Thomas Heather, encargado de encabezar Satélites Mexicanos durante un largo y difícil proceso de bancarrota, detallaba en Nueva York el plan cuando se enteró de que la Cámara de Diputados había propuesto una nueva ley que podría arruinar un año de trabajo con jornadas de 15 a 20 horas y poner en riesgo el futuro de la industria de satélites en México.
Heather había sido nombrado conciliador del proceso, una nueva figura en México, para resolver la quiebra buscando mantener viva la empresa, en una industria considerada prioritaria por el Estado mexicano.
Después de más de 70 reuniones con acreedores en Nueva York, destinadas a resolver la quiebra de Satmex, Heather había logrado que se redujera la deuda de 743 millones a 368 millones de dólares, a cambio de concederles participación en la propiedad, y además había evitado costosos y difíciles procedimientos legales en Estados Unidos. Lo único que faltaba era vender la compañía.
Sin embargo, su plan para obtener al menos 500 millones de dólares por la venta de la empresa estaba a punto de irse por la borda, debido a maniobras políticas que restringirían el derecho a comprar Satmex a mexicanos con experiencia en las comunicaciones vía satélite. Sólo cuatro hombres en México se ajustaban a ese perfil: Emilio Azcárraga, Carlos Slim, Clemente Serna y Ricardo Salinas Pliego.
"Háganme el favor, eso no lo podemos permitir", cuenta Heather que pensó en ese entonces. "El 20 de febrero me entrevisté con los diputados y me dijeron que era demasiado tarde. Pero al final se logró que el PAN y el PRD no apoyaran la propuesta". Ésta fue la última en una serie de complejas transacciones que ha llevado a sus límites a la nueva Ley de Concursos Mercantiles y ha puesto a prueba la reputación de México como un sólido destino de inversión.
Esa ley fue aprobada después de que compañías como Altos Hornos de México (AHMSA) pudieron manipular el sistema a un grado tal que sus dueños originales, Alonso Ancira y Xavier Autrey, conservaron la propiedad de la empresa a pesar de que adeudaban millones de dólares. A ocho años de la quiebra, el juez local no ha acabado el proceso de reconocer todas las deudas de la compañía.
Sergio Autrey, hermano de Xavier, tuvo la desgracia de declararse en quiebra después de que la nueva ley fue aprobada. Hoy tiene sólo 0.75% de la empresa que antes controlaba.
El último escollo
Heather fue capaz, con apoyo del PAN y del PRD, de bloquear la propuesta que limitaba a cuatro los posibles compradores de Satmex. Beatriz Rodríguez, una diputada del PRI de Jalisco, y miembro del comité de turismo, había introducido la iniciativa de ley, que denotaba un sobresaliente conocimiento técnico. Rodríguez, una abogada especializada en temas de género, no respondió a una solicitud de entrevista.
Al final fue sólo una pequeña onda en el lago después de los mares tormentosos que Heather ha tenido que enfrentar para lograr un acuerdo que incluía leyes de quiebra tanto en México como en EU, acreedores internacionales y al gobierno mexicano como regulador, acreedor y accionista.
El proceso mostró que la ley aún favorece a los dueños de la firma quebrada, cuyos intereses se protegen más que los de los acreedores. "El nuevo concurso mercantil es una mejora impresionante comparado con la ley anterior", dijo Robert Rauch, de Gramercy Advisors LLC, tenedora de 162 MDD de deuda de Satmex, en una conferencia de Latin Finance en febrero pasado. "Pero todavía tiene serios problemas".
Por lo menos el proceso ya lo lleva un juez federal y hay fechas límite que aseguran que los dueños no pueden alargar indefinidamente el concurso. Sin embargo, los accionistas y directivos siguen controlando la empresa y hacen lo que quieren con el flujo de caja, incluso financiando su defensa en contra de los acreedores, señaló Rauch.
Inicio comprometedor
La historia de Satmex empezó en 1997, cuando Loral Space and Communications y Sergio Autrey pagaron al gobierno 659 MDD por la compañía en un proceso de privatización, precio alto si se considera que fueron los únicos postores en la subasta. Al día siguiente de ganar la asignación, Satmex se quedó con deuda por 645 MDD para pagarle al gobierno y con ello su destino quedó marcado.
"Sin duda, pagó un precio altísimo en el proceso de privatización que le dio origen, e incurrió en un altísimo sobreapalancamiento", comenta Heather, en las oficinas de White and Case, en la avenida Las Palmas, en el DF.
