España lidia con protestas y 'dramas' ante los desalojos por impagos

Amaia Egaña no fue la primera. A sus 53 años, esta exconcejal de Eibar, en el País Vasco, en el norte de España, no pudo soportar la idea de que una comisión judicial estuviera subiendo la escalera de su edificio para dejarla en la calle; se subió a una silla y se arrojó por la ventana desde un cuarto piso el 9 de noviembre. Murió en el acto.

A Miguel Ángel, también de 53 años y vecino de Granada, Andalucía, fue la policía quien lo encontró ahorcado en el patio de su casa el 25 de octubre cuando iban a expulsarlo. Un día después, fue un desempleado de Burjassot, Valencia, casado y con dos hijos, saltó desde su balcón. Salvó la vida, pero sufrió un traumatismo cranoencefálico severo.

En los tres casos, existe un denominador común: una hipoteca a la que ya no podían hacer frente. España solo conocía hasta ahora los desahucios o desalojos por impago, a través de cifras: según un informe judicial, unas 350,000 personas han sido expulsadas de sus viviendas desde que en 2007 estalló la burbuja inmobiliaria que elevó la tasa de desempleo al 25%, la más alta de la Unión Europea. Siete jueces españoles del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano judicial de España, realizaron dicho informe en octubre .

Las muertes y posteriores protestas han provocado la reacción del gobierno, que ha reaccionado ante quienes denuncian en la calle el drama de las ejecuciones hipotecarias desde hace años.

Este jueves, el gobierno, seis días después del suicidio de Amaia, ha tomado la decisión de paralizar todos los desalojos de familias que ingresen menos de 19,200 euros, unos 320,000 pesos, al año, tengan algún hijo menor de tres años, sean numerosas (tres o más hijos) o se hagan cargo de discapacitados o personas dependientes. También se creará un fondo social de viviendas en renta y de bajo costo, para personas que hayan perdido su hogar.

“Es lamentable que solo actúen ahora porque unas personas hayan decidido quitarse la vida. Deberían haber tratado este problema mucho antes”, dice María Morán, una mujer peruana de 45 años y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una organización que lucha desde hace dos años para defender a quienes pierden su piso en España.

El conservador Partido Popular (PP), en el poder desde noviembre de 2011, y el anterior gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) habían rechazado las propuestas elevadas por colectivos ciudadanos y partidos minoritarios para frenar los desalojos. En siete ocasiones, los dos partidos mayoritarios en el Parlamento español ignoraron las propuestas o votaron directamente en contra.

“España no es Grecia”

Estas muertes como consecuencia de la situación económica giran la mirada hacia Grecia, donde las autoridades del Ministerio de Salud temen que su tasa de suicidios, que antes de la crisis era la más baja de la Unión Europea (2.8 casos por cada 100,000 habitantes), se haya podido duplicar hasta el 5% en los años 2011 y 2012.

En marzo, el gobierno español elaboró un Código de Buenas Prácticas al que los bancos se podían adherir de forma voluntaria. El texto promovía la reestructuración de hipotecas y la dación en pago, la entrega del piso al banco para saldar la deuda. Atañía a personas “en riesgo de exclusión social” y con todos los miembros de la familia desempleados.

“Aquello fue un engaño para niños e inocentes”, dice María, que ha acompañado desde la PAH a decenas de personas a negociar con los bancos cuando no han podido enfrentar la hipoteca. “Del 100% de la población afectada, solo se habrá beneficiado un 1%”. Pese al Código, los desahucios continuaron. Y en las medidas anunciadas este jueves, no se incluye la generalización de la dación, una de las solicitudes más reclamadas por la PAH.

El informe del CGPJ alertaba de que en 2012 se había producido un incremento del 20.6% en las ejecuciones hipotecarias frente al año anterior y que ya sumaban 350,000 desde el inicio de la crisis.

“No son frías cifras. Cada uno encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social”, afirmaban los magistrados. No fue el único colectivo que se solidarizó con los desahuciados en la última semana. El SUP, el principal sindicato policial en España, aseguró que daría “cobertura jurídica” a los agentes que se negaran a expulsar a la gente de sus casas. Y hasta una empresa de cerrajería en el País Vasco se ha negado a volver a realizar trabajos en casas desalojadas.

Aumento de las consultas al psicólogo

En España se producen una media de nueve suicidios diarios, pero el Instituto Nacional de Estadística (INE) no especifica el motivo, solo el método usado. Por ello, es imposible saber cuántos de los 3,145 casos registrados en 2010 están relacionados con la crisis. “Tampoco existen datos que hablen de un aumento, porque aún no se conocen las cifras de 2011 y 2012”, dice a CNNMéxico Ernesto Ferrer, coordinador de la Unidad de Prevención de Suicidios de Ourense.

Este experto en Salud Mental admite que han aumentado las consultas de personas "ahogadas" a nivel monetario. “La crisis económica es un factor desencadenante del estrés que puede desembocar en un suicidio. Estas personas no padecen una enfermedad. Están angustiadas y con motivo”, apunta.

