Consumidores, con la sartén por el mango
Los consumidores que sufran prácticas abusivas de proveedores públicos o particulares ahora podrán defenderse a través de acciones colectivas, un instrumento legal que permite interponer demandas en bloque para hacer valer sus derechos de forma grupal. Este derecho, contemplado en la reforma al Artículo 17 constitucional fue aprobado este 10 de diciembre por el Senado para fortalecer la protección a los consumidores. El recurso debe pasar por la Cámara de Diputados para definir su reglamentación.
Las acciones colectivas están previstas en la ley Federal de Protección al Consumidor desde 1975, pero apenas comenzaron a ser utilizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en 2007 en los casos de Air Madrid y Líneas Aéreas Azteca.
“La diferencia entre la reforma aprobada por el Senado y lo que hace actualmente Profeco es que las facultades de la procuraduría se centran en acciones de grupo (…) que pueden hacerse sólo a través de nosotros, no de forma independiente”, dice el subprocurador Jurídico de la Profeco, Raúl García Moreno.
Con esta iniciativa los consumidores podrán defenderse no sólo de proveedores abusivos, sino de prácticas desleales, cobros ocultos y hasta de funcionarios públicos o empresas que atenten contra su entorno, señala en entrevista independiente el presidente de la asociación civil AlConsumidor, Daniel Gershenson.
Entre las principales ventajas de las acciones colectivas, destaca la posibilidad de obtener resarcimiento por una falla en el servicio, cobros indebidos aunque sean de poca monta o incluso por incumplimiento del servicio pactado.
Actualmente los proveedores saben que tienen a clientes cautivos que no reclaman pequeños cobros o fallas porque "sale más caro el caldo que las albóndigas", dice el presidente de AlConsumidor.
Para usar esta herramienta, un ciudadano deberá conformar un grupo de personas que hayan sufrido la misma afectación, reunir la evidencia necesaria y presentar el caso ante un juez federal, quien determinará si es o no procedente.
Un proceso similar puede hacerse actualmente en Profeco, pero el trámite es menos ágil y la procuraduría no tiene facultades jurídicas para obligar a un proveedor a resarcir el daño, de acuerdo con Gershenson.
Hay que destacar que las acciones colectivas representan certeza jurídica no sólo para atender al bolsillo del ciudadano, sino para defenderlo en sus derechos humanos, medio ambiente, salud, calidad de transporte, etc.
Otra gran ventaja es que el ciudadano ‘de a pie' puede iniciar por su cuenta este proceso, y si el juez falla a su favor, el resultado beneficiarán no sólo al grupo demandante, sino a todos los consumidores que se encuentren en la misma situación.
Se espera que la aprobación total de esta arma legal impida o reduzca la probabilidad de que los proveedores cometan abusos con tanta impunidad como hasta ahora. Además que la transparencia legal disminuya que estas acciones se pierdan entre otros procesos.
"Ya no tendremos que luchar contra Godzilla con una simple resortera (...), si yo emprendo una acción colectiva con otras 10 personas, todos los clientes de ese proveedor se beneficiarán en caso de que el juez determine un fallo positivo", finalizó el
