La Cumbre Iberoamericana avala una cláusula contra golpes de Estado
Los cancilleres reunidos en la XX Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata, en Argentina, aprobaron una cláusula democrática que, por primera vez, establece mecanismos políticos de respuesta ante situaciones que amenacen el orden democrático en los países miembros, como intentos de golpes de Estado.
El Proyecto de declaración especial sobre la defensa de la democracia y el orden constitucional en Iberoamérica responde a una propuesta de Ecuador y es consecuencia de la crisis política que causó en la nación una sublevación policial en septiembre , así como del derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras, el pasado año.
“Manifestamos nuestro rechazo y condena a todo intento que pretenda trastocar o subvertir el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones en cualesquier Estado miembro de la Conferencia Iberoamericana”, señala el documento.
Éste establece que si un gobierno constitucional considera que existe amenaza de ruptura o alteración del orden democrático, podrá notificarlo a la secretaría temporal, que informará al resto de miembros para adoptar medidas concretas de cooperación y un pronunciamiento para la defensa de la institucionalidad.
En caso de ruptura del orden constitucional, la secretaría convocará una reunión extraordinaria de cancilleres para que, por consenso, decidan las medidas a adoptar.
Estas medidas van desde las gestiones diplomáticas hasta la suspensión del derecho del país a participar en los órganos de la Conferencia Iberoamericana, así como de los derechos que derivan de pertenecer a esta comunidad.
La cláusula establece el fin de estas medidas “cuando se determine, sobre la base de evaluaciones periódicas de la situación, que las causas que motivaron su adopción fueron plenamente superadas”.
Esta fórmula, que no alude directamente a sanciones comerciales, es más ambigua que las aprobadas en otros foros de integración regional, como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
La cláusula democrática aprobada por Mercosur en 1998, y que contempla también la posibilidad de expulsión, ha sido adoptada como norma en las legislaciones de cada uno de los socios: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
El acuerdo avalado por la Unasur en la reciente cumbre de Guyana incluye sanciones como el cierre de fronteras y la suspensión del comercio con el país que sufra una intentona golpista.
