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Remates inmobiliarios, ¿oportunidad o riesgo?

Un inmueble que es parte de una subasta bancaria puede costar hasta 50% de su valor de mercado; aún cuando se gane la propiedad pueden pasar meses para ocuparlo, si viven personas ahí.
jue 04 septiembre 2014 06:04 AM
El Gobierno de México anunció una política nacional de vivienda que da continuidad a los programas que en los últimos dos años han golpeado al sector con mayores costos y deuda. (Foto: SXC)
casa (Foto: SXC)

Para alguien que no tiene el capital suficiente pero desea hacerse de un bien inmueble, los remates judiciales pueden ser una opción para adquirir uno hasta 50% por debajo de su precio de mercado.

Las también llamadas subastas bancarias surgen del incumplimiento de pago de hipotecas y juicios de otra índole, en las que comparecen ante un juez diversos postores para adquirir un bien inmueble .

“Es una oportunidad pero también implica ciertas complicaciones”, comentó Javier Pérez Almaraz, Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Si bien pueden ser una buena opción de inversión existen riesgos que los participantes deben considerar, por lo que se recomienda buscar la asesoría de un abogado y un notario.

Antes de hacer cualquier operación y un desembolso es importante conocer las condiciones del inmueble ante el Registro Público de la Propiedad y verlo físicamente, apuntó Almaraz. Además de pedir a un notario que calcule cuánto implicará el pago de derechos, impuestos y honorarios, para saber si en verdad es una buena oportunidad.

Este tipo de operaciones son en efectivo y no se pueden utilizar créditos hipotecarios .

Para participar en una subasta los interesados deben pagar 10% del avalúo judicial de la propiedad mediante un billete de depósito que expida el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). Ese pago permitirá a los postores comparecer ante la audiencia de remate para ofertar.

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El dinero se devolverá a las personas que hayan perdido la subasta mediante transferencia bancaria en un plazo menor a cinco días.

El juez es el responsable de proteger los derechos de los posibles compradores. El dará la resolución de la subasta y quien la gane firmará ante él el título de propiedad del bien para después escriturarlo.

El ganador tramitará la escritura ante un notario para cerrar la operación de compra. Este debe hacer constar que el inmueble está libre de gravámenes y de no adeudos, además de obtener un avalúo.

El pago de impuestos prediales y agua que se adeuden, traslado de dominio, gastos de escrituración y notariales corren por cuenta del comprador. “A veces los montos que tienen que pagar son muy altos y los notarios hacen la retención, ya que la ley establece la obligación de pagar los impuestos de toda operación de transacción de dominio”, advirtió Almaraz.

El problema del desalojo

Con la escritura en mano, la persona ya es propietaria del inmueble pero eso no quiere decir que pueda tomar posesión del mismo y esto puede ser quizá la mayor complicación de un remate.

Aunque se tenga el título de propiedad, si hay personas que aún ocupan el inmueble debe hacerse un trámite de desalojo. “Finalmente implica un litigio y puede tardar mucho. No se puede garantizar que el trámite sea ni muy rápido, ni muy ágil”, aclaró Almaraz y agregó que el tiempo puede depender de la agilidad del despacho litigante.

Varios despachos de abogados se especializan en este tipo de transacciones y ofrecen asesoría para lograr la adjudicación y la posesión jurídica y física del bien inmueble.

Antes de contratar alguno es importante saber su experiencia legal y trayectoria en este tipo de operaciones y negociar sus honorarios. Si en la subasta sube el precio de la propiedad se puede negociar con el abogado los honorarios. Hay que pactar con el abogado antes de la subasta.

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