Para Ferrer, los problemas económicos no suelen ser un desencadente único para quitarse la vida. “Un suicidio es un acto de soledad. Suelen ser personas más frágiles y que no reciben la ayuda que podía haberlas salvado”, sostiene. De la misma opinión es Javier Jiménez Pietropaolo, psicólogo clínico y presidente de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio (AIPIS).

Jiménez prefiere hablar del suicidio como un acto multicausal y multifactorial. “El desahucio, el paro (desempleo), ese padre educado para mantener a su familia y que ahora debe llevar a sus hijos a un comedor de beneficiencia, es la gota que colma el vaso”, explica; “pero el apoyo familiar evitaría muchos suicidios; el 80% de los casos son de personas que nunca acudieron a una primera consulta”.

Ambos coinciden en un tercer factor: los recortes económicos. El déficit público y los crecientes costes de financiación que afrontan los países europeos han llevado a muchos gobiernos a emprender severos ajustes presupuestarios.

“Los recortes están acabando con una red pública asistencial que podría ayudar a personas sin familiares cercanos ni recursos a poder acudir a una consulta y evitar un posterior suicidio”, argumenta el doctor Jiménez. “Es importante que se tomen medidas económicas y sociales; estas personas sienten que las instituciones no hacen nada para solucionar su problema y que carecen de la justicia y del apoyo de sus representantes”, añade Ferrer.

“¡No son suicidios, son homicidios!”, gritaba este lunes un centenar de personas frente a la sede del PP en Madrid. Entre los manifestantes se encontraban miembros de la PAH que están recogiendo firmas desde abril para presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso. En ella solicitan una moratoria en las cuotas hipotecarias durante este período de crisis y alto desempleo; también piden reconvertir las hipotecas en alquileres sociales (de renta baja); y regular la dación en pago con efectos retroactivos. Ya han recogido las 500,000 firmas necesarias para que el Parlamento la tramite, pero seguirán pidiendo apoyos hasta enero.

“Hay gente que tiene vergüenza y no acude a la PAH para contarnos su problema, pero no han cometido ningún pecado, son los bancos quienes les han estafado”, dijo a CNNMéxico este miércoles María Morán, vestida con una camiseta con el lema Stop Desahucios, durante la segunda jornada de huelga general en España contra el gobierno de Rajoy.

Una ley con más de un siglo

La regulación actual sobre desahucios en España, basada en una ley hipotecaria que data de 1909, permite a un banco quedarse con la casa impagada al 50% de su valor y, sin embargo, seguir pidiendo la devolución del capital pendiente más los intereses generados por la mora y las costas judiciales. “Es lamentable que en un país tan desarrollado, la Ley Hipotecaria que rija sea de 1909”, asegura María, que también se ha quedado en la calle.

En 2006, compró junto a su hermana una casa valorada en 240,000 euros (algo más de 4,000 pesos), por la que iban a pagar una cuota de 1,400 euros (cerca de 24,000 pesos) durante 20 años. Su último trabajo fue en el call center de una empresa de telecomunicaciones, pero la compañía externalizó la atención telefónica a Argentina y se quedó sin empleo. Desempleada desde hace dos años, ingresa 426 euros (en torno a 7,000 pesos), la ayuda mensual que la Seguridad Social española otorga a los desempleados de larga duración.

“Le dije al banco que me era imposible pagar la misma cuota mensual”, recuerda. Pero en su entidad financiera se negaron a conceder la dación en pago. Ahora renta un departamento con su hermana por el que pagan 400 euros, y mantiene una deuda de 175,000 euros, cerca de 3,000 pesos, (90,000 de capital y 85,000 de costas e intereses) con el banco, que además se ha quedado con su piso.

“Ahora mi lucha es por la pareja que me avaló, no quiero que les quiten su piso cuando llegue el juicio”, lamenta con la mirada baja frente a la sede de Bankia, el banco que le concedió la hipoteca, donde lleva acampada junto a otros miembros de la PAH desde hace 23 días.

Lucha en la calle

El desahucio de María se produjo el 24 de octubre. Los activistas de la PAH se quedaron a pasar la noche con ella para recibir a la policía judicial. Por la mañana, 16 agentes sacaron todas sus cosas al pasillo y pusieron silicona en la cerradura. “Es una situación horrible. Quien se compra un piso lo hace pensando que será su vivienda para toda la vida. Así que cuando te echan, el dolor es intenso y sientes una profunda rabia e impotencia".

María se define como una luchadora. “Nos han apaleado en múltiples ocasiones y nos han tratado como delincuentes”, recuerda María de las múltiples ocasiones en que han tenido que resistirse a las fuerzas de seguridad durante los desahucios. En muchas ocasiones, de forma infructuosa. En otras, hasta 150 veces, han logrado paralizar la acción de la policía.

“No vamos a desfallecer, seguiremos luchando para que no vuelvan a repetirse casos como los de Amaia o Miguel Ángel”, dice María.