Un anuncio aviva el conflicto entre Grupo Clarín y el gobierno argentino
El gobierno de Cristina Fernández y el Grupo Clarín se encuentran trabados en una nueva confrontación, luego de la publicación de un anuncio gubernamental sobre la aplicación de la ley contra monopolios en los medios de comunicación.
El spot, transmitido el sábado durante partidos de futbol y carreras de automovilismo, señala que el próximo 7 de diciembre entrará en vigor el artículo 161 de la Ley de Medios, y “el Estado se verá obligado a llamar a concurso público… para adjudicar aquellas licencias (del Grupo Clarín) que rebasen el máximo autorizado por la ley”.
La Ley de Medios, aprobada en octubre de 2009, establece un máximo de 24 licencias de televisión por cable y 10 abiertas, que pueden ser empleadas para radio y televisión, recuerda el anuncio oficial.
Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 estaciones de radio AM, una FM y 4 canales de televisión abierta, lo que la convierte en “una verdadera cadena nacional ilegal”, señaló el gobierno argentino.
Grupo Clarín respondió horas después con otro video en el que asegura que “el 7 de diciembre no debe suceder nada ni jurídica ni fácticamente con los medios del grupo”, argumentando que se encuentran protegidos por una medida cautelar otorgada por la Corte Suprema tras una impugnación interpuesta por el grupo contra los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios.
“Si el 7 de diciembre ese juicio no está terminado, no pasa nada, puede prolongarse la cautelar”, señala el video. “No debe de pasar nada, lo dice la ley, lo dice la justicia, lo dicen todos los constitucionalistas”.
En el video, Clarín cuestiona si la advertencia del gobierno “prepara el terreno para otra cosa” y recuerda que, además del litigio en curso en la Suprema Corte, sus medios están a salvo porque cuentan con un año de plazo para la adecuación de las concesiones establecida por la propia Ley de Medios.
Grupo Clarín es el principal grupo mediático en Argentina; opera medios de televisión, radio, prensa impresa y empresas proveedoras de internet, telecomunicaciones, imprentas y productoras. Entre sus marcas están los diarios Clarín (el más vendido en el país), Olé y La Razón. En varias ocasiones ha publicado críticas contra el gobierno de Cristina Fernández .
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hizo público su rechazo a las “amenazas” emitidas por el gobierno, y condenó que se “deslegitime” a la Suprema Corte, que aún discute la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley.
“Deploramos que el gobierno use un spot para difundir propaganda política en la televisión pública con la intención de amenazar a un medio que no se apega a sus puntos de vista para presionar a los jueces a emitir un resultado que le favorezca”, dijo Gustavo Mohme, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.
Mohme señaló que en los últimos años, la SIP ha visto cómo el gobierno argentino “ha utilizado mecanismos para favorecer y castigar a medios a través de publicidad oficial y licencias de operatividad, entre otros métodos de censura indirecta”.
El diario Clarín hizo eco el lunes y martes de los señalamientos de la SIP y de otros políticos y grupos mediáticos que repudiaron el mensaje gubernamental.
En tanto, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas (ARUNA) y actores políticos respaldaron la aplicación de la Ley de Medios.
“Desde nuestras radios universitarias sostenemos la necesidad de llevar adelante este proceso de manera firme y transparente, por un camino de transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales y comunicacionales”, señaló la ARUN en un comunicado citado por la agencia estatal de noticias Telam.
“Manifestamos nuestro compromiso militante por la urgente aplicación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual como única garantía para terminar definitivamente con la concentración hegemónica de medios”, añadió la asociación de radios universitarias.
El diputado del oficialista Frente Para la Victoria, Agustín Rossi, recalcó el lunes que “todos los grupos de medios tienen que adecuarse a lo que dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios)”, según Telam. “Nadie tiene coronita y las leyes están para cumplirse”, aseguró Rossi.
Desde sus orígenes, la Ley de Medios ha confrontado a la administración de Cristina Fernández con el Grupo Clarín. El grupo ha sostenido que se trata de un intento del régimen por silenciar las críticas en su contra, mientras que el gobierno argumenta que la ley “favorece la pluralidad de voces evitando los monopolios”.
“El Estado argentino no va a expropia ni estatizar medios de comunicación, va a garantizar fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza los medios”, destacó el anuncio del gobierno publicado el fin de semana.
En la larga confrontación entre ambas partes destaca una protesta realizada en marzo pasado por el diario Clarín, que publicó en blanco su portada después de un bloqueo de trabajadores “kirchneristas” (simpatizantes de Cristina Fernández) que impidió su distribución y que consideró “un apriete” del gobierno “para que no se hable de corrupción”. Protestas similares han afectado también al diario La Nación.
En septiembre de 2010, decenas de inspectores realizaron un operativo en diversas empresas del grupo, lo que Clarín describió como “un operativo de intimidación”.
