones étnicas y socioeconómicas que existen dentro de la sociedad peruana, debe superar su reputación de mal administrador después de su primer mandato como presidente, a fines de la década de los 80.
Aquella vez dejó a su paso hiperinflación, retraso en el pago de la deuda externa y una escalada de violencia del movimiento guerrillero maoísta Sendero Luminoso. Este legado allanó el camino para el gobierno autoritario del presidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Para empezar a reparar tal reputación, García está promoviendo una imagen de austeridad recortando los salarios de los funcionarios públicos y reduciendo los costos del Palacio Presidencial y otras sedes de gobierno. El público recibió con agrado estas medidas, especialmente después de las extravagancias de la anterior administración de Alejandro Toledo. Sin embargo, falta ver si estas, y otras resoluciones, serán suficientes como para calmar el descontento reflejado en la fuerte adhesión a Humala, quien prometía soluciones mucho más populistas.
Nueva prueba electoral
La primera prueba sobre la opinión popular hacia (el nuevo y mejorado) García será el 19 de noviembre, en las elecciones locales para presidentes regionales en 25 zonas de Perú y de alcaldes y concejales en unas 1,800 municipalidades. Los comicios, que tendrán lugar apenas cinco meses después de la segunda ronda de la elección presidencial, medirá el apoyo no sólo al gobierno sino también a Ollanta Humala, quien anunció que su movimiento nacionalista (una alianza de varios partidos) presentará candidatos en todo el país. El APRA ha controlado 12 de las 25 presidencias regionales desde las elecciones zonales y municipales de noviembre de 2002. Si los candidatos que apoyan la ideología nacionalista de Humala ganaran una cantidad considerable de presidencias regionales, el mandato de Alan García se debilitaría. En realidad, esto parece poco probable ya que el apoyo a Humala languideció dramáticamente en agosto después de que se le acusara de asesinato y secuestro como parte de un plan antiterrorista cuando era oficial del ejército durante la presidencia de Fujimori.
A mediados de septiembre, en una consulta nacional realizada por la encuestadora Apoyo, los índices de aprobación hacia su opositor eran de 20% y los de desaprobación, de 58%. Debido a los cargos en su contra, es poco probable que se le permita salir de Lima para apoyar a sus candidatos, lo que disminuiría más las posibilidades de su partido en la elección.
No obstante, las elecciones regionales no serán el único desafío para la postura y control de Alan García. El gobierno tendrá que invertir en programas sociales y económicos para aliviar la pobreza en las zonas montañosas del sur donde el apoyo a Ollanta Humala es fuerte. Pero hasta qué punto los peruanos de las zonas remotas y pobres de Perú (que a menudo apoyan las alternativas populistas) respaldarán al nuevo gobierno dependerá de que el equipo de García lleve a cabo estos programas de manera activa y eficiente. Podría ser difícil para el presidente mantener el dinamismo de estos programas más allá del primer año de gobierno. Ante las profundas divisiones sociales el descontento podría destellar en cualquier momento.
Con ese telón de fondo, el gobierno es aún frágil y el presidente podría verse tentado a optar por soluciones más radicales. A pesar de todo, el APRA, que controla 36 de las 120 bancas en el Congreso, es un partido disciplinado y debería (gracias al carácter inclusivo del gobierno de Alan García) ser capaz de acumular apoyo suficiente como para aprobar leyes.
El presidente también tendrá la ventaja de que Ollanta Humala perdió apoyo en la legislatura. Su alianza está fracturada y muchos legisladores que ingresaron al Congreso lo abandonaron.
Asimismo, el presidente heredó una economía estable y en crecimiento (el PIB está listo para crecer 6.3% en este año), una inflación baja y cuentas fiscales saludables. El banco central ha seguido con éxito un régimen antiinflacionario desde 2002, ideado para mantener la inflación a 2.5%, más-menos un punto porcentual. Y con la proyección de un crecimiento de ingresos del gobierno que seguirá fuerte en 2007-08, Alan García debería contar con los recursos que necesita para implementar sus programas de inversión social sin poner en peligro la estabilidad fiscal.
Además del aumento en la inversión pública, el gobierno continuará buscando nuevos capitales privados para los sectores productivos y en infraestructura de transporte a través de programas de concesión. Siempre que demuestre ser el hombre –cambiado– que dice ser, sus esfuerzos para atraer estas inversiones deberían ser fructíferos.