Ley antilavado afectará ventas de autos
Los distribuidores de automóviles en el país señalan que la iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo afectará la adquisición de vehículos nuevos y los expone ante el poder del crimen. La Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) señala en un comunicado de prensa que la prohibición en la iniciativa de compra de autos nuevos con valor superior a los 100,000 pesos golpeará al mercado porque el 60% de las operaciones de compra-venta de vehículos se realiza de contado y muchas de ellas en efectivo.
La AMDA expresa su preocupación porque se obligará al distribuidor a "identificar clientes y usuarios que realicen operaciones reguladas, recabar y conservar documentación e información de sus clientes y presentar reportes a la SHCP".
"Ante ello cabe el cuestionamiento respecto a la exposición a la que se someterá a los comercializadores, debido al poder criminal que ha sometido incluso a funcionarios públicos con altos niveles de protección a su alcance", detalla.
Los distribuidores deberán verificar que el monto que reciben por el vehículo sea de procedencia lícita o ilícita y de no cumplir con estas obligaciones, el comerciante será sancionado administrativa y penalmente hasta con 15 años de prisión.
"La AMDA ve con preocupación que se trasladen responsabilidades del Estado a los agentes económicos, ya que en su opinión deben de fortalecerse las acciones de vigilancia en las aduanas para evitar el trasiego del dinero en efectivo producto de las actividades del crimen organizado".
La asociación dice estar a favor de cualquier medida que ayude a reducir los niveles de delincuencia, pero el mercado mexicano el tamaño de la economía informal es superior a la formal, donde la penetración del crédito y los niveles de bancarización de la población aún son bajos.
"Se trata de no criminalizar las actividades económicas que no se realizan a través de los diversos instrumentos bancarios existentes, que es donde el Estado debería estar poniendo su mayor énfasis para detectar operaciones fraudulentas".