Para colmo, seis meses después de la venta, el gobierno dio 13 concesiones a otras empresas para recibir señales de satélite, con lo que acabó con el monopolio. Y cuando se emitió la deuda y se redujo el valor de la compañía, insistió en crear una obligación de pago para compensar por el menoscabo en el valor de su participación de 25% en la firma. Ese derivado se convirtió en una pesadilla para Heather cuando llegó a reestructurar la deuda, porque dificultaría todo el proceso.
La empresa estuvo en problemas desde el principio y nunca mejoró. No ayudaron mucho las proyecciones optimistas de su entonces director Lauro González, para obtener los préstamos. Para ser justos, en 1997 parecía que los satélites serían la piedra angular de la revolución de internet, con ventajas sobre la fibra óptica. "(Lauro) se comprometió a un plan de negocios que nunca se cumplió", comenta un alto funcionario relacionado con el caso. De acuerdo con la valuación del gobierno, Autrey y sus socios pagaron 60% arriba del precio de referencia y 45% de la evaluación de mercado para la compañía. "¿Por qué tanto?", se pregunta el mismo funcionario. Hay una explicación, según Sergio Autrey: no sabía, hasta que se abrieron los sobres de ofertas, que los demás postores se habían echado para atrás. Además, aduce que algunos bancos de inversión valuaban a Satmex en niveles todavía más altos.
Para Autrey, la quiebra tiene más que ver con el gobierno que con el manejo de la empresa. El primer golpe fue la entrada de nuevos competidores, quienes no estaban obligados a dar servicio al gobierno y al ejército en las mismas condiciones que Satmex. Los nuevos competidores sólo daban ocho megahertz de espacio a entidades gubernamentales contra los 500 que Satmex apartaba, con un costo anual de 15 MDD.
"Esperábamos la apertura (del mercado) pero no falta de equidad", dice Autrey, quien todavía opera en la industria satelital mediante su relación con Globalstar. Cuando se abrió la competencia, los precios cayeron de 230,000 pesos por traspondedor en la banda KU a alrededor de 130,000 pesos.
Pese a todo, directivos de la empresa se dieron la buena vida, con valiosas obras de arte en oficinas en un penthouse vecino a JP Morgan, en las que pasaban poco tiempo, gracias a los múltiples viajes y compromisos sociales. Cuando Raúl Cisneros se hizo cargo de la firma, lo primero que hizo fue recortar el presupuesto de viajes y mudarse a oficinas en Lomas de Sotelo, una zona más barata que Lomas de Chapultepec, donde estaban antes.
"Visitaban mucho a clientes a los que se podía dar atención por teléfono, era la cultura de que era importante estar ahí", comenta Cisneros, quien antes trabajaba en Advent, fondo de inversión. También recortó los bonos anuales que permitían a los principales directivos de una compañía en quiebra ganar cerca de medio millón de dólares al año, cuando menos en un caso, de acuerdo con varias fuentes.
"Los bonos deben darse a quien excede por mucho las expectativas y en ese entonces los bonos eran casi como el salario y la empresa los pagaba aun estando en quiebra", señala Cisneros, el ahora director general. En las nuevas oficinas no hay una sola obra de arte, los tres Jeep Cherokee blindados ya se vendieron y ningún ejecutivo anda con guardaespaldas.
La pesada deuda y los altos costos hacían que la compañía fuera vulnerable a golpes externos. En 2000, uno de los satélites, el Solidaridad I, falló, con lo cual el ingreso cayó a la mitad y algunos clientes se alejaron. En 2001, el fin de la burbuja de internet terminó con las esperanzas de que la mayor demanda de acceso a la red vía satélite aumentaría las ganancias, con lo cual el optimista plan de negocios inicial se hizo añicos. La firma siguió luchando por un par de años y, finalmente, empezó a fallar pagos de deuda en 2003.
Entonces comenzaron las negociaciones con los acreedores, pero sin éxito. Al final, los poseedores de bonos se impacientaron con las tácticas dilatorias de la empresa y pidieron que se le declarara en quiebra, en 2005. La compañía apenas sobrevivía, con su principal activo, el satélite Satmex 6, escondido de los acreedores, y sin posibilidades de obtener dinero para lanzarlo.
Autrey asegura que después del quebranto de 2003 se presentó un posible arreglo con los tenedores que el gobierno mismo rechazó, alargando el proceso.
