John Edwards acusado de conspiración y violación a la ley electoral de EU
El ex candidato demócrata para la vicepresidencia y en dos ocasiones para la presidencia, John Edwards, fue acusado este viernes por un jurado federal de seis cargos, incluyendo conspiración, por dar falsos testimonios y por violar las leyes de financiamiento de las campañas electorales.
Si lo encuentran culpable de todos los cargos, el ex senador de Carolina del Norte podría ser sentenciado hasta 30 años de prisión y a una multa máxima de 1.5 millones de dólares.
El abogado de Edward, Greg Craig, dijo que su cliente se declarará inocente cuando la tarde de este viernes comparezca ante el tribunal. Edwards “no violó la ley y se defenderá vigorosamente”, señaló Craig en un comunicado.
Un jurado ha estado investigando si el dinero –de los benefactores de Edwards-utilizado para apoyar a su amante, Riell Hunter, debió ser considerado como parte de los donativos de campaña, una controversia que presentó el equipo de Edward.
Los fiscales argumentan que Edwards aceptó de manera inapropiada más de 900,000 dólares para ocultar los hechos que él consideró que podrían dañar su candidatura.
Ha habido una serie de pláticas entre los abogados defensores de Edwards y los fiscales federales, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Edwards no ha querido declararse culpable de ningún delito porque podría perder su licencia de abogado, según comentó a CNN una fuente cercana al caso.
“La democracia exige que nuestro sistema electoral sea protegido y sin la aplicación firme de las leyes de financiamiento de las campañas, los ciudadanos pierden su voz”, afirmó el Fiscal General de Justicia de Estados Unidos, George E.B. Holding en un comunicado. “La Oficina del Fiscal General y el Departamento de Justicia están comprometidos con la persecución de aquellos individuos que abusen del mismo sistema al que tratan de pertenecer”.
“Los servidores públicos están sujetos a las mismas leyes como cualquier persona en este país. Esta postura no exime a nadie, ni a aquellos que se postulan para la presidencia de los Estados Unidos”, señaló el titular del FBI de Carolina del Norte, Chris Briese.
El caso incluye el apoyo financiero que se le dio a Hunter. Durante su aventura, Edward embarazó a Hunter, aunque en un principio negó que él fuera el padre.
Los fiscales consideran que el apoyo monetario que se le brindó a Hunter por parte de dos partidarios de Edward debería haberse considerado como donativo de campaña, situación que los abogados defensores de Edward no comparten.
Greg Craig ha declarado que su cliente “ha cometido errores en su vida –y él lo sabe mejor que nadie-, pero no violó la ley”. Afirmó que la teoría del gobierno “está equivocada en los hechos y equivocada en términos legales”.
Se cree que el gobierno centra su argumentación en que Edwards violó la ley de financiamiento de las campañas, basándose en una opinión de la Comisión Federal Electoral (CFE) –de hace 11 años– , la cual afirmaba que cualquier regalo que se hiciera a un candidato para un puesto federal, se consideraría como una contribución de campaña, según comentó a CNN una fuente cercana al caso durante la semana.
Dicha decisión, fechada el 14 de junio del 2000, es conocida como “Harvey”. Se nombró así en honor a Phillip Harvey, quien solicitó la orientación de la CFE ya que quería otorgar dinero a alquien que se preparaba para contender para un puesto federal, pero no quería utilizar el dinero para esos efectos.
Esta opinión es importante porque Hunter recibió más de 1 millón de dólares de dos contribuyentes: la filántropa Rachel “Bunny” Mellon –de 100 años de edad-, de Virginia, y el abogado Fred Baron, quien ya falleció.
Los abogados de Edward han dicho que los pagos no fueron contribuciones políticas y que no deberían considerarse como tal. Pero, si no fueron contribuciones políticas, ¿qué fueron?
La teoría más difundida –la cual no ha sido ni confirmada ni negada por el equipo de Edwards - es que el dinero fue utilizado para evitar que la esposa de Edwards, Elizabeth, se enterara de la aventura y del niño.
Elizabeth Edwards murió de cáncer en diciembre del año pasado.
Tanto nuestra fuente como otros analistas legales han destacado que la opinión “Harvey” es un argumento endeble para centrar un caso federal ya que no es un estatuto federal y aparentemente no ha sido citado en ningún caso legal relevante, ni como respaldo legal en ninguna resolución de las cortes de alto nivel.
Algunos expertos han afirmado que el Departamento de Justicia presentará un caso muy sólido si puede probar que Edwards sabía de los fondos y para qué se utilizarían, situación que ha negado.