Italia juzga a científicos por no alertar sobre riesgo sísmico en 2009
El juicio contra siete personas acusadas de homicidio involuntario en relación con un sismo que mató a más de 300 personas en la ciudad italiana de L'Aquila fue reprogramado este sábado para mediados de octubre.
Los siete acusados —seis científicos del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) y un integrante de la Agencia de Protección Civil— eran miembros de un panel gubernamental que según los fiscales dio una "tosca, genérica e inefectiva valoración del riesgo sísmico" antes del terremoto que remeció la ciudad, en abril de 2009.
Los siete miembros del panel publicaron "información inexacta, incompleta y contradictoria sobre los riesgos de la actividad sísmica, lo que vulneró la protección de la población", dijeron los fiscales.
Un abogado de Enzo Boschi, uno de los acusados y entonces presidente del INGV, dijo a CNN que la defensa pidió posponer el juicio por 20 días para estudiar nuevos documentos y videos presentados por los fiscales.
La próxima audiencia de la corte está programada para el 15 de octubre.
Solo dos de los acusados, Bernardo De Bernardinis, el entonces vicepresidente de la Agencia de Protección Civil, y Mauro Dolce, jefe de la oficina de sismos de la agencia, acudieron a la corte este sábado.
Domenico Giardini, actual presidente del INGV, dijo a CNN que el juicio no es sobre ciencia, sino sobre cómo la información fue comunicada.
"Luego de que la gente murió, es necesario encontrar respuesta a la pregunta: ¿pudieron algunas de las muertes ser evitadas?", afirmó. "El juicio es básicamente eso, sobre el número de puntos débiles en la cadena de comunicación".
Sus colegas acusados se encuentran "entre los mejores científicos del planeta", agregó, pero debieron tomar responsabilidades extra por su presencia en la comisión de riesgos mayores.
La ciudad pidió 50 millones de euros (68 millones de dólares) como compensación por el sismo.
La Agencia de Protección Civil organizó una reunión del panel de riesgos mayores el 31 de marzo de 2009, luego de preocupación de los residentes sobre la actividad sísmica entonces presente.
Seis días después, el sismo de 6.3 grados golpeó la ciudad, causando daños extensos y pérdidas de vida.
La Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS) escribió en junio del año pasado al presidente italiano, Giorgio Napolitano, para expresarle su "preocupación" por el proceso contra los científicos.
En tanto, la Unión Geofísica de Estados Unidos (AGU) también publicó una declaración el año pasado donde decía que los cargos criminales contra los acusados eran "infundados".
"A pesar de las décadas de investigación científica en Italia y en el resto del mundo, aún no es posible predecir exacta y consistentemente el tiempo, locación y magnitud de un terremoto antes de que ocurra", señaló la AGU.
"Así que es incorrecto asumir que el terremoto de L'Aquila pudo predecirse". Los cargos también podrían dañar los esfuerzos internacionales para entender los desastres naturales y mitigar los riesgos asociados, pues el riesgo de ser enjuiciados desanimaría a los científicos y funcionarios de avisar a su gobierno o incluso trabajar en el campo de la sismología y asesoría en riesgos sísmicos".
La periodista Livia Borghese contribuyó con este reporte.