Entra el capítulo 11
La solicitud en Nueva York para la declaración de bancarrota (bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras de EU) despertó al gobierno mexicano, que empezó a presionar a la compañía, en la cual todavía tenía una participación de 25%. Sus principales preocupaciones eran proteger una industria considerada como estratégica para los intereses nacionales y defender su participación, de acuerdo con un funcionario gubernamental. Robert Drain, el juez de Nueva York a cargo del caso, se mostró renuente a tomarlo, porque involucraba a un gobierno extranjero y existía la posibilidad de declarar una toma de activos, lo que habría llevado a la empresa a cerrar.
Los tenedores de bonos consideraban que no recibirían un trato justo, porque el gobierno era al mismo tiempo un accionista y un acreedor, mediante el fondo para compensar el menoscabo. También señalaban en la solicitud de quiebra que la deuda se había emitido bajo leyes estadounidenses y que más de la mitad de los ingresos de Satmex provenía de usuarios de EU. Esto le dio solidez al caso.
Llamen a los abogados
En esta situación entró Thomas Heather, un abogado que hizo su nombre asesorando a compañías que enfrentaban deudas tras la devaluación de 1994, como Grupo Alfa, Grupo México y Cydsa, y muy conocido entre financieros y abogados que de nuevo negociarían con él. Por primera vez, la empresa tenía a alguien que quería llegar a un acuerdo y volverla a poner de pie.
El primer objetivo fue convencer al juez Drain de que permitiera que la bancarrota se diera en México, lo que sería la primera gran prueba para la nueva Ley de Concursos Mercantiles.
Dada la naturaleza de la compañía, pasar por los procedimientos de bancarrota de EU sería inaceptable para la opinión pública de México. "Si empezábamos en Nueva York habría cuestionamientos políticos", recuerda Heather.
Ésta fue apenas la primera de varias ágiles maniobras que requirieron el poder de persuasión del abogado. Convenció al juez y a los acreedores de que el proceso se llevara en México, a pesar del escepticismo sobre la nueva ley.
"La corte mexicana debía tener el papel principal", comentó Drain al dar la opinión que dejaría la puerta abierta para que los acreedores regresaran a la justicia estadounidense si no se sentían satisfechos con la actuación de Satmex. En junio de 2005, Heather presentó la solicitud en México y el proceso de reestructuración empezó.
Conteo para el despegue
Las complicaciones del proceso fueron varias. A pesar de que se detuvieron los procedimientos de bancarrota en EU, la compañía también debía solicitar protección temporal contra sus acreedores en ese país, a la par que continuaba el proceso en México. El tiempo apremiaba, porque la nueva ley mexicana establecía un límite de 365 días para terminar el proceso, en un esfuerzo para evitar que las compañías dieran largas a sus acreedores, como había sucedido en el pasado.
La protección de los acreedores estadounidenses también fue clave para permitir que la empresa finalmente lanzara el Satmex 6, lo cual sucedió en mayo de 2006, después de un largo viaje desde la Guyana Francesa y un desembolso de 20 MDD de parte de Loral Space & Communications. Loral era un inversionista original en Satmex, pero ahora también estaba en proceso de quiebra, lo que agregaba una complicación más a los acuerdos.
Lo siguiente que hizo Heather fue enfrentar las negociaciones con los tenedores de bonos, que lo mantuvieron en Nueva York, lejos de su casa. "Tengo un poco cansada a mi familia", admite. "De inmediato la tarea era clara: convencer a los acreedores y a su ejército de litigantes de que permitieran un proceso de conciliación, dejando en reserva y a salvo su derecho de acudir al capítulo 11 de EU, en caso de resultar ineficaz el concurso mercantil en México".
Las negociaciones se complicaron por varias causas, incluyendo la compleja estructura de propiedad, la participación del gobierno y la insistencia de Autrey y Loral de que les dejaran una pequeña participación en una compañía que ya no tenía ningún valor, según estudios de varios bancos de inversión, como Rothschild, UBS y Nacional Financiera.
Una dificultad extra se dio porque la relación entre la empresa y los acreedores se había vuelto casi insostenible, después de tres años de negociaciones infructuosas. "Había ya un largo historial de amenazas", comenta Heather.
