El Congreso de EU manifiesta la opacidad en torno a ‘Rápido y furioso’

A tres meses de que el Congreso de Estados Unidos solicitó al gobierno de Barack Obama información que aclare cómo se ejecutó el operativo Rápido y furioso , las autoridades sólo han entregado “unos cuantos” documentos sobre el caso, de acuerdo con uno de los legisladores que han seguido el tema.

Durante una audiencia, el representante republicano Darrel Issa, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara Baja, nuevamente exigió a Washington que proporcione los materiales requeridos para explicar el funcionamiento de la operación, reportó la agencia Notimex.

Rápido y furioso ha generado polémica desde marzo pasado, a raíz de declaraciones de agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) que dijeron haber recibido órdenes para dejar pasar armamento a territorio mexicano.

Mientras el Departamento de Justicia —del que depende la ATF— niega que el operativo incluyera el tráfico controlado entre sus estrategias, legisladores estadounidenses y autoridades mexicanas exigen una explicación del caso.

Issa es uno de los políticos que han encabezado la presión sobre Washington. A principios de abril, acusó a la ATF de intentar eludir el tema y, ese mismo mes, advirtió al titular de la dependencia, Kenneth Melson, que presentaría cargos por desacato si se negaba a cooperar con las investigaciones del Congreso.

Este lunes retomó su ofensiva, al señalar que la negativa del gobierno a aclarar qué ocurrió con Rápido y furioso “puede constituir una obstrucción de la justicia que requiere la intervención del Poder Judicial federal u otra acción legal”, indicó Notimex.

Otro legislador que ha presionado a Washington es el senador republicano Charles Grassley, para quien la presunta irresponsabilidad de la ATF ha implicado riesgos para funcionarios estadounidenses.

Muchas de las armas que son traficadas desde Estados Unidos a territorio mexicano terminan en poder de grupos del crimen organizado, lo que dificulta el combate a las organizaciones delictivas, según reconocen los gobiernos de ambos países.

El domingo, Grassley exigió el despido del funcionario que haya autorizado la realización de Rápido y furioso , cuyo propósito era detectar a grandes traficantes de armamento, de acuerdo con el Departamento de Justicia.