Aquí se enfrentó al primer problema de la nueva ley de quiebras de México: requiere que los acuerdos sean firmados por 100% de los accionistas, o de lo contrario los que no firmen pueden iniciar un proceso legal separado para reclamar su dinero. Heather le dio la vuelta a este requisito pidiéndole al juez que mantuviera el caso dentro de la sección 304 de la ley de quiebras estadounidense, que permite decisiones tomadas por la mayoría (y no la totalidad) de los acreedores.
Logró que una mayoría de deudores firmara un acuerdo el 30 de marzo de 2006, por el cual la deuda se reduciría a 368 MDD y, a cambio, los acreedores recibirían una participación de 78% en la empresa con 43% de los derechos de voto. El gobierno se quedó con 20% de participación y 55% de los derechos de voto, mientras que Loral y Autrey se quedaron con 2%, para convencerlos de que firmaran.
Durante todo el proceso Heather estuvo sujeto a presiones externas, incluidos hombres de negocios mexicanos que trataban de declarar una quiebra total para poder comprar más baratos los activos. Uno de ellos contrató a Citibank como asesor. El proceso generó toneladas de papeles, horas de trabajo, y hasta forzó a Heather a acudir a Los Pinos en busca de ayuda.
También tuvo que obtener aprobación del plan por parte de la CNBV, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Hacienda, así como de dos comités intersecretariales y la Procuraduría General de la República, además de la Comisión de Valores de EU (SEC). Y el proceso estaba lejos de terminar.
Después de eso, Thomas Heather tuvo que viajar a Nueva York, para reanudar y terminar el proceso del capítulo 11. Esto lo logró en 58 días, lo cual le permitió enfrentar una última complicación: el fondo para pagar el menoscabo de las acciones del gobierno.
Este fondo, originalmente valuado en 188 MDD, tenía preeminencia sobre todos los demás reclamos y debía resolverse antes de que se reestructurara la deuda.
Para esto, tenía que declarar en bancarrota a Servicios Satelitales, la firma tenedora de Satélites Mexicanos que también incluía el fondo para el menoscabo. Gracias a la falta de oposición y a un sistema judicial comprensivo, lo logró en menos de 32 días.
Al final, la deuda de la compañía bajó 45%, la empresa siguió operando y el control por parte de mexicanos se mantuvo gracias a la participación del gobierno.
Los últimos pasos
Lo único que falta ahora es vender la compañía, ya que los acreedores obviamente no quieren quedarse con su participación. Heather contrató, para supervisar el proceso, a Morgan Stanley, un banco que inmediatamente empezó a buscar compradores potenciales y a fijar un precio.
Comparando Satmex con la reciente adquisición de Panamsat por Intelsat, entre otras operaciones, Heather fijó un precio mínimo estimado de 500 MDD.
El 5 de febrero el proceso empezó, interrumpido sólo por el intento de ajustar la ley a favor de unos cuantos compradores mexicanos, lo que pudo haber echado por tierra la venta.
"A pesar de una capitalización de 500 MDD, la empresa sigue apalancada y su futuro a largo plazo dependerá de nuevas inversiones", afirma Heather.
Globalmente, cada vez más compañías de satélites están bajo el control de firmas de capital privado y se espera que alguna de ellas se interese en Satmex. La ley propuesta por la diputada jalisciense prohibía su participación, lo que habría hecho que cayera su precio, al excluir a los más probables compradores.
Según fuentes cercanas al proceso, de 20 postores, quedan 10 más seguros, entre los que se cuentan Clemente Serna, Alejandro Burillo, Moisés Saba y Carlos Slim, con su empresa brasileña StarOne del lado mexicano, y los grandes de la industria a nivel global, como Intelsat y SES-Americom. Se espera que en abril y mayo se forme una serie de alianzas entre mexicanos y extranjeros antes de que se presenten las posturas definitivas.
Para estándares globales, Satmex permanecerá como un pequeño jugador regional, pero podría ser un negocio rentable, por su casi monopolio del mercado local. "Un pequeño operador regional puede lograr un pequeño buen negocio. Si la deuda se puede manejar, no hay razón para que Satmex no sobreviva", comenta Patrick French, analista de la consultora de la industria satelital Northern Sky Research.
Sergio Autrey se siente satisfecho con los resultados hasta ahora, y dice que a todos los acreedores se les pagó. "Hicimos lo correcto y lo hicimos bien", asegura.
Todavía puede haber un final feliz. Thomas Heather quiere pasar un poco más de tiempo con su familia, así como con otros clientes. "Estoy cautelosamente optimista de que vamos a llevar esto a buen puerto", comenta.